El Gobierno central y el Ejecutivo autonómico vasco se han comprometido a que la Ley de Instituciones Locales de Euskadi –aprobada en el Parlamento vasco en abril de 2016 con los votos de PNV y EH Bildu– se interprete según lo recogido en la Constitución española, la Ley de Bases de Régimen Local e incluso por la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña, que limitó la utilización del catalán como lengua «normal y preceptiva». El documento de cinco páginas, que ayer firmaron la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el consejero vasco Josu Erkoreka, materializa el primer gran acuerdo institucional entre Madrid y Vitoria tras cuatro años de intensas disputas jurídicas con recursos cruzados tanto en el Constitucional como ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo del País Vasco.
El equipo de Vicepresidencia del Gobierno, que ha negociado hasta el pasado miércoles la literalidad del Acuerdo de Interpretación suscrito por ambas administraciones, da por hecho que este documento acredita la voluntad del Gobierno vasco de aplicar la Ley de Institucionales Locales dentro del marco constitucional. El Gobierno central anunció pocas semanas después de que esta Ley Municipal –la primera en el País Vasco en la etapa democrática– fuera aprobada, sus dudas sobre una quincena de artículos relacionados con el uso del euskera, el desarrollo de las consultas populares y el margen de autonomía financiera de los municipios vascos.
Cuestiones que el PNV había negociado y acordado con EH Bildu en la anterior legislatura y que provocaron que ni el PSE (ahora socio de gobierno de los nacionalistas), ni el PP ni UPyD apoyaran con sus votos esta norma que el consejero Josu Erkoreka ha defendido como una de las «claves de bóveda» del sistema normativo vasco.
El acuerdo suscrito entre ambos gobiernos supone que el País Vasco no tocará ni una coma de lo aprobado en abril y el Gobierno central no activará un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero ambas administraciones avalan una interpretación común de los aspectos más críticos de la norma. De esta manera, el equipo de Santamaría facilita que en la Ley vasca apele al euskera como una lengua de uso «general y normal» por los municipios vascos que así lo determinen y da carta de naturaleza a la posición defendida por PNV y EH Bildu de que no estarán obligados a remitir sus actas y acuerdos también en castellano cuando entreguen esta documentación oficial ante otras instancias como la Delegación del Gobierno. Cuestión que había generado un continuo conflicto entre las instituciones gobernadas por los partidos nacionalistas y el anterior Delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, que actuó contra una treintena de ayuntamientos que no remitían sus actas y escritos en las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma vasca.
Santamaría, que procedió al relevo de Urquijo por Javier de Andrés en la última reunión del Consejo de Ministros del pasado año, ha logrado encauzar una nueva relación con el Gobierno de Iñigo Urkullu cuando tanto los equipos económicos de Mariano Rajoy como del lehendakari deben encontrar apoyos en sus respectivas Cámaras para aprobar los Presupuestos de 2017. El nuevo clima en la relación entre ambos Ejecutivos también explica la facilidad con la que el Gobierno central ha encontrado «fórmulas jurídicas» para encajar, al menos en la interpretación pactada, los artículos de la Ley Local vasca sobre la celebración de consultas. El Gobierno ha desactivado la consideración de «vinculante» de las consultas que, dentro de sus competencias, realicen los ayuntamientos vascos siempre y cuando no haya una autorización expresa del Gobierno de la Nación.
El documento suscrito ayer por Santamaría y Erkoreka será remitido al Tribunal Constitucional y publicado la próxima semana en los boletines oficiales del Estado y del País Vasco. Sin embargo, no zanja las negociaciones entre ambos gobiernos que hoy mismo intentan cerrar, contrarreloj, un nuevo pacto, en este caso sobre la Ley de Adicciones, otra norma vasca que el Gobierno pretendía recurrir ante el Constitucional al atribuirse la regulación de los clubes de cannabis.
El Gobierno vasco anunció ayer su esperanza de que «en las próximas horas» se logre un nuevo pacto. También sugirió que incluso Madrid podría no presentar el recurso contra esta ley ante el Constitucional aunque no se hubiera alcanzado un acuerdo definitivo. El Gobierno central mantiene varios contenciosos jurídicos en media docena de comunidades autónomas sobre esta cuestión.