Ni PP ni PSOE, deberían olvidar que ha sido ETA la que durante décadas ha sembrado el país de muertos y de tumbas. Son cada una de esas víctimas las que exigen –o así debería ser–…
No corren buenos tiempos para la economía o el mercado de trabajo ni tampoco para la política o la democracia española. Sin ahondar otra vez en las dificultades económicas, preocupa sobremanera que, para colmo, los dos principales partidos políticos enfrenten casos de corrupción.
Quiero detenerme de forma particular en uno de ellos: el Caso Faisán. No lo hago porque sea el que afecta con mayor dureza al Gobierno sino porque más allá de tejemanejes políticos, económicos o corruptelas de caciques de ambos partidos, el Caso Faisán atenta de forma grave contra dos aspectos que me parecen fundamentales en nuestra democracia: 1.- la permanente necesidad de ejecutar una impecable e impoluta política en todo lo que tenga que ver con la lucha contra ETA y 2.- la preservación del buen nombre, confianza e independencia, respecto de cualquier grupo o fin político, de las fuerzas de seguridad en su trabajo anti-terrorista.
Explico brevemente el caso Faisán para situarnos levemente. Nace en mayo de 2006 mientras un grupo de la policía lleva a cabo una operación de investigación y seguimiento de la trama extorsiva que los etarras efectúan contra empresarios (les exigen dinero que suelen denominar impuesto revolucionario) con el que posteriormente financian sus actividades terroristas. El operativo se circunscribe a un bar de nombre “Faisán” en dónde se realizan las entregas y recogidas de dinero y cuyo propietario, Joseba Elosua, acaba resultando ser miembro del aparato extorsivo etarra. En la mañana del 4 de mayo Joseba Elosua recibe la visita de un policía de paisano que le entrega un teléfono móvil: al otro lado de la línea alguien, – supuestamente un mando policial -, le alerta que él y otro compañero, José Antonio Cau, van a ser detenidos cuando este último ingrese a España desde Francia para efectuar la recogida en el bar de una importante suma de dinero.
Aunque meses después la red fue por fin desactivada y los etarras detenidos y puestos a disposición de la justicia, el “chivatazo” no sólo puso en peligro la operación policial sino que, según diligencias judiciales en las que se han analizado grabaciones telefónicas y videos, quedaron imputados por “revelación de secretos” diversos mandos policiales y públicos (incluidos el ex director general de la Policía y el ex jefe superior del País Vasco). También constan unas declaraciones del etarra dueño del bar en la que este afirma (la justicia será quien deba probarlo) que “el fin del chivatazo era salvaguardar la negociación que tenía lugar en aquellos momentos entre el gobierno de Zapatero y la banda ETA” (Recuerden que en el 2006 la banda terrorista una tregua (trampa) que terminó meses después con el atentado a la T4 de Barajas donde, por desgracia, perdieron la vida 2 personas).
Han pasado unos 5 años y, aunque los terroristas acabaron en prisión, la trama se complica. De la primera instrucción del caso, efectuada por el juez Garzón, a la que lleva actualmente Pablo Ruz, su sustituto, el asunto pinta mucho más sucio. Se han abierto nuevas vías de investigación y encontrado pruebas que podrían tener visos de apuntar con cierta consistencia a la posibilidad de que, efectivamente, hubieran existido “instrucciones políticas” a la policía.
Hay tres puntos clave que preocupan particularmente: 1.- la independencia y rigor de Baltasar Garzón en su actuación judicial, 2.- hasta dónde el nuevo juez pueda o quiera llegar y 3.- la hipotética responsabilidad política (o penal si así lo considera la el Juez) que pudieran haber tenido en el asunto cargos tan importantes como el del ministro del interior y vicepresidente primero del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, o si me apuran el mismísimo José Luis Rodríguez Zapatero.
Baltasar Garzón, – actualmente suspendido de sus funciones por otras causas -, muy a mi pesar produce cada vez más dudas y menos certezas. Su figura resulta cada día más ambivalente y demasiado cercana al poder – especialmente al político – en muchos asuntos. Pesa a estas alturas en mi opinión sobre él más lo negativo, que las buenas actuaciones que haya tenido a la lo largo de su trayectoria profesional.
Es cierto, como el propio Garzón ha declarado a los medios, que los imputados en el Caso Faisán lo son por haberlos imputado él en su momento; pero también es cierto que el caso estuvo “cajoneado” en su despacho unos 3 años, que apartó a la Guardia Civil de la investigación dejando a cargo de la misma sólo a la policía (cuyos mandos a la vez que investigaban eran “parte” de la causa) o que cerró el asunto a instancias de la Fiscalía del Estado sin dar orden, como ha hecho el juez Ruz, de efectuar toda una serie de pesquisas y actuaciones que han demostrado ser de gran importancia. ¿Pudo Garzón en su momento haber “echado una mano” al gobierno de Zapatero para que la negociación con ETA no se malograra o el asunto no salpicara a responsables políticos?; ¿mantuvo o no el juez la independencia y rigor que se presupone y exige a un miembro de la justicia en una democracia, respecto del poder político? Tan sólo puedo decir a la vista de los últimos acontecimientos, que tengo numerosas dudas.
El juez Pablo Ruz ha sido hasta la fecha expeditivo, minucioso y preciso. Lo que eran cargos por “revelación de secretos” han pasado a ser delitos del calibre – tratándose de mandos policiales o públicos – de posible “colaboración con banda armada”. El Código Penal establece para los mismos penas de hasta 6 años de prisión y nadie a estas alturas (ni a otras) puede olvidar al pensar en ello, el GAL o a Felipe González a las puertas de prisión abrazando a modo de despedida a su entonces ministro del interior Barrionuevo y su subordinado Vera. Ni los hechos son comparables ni quisiera prejuzgar antes de tiempo, pero en principio escapa de toda lógica que en pleno proceso de negociación del gobierno con ETA exista un mando policial que se atreva, por su cuenta, a efectuar un “chivatazo” de tal calibre.
A Alfredo Pérez Rubalcaba le considero un buen político, un eficaz ministro y una persona brillante a nivel dialéctico. Su figura captó todas las miradas cuando Zapatero le nombró vicepresidente primero del gobierno y, hasta hace bien poco, los rumores apuntaban a que sería él el sucesor de Zapatero para las próximas elecciones. Es su actitud en las últimas semanas, de perfil mucho más bajo y aspecto más nervioso y preocupado, lo que ha llevado a pensar a muchos (a mí también), que el juez pudiera estar llegando a algún detalle particular que pudiera golpear directamente al ministro. Además, aunque Rubalcaba ha afirmado por activa y pasiva en el Parlamento que jamás informó del “chivatazo” al presidente no encaja, al menos en mi sentido común, que eso pueda ser cierto justo en el momento en que el gobierno de Zapatero se jugaba muchísimo al negociar con ETA en medio de una tregua que resultó ser, como antes lo fueron tantas, una burda trampa.
Soy consciente de que el PP, principalmente a través del diputado Ignacio Gil Lázaro, “machaca” a preguntas en el parlamento al ministro no sólo por la gravedad del caso sino muy probablemente con la intención de, a través de él, pegar aún más duro a un gobierno y un presidente muy de capa caída en las encuestas. Más allá de ello, y mientras la justica dirime responsabilidades, el tono de unos y de otros me comienza a chirriar en los oídos.
Me explico. Rubalcaba ha contestado, si mal no recuerdo, más de 270 preguntas parlamentarias sobre el Caso Faisán; sus respuestas siempre han tratado de contraponer la trama con la eficacia (cierta) de su ministerio en la lucha contra el terrorismo y la detención de los etarras. No creo que esa pueda ser respuesta suficiente ya que a mí entender se podrían haber hecho las dos cosas al mismo tiempo: estar al mando dando firmes instrucciones para que la policía desactive el aparato de ETA y, en un determinado momento, “aflojar la mano” porque existe la posibilidad de que sea tu gobierno el que se apunte el tanto de acabar con la banda a través de una negociación política. Hasta qué punto, o si violó la ley ese “aflojar la mano” (si es que se prueba que se hizo) es el meollo del asunto.
Pero lo más grave para mí, como decía, ha sido el talante tanto de las últimas preguntas del PP como de las respuestas del ministro. Afirmar por parte del partido de la oposición que el Caso Faisán será la “tumba política” del Rubalcaba y replicar este ante los medios que a esa afirmación él contestaría con la frase de “La Venganza de Don Mendo”: “los muertos que vos matáis gozan de buena salud”, me parece terriblemente peligroso e también muy egoísta.
Ninguno de ellos, PP o PSOE, deberían olvidar que ha sido ETA la que durante décadas ha sembrado el país de muertos y de tumbas. Son cada una de esas víctimas las que exigen –o así debería ser – que nos centremos en la más estricta legalidad institucional y democrática de este asunto, más allá de triunfos o derrotas políticas de unos u otros. Son demasiadas por desgracia las personas que “ya no gozan de la salud” de la que alardea uno, porque yacen en las “tumbas” con que amenazan los otros. Parece mentira… que se esté olvidando.
Isabel Rubio, Noticias Iruya (Argentina), 19/2/2011