A estas alturas no vamos a descubrir la diversidad lingüística de este país. Y si los catalanes quieren usar su lengua en su Parlamento que lo hagan … y los vascos y los gallegos y hasta mis paisanos del bable. Pero en el Senado de todos debería utilizarse la lengua común, la que todos hablan y entienden sin tener que recurrir al uso del pinganillo para entender lo que dicen sus Señorías.
Son muchas las personas y las agrupaciones que se cuestionan si la España de las Autonomías fue una buena idea. Con el paso del tiempo el sistema se ha revelado poco eficiente, generador de desigualdades y, sobre todo, muy caro.
Vivimos tiempos en que los ciudadanos ven recortados sus sueldos, elevadas sus hipotecas, mermadas sus pensiones o crecidos sus impuestos con contraprestaciones más reducidas. Por eso la medida aprobada por el Senado para que desde el 2011 se puedan utilizar las lenguas cooficiales en los debates, no parece la mejor decisión en estos momentos.
Ya sé que el Senado es la Cámara Territorial por excelencia y que el uso de otras lenguas no va a generar gastos cuantiosos. Pero no se trata de eso. A estas alturas no vamos a descubrir la diversidad lingüística de este país. Y si los catalanes quieren usar su lengua en su Parlamento que lo hagan … y los vascos y los gallegos y hasta mis paisanos del bable. Pero en el Senado de todos debería utilizarse la lengua común, la que todos hablan y entienden sin tener que recurrir al uso del pinganillo para entender lo que dicen sus Señorías.
Un conocido miembro de la Cámara Alta cometió un exceso verbal cuando al defender el empleo del vasco acusó a la lengua de Cervantes de ser el idioma del franquismo, facha y preconstitucional. ¡Qué despropósito! El usar la lengua que todos manejan no es de izquierdas ni de derechas, ni facha ni progresista, es de sentido común.
Todo el dinero, poco o mucho, que se gaste en traducir para entender peor lo que dice el otro, suena a superfluo incluso a despilfarro. Es una reivindicación inoportuna y hasta un tanto ridícula que la mayoría de la ciudadanía no va a entender. Con esta decisión se escribe un nuevo capítulo del preocupante divorcio entre los políticos y la gente.
Rafáel Puyol, ABC, 11/12/2010