EL MUNDO 04/10/14
· El ‘conseller’ de Interior reprocha al alcalde que alentara una acampada independentista
La acampada que la izquierda independentista intentó protagonizar el jueves en la Plaza de Cataluña para reivindicar la consulta del 9-N despertó esa misma tarde un conflicto paralelo y latente entre el Ayuntamiento de Barcelona y los Mossos d’Esquadra y, más específicamente, entre sus dos máximos responsables: el alcalde Xavier Trias (Convergència) y el conseller de Interior, Ramon Espadaler (Unió).
El choque entre ambas instituciones comenzó el mismo jueves por la mañana. El alcalde de la capital catalana aprovechó un acto público para mostrarse dispuesto a tolerar un campamento independentista en pleno centro de la ciudad, siempre y cuando éste no se «eternizara», pese a que la intención de sus promotores –el colectivo Desobeïm, formado por sindicatos y grupos independentistas con apoyo de la CUP– es permanecer hasta el mismo 9 de noviembre. Trias, además, descartó que la eventual acampada pudiera provocar una situación como la vivida en mayo de 2011 con el movimiento de los indignados, cuyo polémico desalojo también de la Plaza de Cataluña se hizo bajo su mandato, con un resultado de más de 100 personas heridas. Según el primer edil barcelonés, en esta ocasión la acampada sería una más de las movilizaciones «pacíficas» en favor del proceso soberanista que encabeza su partido.
La flexibilidad de Trias hacia la eventual acampada, no obstante, enfureció al conseller de Interior, el democristiano Ramon Espadaler, quien en julio ya se enfrentó al alcalde cuando frenó el desalojo del centro okupa Can Vies tras cinco noches de incidentes violentos en el barrio de Sants.
Según fuentes del Departamento de Interior consultadas ayer por este diario, el máximo responsable de los Mossos d’Esquadra considera «irresponsable» que la máxima autoridad de la ciudad espolee una movilización que, como sucedió cuando el 15-M acampó durante semanas, puede «poner en problemas» a la policía de la Generalitat. Espadaler optó por telefonear directamente al alcalde para trasladarle lo que una portavoz definió como un «profundo malestar».
Durante la conversación, según fuentes conocedoras de su contenido, el democristiano afeó a Trias su laxitud con lo que los Mossos ven como «un acto ilegal» –ocupar de forma indefinida un espacio público– sin tener en cuenta los factores de peligro que lo acompañarían. Entre otros, no sólo la posibilidad de que el apoyo en la plaza creciera hasta hacerlo incontrolable –el jueves por la noche apenas había 20 tiendas de campaña y un centenar de personas–, sino también la proximidad de otra fecha de especial tensión como el 12 de octubre. Ese día la plataforma Societat Civil Catalana celebra un acto de signo político contrario al de los acampados, con el rechazo al proceso soberanista como leit motiv y bajo el lema La España de todos.
El enfado de Espadaler se tradujo también en una suerte de castigo a la Guardia Urbana durante el despliegue policial del jueves. Los agentes locales fueron relegados a informar a los acampados de que vulneraban una ordenanza municipal y, una vez desplegados los Mossos, a retirar las tiendas de campaña. La oposición municipal también cargó ayer contra el alcalde. El popular Alberto Fernández Díaz le acusó de convertir Barcelona «en un camping» y Jaume Collboni (PSC) amenazó con presentar una reprobación contra él.
La actitud de Espadaler también debe encuadrarse en sus esfuerzos por evitar que los Mossos y su departamento sean acusados de tolerar acciones ilegales vinculadas al proceso soberanista. Con ese objetivo, el entorno del conseller–quien como secretario general del comité de gobierno de Unió aún no se ha definido en favor o en contra de la independencia– insiste en acentuar que la policía de la Generalitat cumplirá de forma escrupulosa con la legalidad para garantizar «la seguridad de todos los ciudadanos».
Una de las pruebas más evidentes es la carta que el director general de los Mossos, Albert Batlle, remitió el 1 de octubre a los 17.000 agentes bajo sus órdenes. En la misiva exigía a todos los uniformados que mantuvieran una estricta «neutralidad política» e «imparcialidad» durante los próximos «meses y semanas» en un momento en el que, de lo contrario, pueden verse «perjudicados» sus «principios» y «comprometer» su «misión».