ABC 09/05/14
· Un juez obliga a borrar una pintada independentista en un muro en Cardedeu tras una denuncia del PP
Amenazas Grupos independentistas redoblan las amenazas sobre el PP tras la denuncia presentada «Como el País Vasco» «Aquí no hay tiros, pero en algunos pueblos esto se parece cada vez más al País Vasco», explica un edil
Desde septiembre de 2012, con la eclosión del movimiento soberanista en Cataluña, la bandera independentista, la «estelada», se ha hecho omnipresente. En rotondas, en balcones, hasta en campanarios de iglesias… una ocupación del espacio público, con la complicidad de la administración autonómica y de los ayuntamientos, que hace que muchos ciudadanos se sientan excluidos por el ondear de una insignia que entienden es de separación y no de integración.
Un ejemplo paradigmático es lo sucedido en el municipio de Cardedeu (Barcelona), aunque en este caso, y como novedad, la Justicia ha fallado en contra de la utilización de una enorme pared, curiosamente propiedad del estatal Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), como soporte para una pintura mural con motivos independentistas. El uso de murales a la entrada de los pueblos, una suerte de grafitismo soberanista tolerado y sin sanción, no es un hecho aislado, sí en cambio que haya habido una denuncia y que, como consencuencia de ello, se haya impuesto una multa a sus autores (7.640 euros) y la pintada deba ser borrada.
La denuncia la interpuso Jaime Gelada Giménez, uno de los dos concejales del Partido Popular en la localidad, que harto de ver cómo partidos y grupos independentistas estaban monopolizando la imagen que transmite su pueblo decidió dar un paso adelante y denunciar los hechos. «Hay quien quiere imponer unos símbolos que solo representan a una parte de la población, y por eso decidimos denunciarlo», explica Gelada a ABC.
Convocan ERC, CUP e ICV
La historia comienza en agosto de 2013, cuando el gobierno de coalición entonces formado por CiU y PP (el pacto se rompió en noviembre) decide adecentar el gran muro que a la entrada de la localidad hasta entonces había sido patrimonio exclusivo de grupos independentistas y de la extrema izquierda. Para ello se solicita permiso al Adif, propietario del muro que sostiene las vías del tren de la línea Barcelona-Francia, y finalmente el 7 de septiembre se acaba de pintar la pared de gris para colocar encima unas letras metálicas con la inscripción «Benvinguts a la vila de Cardedeu».
La reacción de los grupos independentistas de la localidad no se hace seperar, y no transcurrieron ni 24 horas que un grupo de unas 150 personas, convocados a través de las redes sociales por ERC, ICV y la CUP, se hace dueño del soporte para pintar sobre el mismo una gran bandera estelada y colocar, bajo las letras de bienvenida, otras con el lema «Poble per la Independènia». «De una pared de bienvenida, que nos acoge a todos, se pasa a otra de exclusión, un muro que no nos representa», se lamenta Gelada.
«Evitar males mayores»
Su reacción fue inmediata, y la misma tarde denunció los hechos ante los Mossos d’Esquadra. El caso acaba en un juzgado de instrucción de Granollers (Barcelona), que el pasado 17 de abril falla que los hechos pueden ser calificados como una falta de «deslucimiento de bienes inmuebles», condenando a los ocho grafiteros identificados —uno de ellos concejal de la CUP y otro exedil de ERC—, a una pena de cuatro días de «localización permanente». Además, se les condena a pagar 7.640 euros a Adif, personada como acusación particular en la causa, en concepto de daños. Un portavoz del ente estatal señaló a ABC que una vez la sentencia sea firme —ha sido recurrida— la cantidad se destinará a «restituir el muro a su estado original».
Durante el juicio, los condenados reconocieron que no solicitaron autorización al titular del muro, Adif, y que «solo comunicaron su intención a la alcaldía, comunicación que consta reconocida por la señora alcaldesa de dicho municipio». Según el juez, y a tenor del documento aportado por la defensa de los grafiteros, «se desprende que la misma no adoptó medida alguna para evitar o prevenir que un acto manifiestamente ilegal, como es llevar a cabo pintadas sobre un muro ajeno, pudiera ser llevado efectivamente a cabo, con la argumentación, según se dice en el escrito, de “evitar males mayores”».
«Así están las cosas», explica Gelada a este diario, «acordamos con CiU adecentar la entrada del pueblo, pero ante la presión independentista CiU decide mirar hacia otro lado. Por omisión son cómplices de un acto vandálico. Es la gota que colmó el vaso para romper la coalición de gobierno».
La denuncia hecha por Gelada, y más aún el hecho de ganar el juicio que devolverá el muro a su estado original, han recrudecido las amenazas contra él y su familia, tanto en las redes sociales como presencialmente. Aun asumiendo el coste personal que ello supone, Gelada no deja de denunciar lo difícil que en algunos municipios se está poniendo pertenencer al PP: «Aquí no hay tiros, pero en algunos pueblos esto se parece cada vez más al País Vasco». Ayer mismo, y en un nuevo acto de intimidación, aparecía una pintada en la sede del PP en Lérida: «Fascistas», junto a una diana.