EL CORREO 15/11/14
· La izquierda abertzale cree que el juez de vigilancia español denegará los traslados y confía algo más en la Sala de lo Penal de Marlaska
Desde la página 1 BILBAO. Los presos de ETA en Francia también abrirán una vía judicial en París para reclamar que sean trasladados a un centro penitenciario cercano al País Vasco. Los reclusos al otro lado de la frontera comenzarán en las próximas semanas a recurrir ante el juez de aplicación de penas –el equivalente galo al español de vigilancia penitenciaria– para que se les cambie de prisión. Los algo menos de un centenar de internos que cumplen sus penas en el Estado vecino ya solicitaron a comienzos de año al Ministerio de Justicia que se les aproxime a Iparralde. Una reclamación por vía administrativa que el gabinete de Francoise Hollande no ha llegado siquiera a contestar, según los abogados del colectivo. En España, Instituciones Penitenciarias denegó todas las peticiones cursadas por los presos de la banda en ese mismo sentido.
La iniciativa en suelo galo será muy similar a la emprendida en España. Los abogados franceses de los reclusos tienen previstro convocar a la prensa en un plazo corto de tiempo para dar a conocer los detalles. No es la primera ocasión en la que se utiliza en el país vecino la vía judicial. El intento anterior fue rechazado en los tribunales de París porque los reclusos presentaron un recurso de forma colectiva y no individual.
Los internos en Francia disponen de mayores posibilidades de que sean atendidas sus solicitudes, aunque con algún matiz. No existe ningún centro penitenciario que pueda acogerles en el País Vasco francés. En Bayona existe una prisión obsoleta y que se utiliza para los internos preventivos, a la espera de juicio, y no para delincuentes ya condenados. Las autoridades galas han reconocido en ocasiones anteriores que su legislación permite el cambio de cárcel si el reo lo solicita de manera individualizada. El problema hasta ahora, según diferentes fuentes, es que los presos de ETA no habían impulsado estos movimientos. Algo que cambió tras el comunicado del 28 de diciembre del EPPK, en el que el colectivo de presos asumía las leyes vigentes para favorecer su excarcelación.
Desde enero una decena de internos en Francia comenzaron a tramitar solicitudes individuales de traslado. Las autoridades del país dieron el visto bueno a dos de ellas, las de Oier Ardanaz y Alexander Akarregi. Ambos fueron llevados a la cárcel de Mont de Marsan, en Las Landas, a 136 kilómetros del paso fronterizo de Biriatou. Otras dos peticiones fueron rechazadas por el Ministerio de Justicia y la media docena restante quedaron paralizadas por deseo de los propios presos tras revelar este periódico el traslado de Ardanaz y Akarregi.
La izquierda abertzale cree, en este sentido que los internos en Francia tienen sobre el papel mayores posibilidades de lograr que se les aproxime al País Vasco, aunque el Gobierno galo descarta que se les vaya a agrupar en un mismo centro. Fuentes independentistas consultadas por este periódico perciben un panorama de mayor complejidad para los presos de ETA en España. Están casi convencidos de que los escritos de queja que medio centenar de reclusos han comenzado a presentar para exigir su acercamiento a Euskadi serán denegados por el juez de vigilancia penitenciaria, José Luis de Castro. Confían algo más en la labor que pueda llevar a cabo la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Fernando Grande Marlaska, el tribunal al que irían a parar los recursos en caso de que De Castro rechace las solicitudes de los internos.
Consideran que el precedente de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anuló la ‘doctrina Parot’ podría llevar a los magistrados españoles a no denegar por sistema las peticiones de traslado. Una solución que, en todo caso, no se resolverá con celeridad. Según revelaron ayer los abogados de los primeros presos en cursar estas peticiones, el juez de vigilancia penitenciaria no tiene un plazo de tiempo para resolver estos escritos de queja.
En una comparecencia en el Colegio de Abogados de Bilbao, los letrados de los presos, acompañados por familiares de internos como la que fuera txupinera de la Aste Nagusia de la capital vizcaína, Jone Artola –que sufrió el mes pasado un accidente de carretera tras realizar una visita a un allegado encarcelado–, ofrecieron algunos detalles de la iniciativa. El letrado y senador de Amaiur Iñaki Goioaga, junto a la abogada Haizea Ziluaga, explicó cómo se han dado los primeros pasos de este proceso judicial de reclamación. En un primer momento serán 50 reclusos los que exigen movimientos al juez de vigilancia penitenciaria. La mayoría de las solicitudes han sido ya cursadas y el resto se enviarán la próxima semana.
El mismo formulario
Todos los escritos constan de un formulario muy similar en el que el interno sólo tiene que rellenar algunas cuestiones personales, como su nombre –que encabezan con la expresión «preso político»–, los centros penitenciarios en los que ha estado recluido y las «vulneraciones de derechos» que, a su juicio, han sufrido –accidentes de carretera de familiares o, incluso, la imposibilidad de que sus padres les visiten por su avanzada edad–.
En la relación de primeros reclusos en dar el paso figuran seis enfermos –Josetxo Arizkuren, José Ramón López de Abetxuko, Inmaculada Berriozabal Bernas, Gari Arruarte, Iñaki Etxeberria Martín y José Miguel Etxeandia Meabe– y otros seis con más de 70 años de edad –el exalcalde de Llodio Pablo Gorostiaga, los hermanos Patxo e Isidro Murga, Txente Askasibar Barrutia, Sebastián Etxaniz y Karlos Trenor Dicenta–.
La otra cuarentena de firmantes la componen presos que han superado los 20 años de reclusión, de los que no se facilitó identidades, aunque formaron parte de la ETA más sanguinaria, la de la década de los ochenta. Se trata, en todo caso, de los expedientes con más probabilidades de ser aceptados por los magistrados de la Audiencia Nacional, según los abogados del colectivo.
Goioaga interpeló, de hecho, al juez José Luis de Castro para que demuestre que es «garante» del cumplimiento de la legalidad y acepte los traslados a Euskadi, en concreto a la cárcel alavesa de Zaballa. El senador de Amaiur calificó de «indefendible» el mantenimiento de la dispersión «a no ser de que se haga bajo criterios de crueldad o de venganza» y que la respuesta que vayan a dar los jueces demostrará «si estamos o no en un Estado de Derecho».
Además de mostrar su convicción de que la Fiscalía se opondrá a todos los traslados, Goioaga cargó contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Advirtió que el Gobierno ha dejado claro que «no existe un tratamiento personalizado e individualizado» de los presos, sino que actúa por «decisión política». Explicó, así, que Instituciones Penitenciarias respondió a todas las solicitudes de los reclusos para que se les enviara a cárceles vascas con un mismo escrito «casi calcado».