LA RAZÓN, 24/8/12
En un comunicado dicen que están «cabreados» y llaman a aprovecharse de la crisis para alcanzar el poder. Presionarán hasta «vaciar las cárceles y llenar las plazas». El ministro del Interior recuerda que «no dar el tercer grado a Bolinaga habría sido prevaricar»
Madrid- «Fuera las medidas de excepción, adelante el proceso de liberación. Nos hemos revelado con furia. Nos ha cabreado la situación límite en la que se encuentra el miembro Josu Uribetxebarria». Con esta frase contundente comienza el comunicado del «colectivo de presos», el EPPK por sus siglas en euskera, publicado ayer en «Gara».
Y por si hay alguna duda, advierten: «Para que no exista más el sufrimiento y dolor no hay más que afrontar la cuestión política. Los estados responden de una forma cabezona y miedosa al osado camino abierto por la izquierda abertzale, pero jamás desviarán nuestra opción por mucho que lo intenten. A España y a Francia, se les ha terminado la temática de seguir en los mismos esquemas».
Nuevo ultimátum
Es decir, que del «cese definitivo» ya se ha pasado a una serie de condicionamientos para que no exista «más sufrimiento y dolor» y, a «poder ser», no cometer nuevos atentados; y de paso, un nuevo ultimátum, en el sentido de que a España y Francia se les acaba el discurso que mantienen y, por lo tanto, se supone, que el tiempo.
En el comunicado, que concluye con la exigencia de «amnistía y autodeterminación», se subraya que «los dos estados (España y Francia), que tienen preso a nuestro pueblo no han causado ningún posicionamiento ni tampoco han dado nuevos pasos políticos en Euskal Herria, en los territorios de los dos Estados y también internacionalmente, donde cada vez es más extensa nuestra voz».
ETA, a través de sus presos, hace su particular análisis de la crisis económica: «La crisis económico-política, desde la situación de excepción, nos ofrece el momento de llegar a un nuevo escenario con nuevas opciones políticas. Se imponen la razón y la democracia, de forma que exigen a los ciudadanos vascos la opción de Estrasburgo (sentencia sobre la «Doctrina Parot») y el mandamiento de la “basura de Ley”».
«Estamos en el momento de darle sentido al camino, ellos están buscando una situación política difícil de sobrellevar», añaden. El tono de seguridad y amenaza del comunicado es permanente, como si la banda y los reclusos supieran que van a obtener lo que pretenden a corto o medio plazo: «Europa ha decretado que se ha acabado el tiempo de la política carcelaria criminal. La política carcelaria se ha empezado a agrietar. Se ha acabado el tiempo de las medidas de excepción. Se ha agotado la vigencia de la dispersión. Nos tienen que agrupar en Euskal Herria para poder hacer nuestra aportación en el proceso. Estamos en el principio del fin, pero no por eso en tiempos fáciles y agradables».
Y subrayan: «Es tiempo de lucha ¡lo conseguiremos! Inmediatamente (no dentro de una semana o un mes) tienen que excarcelar a todos los miembros secuestrados: a los miembros a los que le han alargado la condena debido a la doctrina (Parot), los que están con la condicional, y sin duda tienen que llevar a casa a todos los miembros que sufren enfermedades graves. ¡Hasta vaciar las cárceles y llenar las plazas!».
Como los terroristas no son agradecidos, aunque con ellos se cumpla la Ley, afirman que el Gobierno español tiene una «postura miserable, que merece nuestra denuncia más dura».
Violencia
Hay una frase en el comunicado, a la que, sin duda, se acogerán los que quieran ver el vaso lleno, pero que, analizada correctamente, también implica una amenaza latente: «Tenemos un gran conocimiento acerca del sufrimiento y el daño y no se lo deseamos a nadie. Los compañeros que han actuado en ETA y que son parte de nuestro colectivo seguramente saben mucho del daño de cada cual y del inflingido a otros». Es decir, que conocen perfectamente su oficio de terroristas.
CON EL VISTO BUENO DE HALBOKA
El comunicado que el EPPK hizo pública ayer ha sido redactado por la dirección de la reorganizada Halboka, el subaparato de ETA que se encarga de los presos. Los nombres de sus integrantes, que están en libertad, se desconocen, aunque existen serias sospechas sobre algunos de ellos. Actúan coordinadamente con la «dirección» de los reclusos en las cárceles. En el caso de España, donde se ha fraguado el texto, se trata de tres portavoces con otros siete etarras de apoyo. Se trata de Anabelén Egües, Javier Alegría y Jon Olarra Guridi. Olarra, nacido en 1967 en San Sebastián, cumple condena en la prisión granadina de Albolote. Llegó a ser responsable «militar» de la banda y formó parte de varios «comandos», en los que cometió varios asesinatos. Está condenado a más de 1.000 años de prisión. Anabelén Egües Gurruchaga, nació en 1968, en Tolosa (Guipúzcoa). Lleva diez años en prisión y actualmente está en el centro de Botafuego (Algeciras). Fue miembro del «comando Buroahuste», que operaba en Madrid. Fue detenida, en noviembre de 2001, junto a Aitor García Aliaga en Madrid, después de intentar asesinar con un coche bomba al subsecretario de Policía Científica Juan Junquera. En febrero de 2004 fue condenada a 83 años por la muerte del policía nacional Luis Ortiz de la Rosa; a 1.042 años en octubre de 2005 por el atentado contra Junquera; y a 323 años, en abril de 2006 por el atentado contra el general Justo Oreja Pedraza. Javier Alegría Loinaz nació en 1958, en Lezo, Guipúzcoa. Fue condenado a 18 años de prisión por la Audiencia Nacional por el proceso contra el aparato político de ETA. Este individuo fue portavoz de la Coordinadora Abertzale Socialista (KAS) y de la mesa nacional de Herri Batasuna. Los internos de «apoyo» en España son: José Javier Arizcuren; Unai Fano; Arancha Garbaio; Ana Lizarralde; Antonio López Ruiz, «Kubati»; Idoia Martínez y Ainhoa Múgica.
LA RAZÓN, 24/8/12