Los presos etarras disponían anualmente de un millón de euros recaudados ilegalmente

Herrira, la plataforma desarticulada por la Guardia Civil el pasado 30 de septiembre, destinaba un millón de euros al año a una asignación mensual para los presos de ETA. Estos fondos, recaudados por distintas vías ilegales, servían a los reos de la banda armada para sufragar sus necesidades en las cárceles. Teniendo en cuenta que hasta la derogación de la doctrina Parot había unos 600 presos etarras, a cada uno le correspondían casi 1.700 euros al año, unos 140 euros al mes, que gastaban, principalmente, en el economato de la prisión.
Esta partida pesupuestaria suponía un tercio de la recaudación total de Herrira, que, como reveló ABC, alcanzaba los tres millones de euros al año, según fuentes de la lucha antiterrorista. El colectivo de defensa de los presos de ETA, descabezado con la detención de 18 personas en País Vasco y Navarra, había alcanzado un gran nivel recaudatorio pese a que inició sus actividades en 2012, hace poco más de un año y medio, como sucesor de Gestoras pro Amnistía y Askatasuna. Al millón de euros que recibían directamente los etarras en las prisiones hay que sumar otros 700.000 euros, aproximadamente, que Herrira destinaba a pagar las minutas de los abogados.
El resto del presupuesto, hasta los citados tres millones de euros, se dedicaba a asistencia médica extraordinaria a los presos y a otros conceptos. Según fuentes conocedoras de la investigación, ahí aparecen gastos logísticos, alquiler de sedes, compra de material propagandístico de enaltecimiento etarra y organización de los «ongi etorris», los homenajes a los presos excarcelados.
Hasta aquí el destino de los fondos. En cuanto al origen, Herrira contaba con distintos sistemas recaudatorios, algunos irregulares y otros directamente ilegales. Uno de ellos era el «impuestillo» de Navidad. Consistía en el reparto de cartas entre pequeños empresarios y comerciantes en las que se les solicita una aportación económica «voluntaria» para ayudar a los presos. Teniendo en cuenta que la principal fuente de financiación de la banda terrorista ha sido el mal llamado «impuesto revolucionario», que se solicitaba a los empresarios por carta, la «voluntariedad» de los donativos que pedía Herrira está en entredicho.
Por otro lado, el colectivo de apoyo a los presos organizaba rifas para los denominados «sorteos de solidaridad». Los premios iban desde una autocaravana hasta un viaje o un ordenador portátil. Esta «tómbola» era de más que dudosa legalidad.
Herrira completaba sus ingresos con la venta de material propagandístico (insignias, camisetas o mecheros), aportaciones de sus militantes y la explotación de casetas de feria, las populares «txoznas». De las investigaciones se desprende que esas fuentes diversas siguen el «modus operandi» que aplicaban sus antecesoras, las Gestoras pro Amnistía y Askatasuna, antes de ser ilegalizadas.
Los responsables de Herrira manejaban este presupuesto mediante cuentas bancarias, que fueron bloqueadas por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, aunque también disponían de grandes cantidades en efectivo, que guardaban en sus sedes. De hecho, en su base logística de Hernani los agentes de la Benemérita se incautaron de unos 60.000 euros.

Arma propagandística
Herrira cubría de este modo las necesidades de sus reclusos, pero esta actividad también era una fuerte arma propagandística: el colectivo despertaba la simpatía de los familiares y los amigos de los reclusos, una red fundamental para la estrategia de la banda terrorista ETA.
Tras la desarticulación de este grupo, el parlamentario de Bildu Pello Urizar aseguró en una manifestación de apoyo que «recogerán el testigo de Herrira» en defensa de los «derechos» de los presos.
Mientras, la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, reclamó ayer «firmeza» al Gobierno y a todos los partidos políticos para que impidan el homenaje que la Coordinadora de Presos de ETA prepara a los 63 etarras excarcelados tras la anulación de la doctrina Parot, que podría celebrarse pasado mañana, el 4 de enero. Pedraza aseguró que el hecho de que se reúnan para hacerse una foto juntos constituye una «humillación» y pone de manifiesto su grado de «arrepentimiento» por el daño causado a las víctimas.
En declaraciones a Servimedia, Pedraza criticó «la humillación y la injusticia» que significaría para la AVT que este grupo de apoyo a los presos etarras pueda homenajear a los excarcelados y dijo no tener «confianza alguna» en que los poderes públicos impidan el acto. Hasta ahora, criticó, el Gobierno y los partidos han permitido que «los que representan a ETA entren en las instituciones y les han dado la libertad», y por eso les pide «firmeza» para que impidan esta nueva «humillación» a las víctimas.