Ya están aprobados los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Y con ellos, todas las prebendas necesarias para conseguir el apoyo de los socios del Gobierno: dinero para infraestructuras en Cataluña, cesión de competencias de Tráfico a Navarra, partidas para promocionar proyectos en euskera… El mercadeo para sacar adelante las cuentas públicas no es nuevo. De hecho, en ese ‘intercambio’ habitual en España se recuperó en 2018 la revalorización de las pensiones con el IPC.
Fue en el último Presupuesto elaborado por Mariano Rajoy y el primero aprobado con Pedro Sánchez en la Moncloa, cuando se optó por volver a indexar la nómina de los pensionistas a la evolución de los precios. Y recuerden que fue una concesión de Cristóbal Montoro al PNV.
En 2023, los pensionistas no solo no perderán poder adquisitivo, sino que serán el colectivo que mejor lo preservará gracias a la subida de las pensiones de alrededor del 8,5% que se ha incorporado en los PGE. Sin embargo, esa subida no llegará por igual a todos los jubilados. Los que viven en el País Vasco cobrarán más y encima, a sus contribuyentes, les costará menos.
Cobrarán más porque gracias al régimen Foral, el País Vasco y Navarra cuentan con potestad para regular su régimen tributario. Y el lehendakari, Iñigo Urkullu, con el apoyo de los socialistas vascos, aprobó una deflactación del IRPF que entrará en vigor el 1 de enero del próximo año y se sumará a la aplicada a principios de 2022, con lo que alcanzará el 5,5%.
De este modo, ni siquiera las pensiones más altas tendrán que asumir todo el coste fiscal asociado a la subida de la pensión, algo que no ocurrirá en otras partes de España.
«Los pensionistas que viven en el País Vasco cobrarán más y encima, a sus contribuyentes, les costará menos»
En el País Vasco, también cobrarán más porque según el Centro de Investigación Ageinomics de Fundación Mapfre, sus jubilados cuentan con la pensión media más alta de España, con 1.460 euros mensuales.
Pero a pesar de ello, el contribuyente vasco asumirá una parte menor que el resto de los españoles de la nueva factura de las pensiones. En 2021, cuando el ministro José Luis Escrivá abordó la primera parte de la reforma de las pensiones, decidió traspasar a los Presupuestos la financiación de los llamados ‘gastos impropios’ de la Seguridad Social.
Esto significa que el Ministerio de Hacienda tiene que aportar al sistema todos los años millones de euros procedentes de los impuestos de todos los españoles, excepto de los vascos y los navarros, que viven amparados por el régimen Foral.
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Los ‘gastos impropios’ más otras aportaciones que hará la caja del Estado a la Seguridad Social el próximo año superarán los 38.900 euros. Pero el PNV ha conseguido dejar fuera del ‘cupo vasco’ el impacto de ese coste.
En esa ley quinquenal firmada entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el consejero de Economía y Hacienda vasco, Pedro Azpiazu, y representantes de las Diputaciones Forales, en el marco de la negociación de los Presupuestos, se mantuvo una imputación del 6,24%, dejando así de lado el impacto del nuevo sistema para financiar las pensiones.
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Se entiende que a la ministra de Hacienda, no le interese publicitar demasiado en el resto de España este acuerdo que es una medalla conseguida en el Congreso por Aitor Esteban (PNV). Una vez más, se pone de manifiesto la desigualdad entre españoles a la hora de aportar y recibir con un sistema de financiación autonómica que caducó hace años y nadie es capaz de reformar.
Lo de las pensiones va a traer cola. Según estimaciones de la AIReF, por cada punto que sube la inflación se añaden 1.500 millones de euros al gasto de esta partida. Este año, ha sido el 8,5%. Pero la OCDE calcula que en 2023 y en 2024, será del 4,8%. Esto serían 7.200 millones de euros más por año en esos ejercicios que se sumarían al coste de este año. Este gasto, además, es estructural porque la subida de las pensiones se consolida para el futuro.
La factura la irán pagando los trabajadores españoles. Así que si nada cambia, cada vez va a ser más grande el privilegio de cotizar y cobrar pensión en el País Vasco.
ATENTOS A…
Las vueltas que está dando el Gobierno al paquete de medidas para contener la inflación que tiene que renovar de aquí a final de año. Está sobre la mesa acotar las ayudas al gasóleo y la gasolina solo para el transporte profesional. Sería una decisión que ayudaría a reducir el consumo, pero extremamente impopular.
Mientras, la inflación no da tregua. Las medidas del Ejecutivo -como el tope al gas- han contribuido a rebajar los datos, pero como advierte FEDEA es solo un «maquillaje». Y la OCDE ha dibujado un escenario peor de inflación para la economía española que para sus vecinos del euro.