«Los políticos han descubierto lo cómodo que resulta gobernar sin el Parlamento»

No todo vale. Ese es el mensaje que lanza Alberto López Basaguren (Basauri, 1957), experto en sistemas federales y catedrático de Derecho Constitucional de la UPV. Su grito de alerta es claro: la pandemia está deteriorando gravemente el sistema por la ausencia de mecanismos de control y de reformas legales adecuadas a la nueva situación. «No se encienden las luces de alarma, y deberían».

– ¿Ha relajado la pandemia la sacrosanta protección de los derechos fundamentales en las democracias modernas?

– Están ocurriendo cosas muy preocupantes. Hay un intento muy serio de normalizar la excepción, algo muy grave desde el punto de vista del Estado de Derecho y del sistema democrático. No solo la clase política está impulsándolo; también tiene el respaldo de un sector muy amplio de juristas, y eso me parece muy peligroso porque supone desvanecer el sistema constitucional. Debería encenderse una luz de alarma, como cuando hay turbulencias en los aviones, y no está pasando. Con lo cual corremos todos el riesgo de salir golpeados.

– ¿Golpeados en qué sentido?

– Las instituciones, los gobiernos, han descubierto lo cómodo que es gobernar sin el Parlamento. No se trata de reclamar que no haya un protagonismo de los gobiernos, sino que haya elementos de control y de equilibrio.

– O sea, que la emergencia no anule la rendición de cuentas.

– Durante la gestión de la pandemia ha habido una marginación, a veces prácticamente absoluta, de los parlamentos. Los momentos más llamativos han sido la prórroga por seis meses del estado de alarma, que es constitucionalmente aberrante, y los episodios de suspensión de elecciones sin restablecer la vigencia del Parlamento. Además, se pone a los jueces en el dilema de tener que decidir entre aferrarse a lo que dice la ley y así asumir una responsabilidad sobre la salud de las personas que no les corresponde o dar la razón a los gobiernos por encima de la ley.

– Lluvia de recursos, inseguridad jurídica… ¿Qué consecuencias tiene eso a medio plazo?

– No saber qué decisiones pueden o no tomar los poderes públicos en cuanto a restricción de derechos, como sucede ahora, socava de manera muy importante el sistema y rompe la aportación esencial del nacimiento del Estado de Derecho con las revoluciones burguesas del siglo XVIII, que es precisamente la certeza de qué derecho es aplicable a la ciudadanía. Lo contrario es la arbitrariedad absoluta de los poderes públicos. Es el propio Estado de Derecho el que está en juego.

– ¿Se está resintiendo entonces el sistema democrático?

– Desde luego. Se está resintiendo mucho. También por la impresionante inactividad legislativa, cuando más necesaria era. Sobre todo, adecuar la ley del estado de alarma, que data del 81 y se ha demostrado obsoleta, la legislación de salud pública y las leyes que regulan los procesos electorales. En eso han fallado estrepitosamente los parlamentos.

– ¿Es de los que piensa que cuando la democracia se agrieta resulta difícil revertir ese déficit?

– Los pasos atrás que se están dando son difícilmente recuperables, o solo recuperables con un esfuerzo inaudito para el que hoy por hoy no veo al país preparado.

– Explíquese.

– Los casos de Estados Unidos y Reino Unido ponen de manifiesto que la crisis es general. Pero estos países, con una cultura democrática muy arraigada, aunque corran serios riesgos, tienen una capacidad de respuesta de la que nosotros carecemos. Un ejemplo: veo inimaginable que en España jueces nombrados por un partido se separen de lo que ese partido pretende, como sí han hecho jueces nombrados por Trump. Con un agravante: la degradación de la cultura política en el ámbito de los partidos en los últimos decenios ha sido terrorífica.

– Yendo a lo concreto, ¿ve lógica la resistencia del Gobierno central a modificar el estado de alarma para dar más manga ancha a las autonomías?

– Puede haber diferentes razones, pero una me parece que es el intento de no tener que anular el estado de alarma vigente, dictar uno nuevo y tener que pasar por el Congreso. Es bastante evidente.

Cogobernanza

– Como experto en sistemas federales, ¿cree que la famosa cogobernanza ha sido un fracaso?

– Hay un elemento positivo en lo que ha pasado: la aceptación de que no se puede gobernar sin las comunidades autónomas, que ha servido por ejemplo para revitalizar la conferencia de presidentes. Pero hemos pasado del mando único a considerar que el único papel del Estado es marcar unos límites máximos a las comunidades, que sin un criterio acordado ni parámetros comunes, pueden campar por sus respetos. Esto no es cogobernanza. La cogobernanza significa una fortísima cooperación, tomar decisiones de común acuerdo respetando el papel del otro, y eso está siendo muy deficiente.

– ¿Se han destapado las carencias del modelo autonómico?

– El sistema necesita una fuerte revisión y una importante transformación de la cultura política. No se ha logrado articular de forma eficaz. Hay países, como Alemania y Canadá, que son un ejemplo. No puede ser que dependiendo de que gobiernes o no una institución se impulse un modelo de Estado u otro.

– ¿Se extralimitó el Govern al aplazar las elecciones catalanas, que los tribunales han vuelto a mantener el 14-F?

– Garantizar el derecho al voto es fundamental. Pero lo que no es aceptable es que, un año después del estallido de la pandemia, no se haya adaptado la legislación electoral para regular mejor el voto por correo, dar plazos más largos o permitir votar en dos días. En el caso catalán además la convocatoria es por expresa disposición legal al no ser capaces de nombrar un presidente de la Generalitat. Por lo tanto, se autoarroga la capacidad de suspender las elecciones quien no tiene capacidad de decidir sobre su convocatoria. Y eso es un problema muy serio y un nuevo dilema imposible para los jueces.