IGNACIO MARCO-GARDOQUI-EL CORREO

En estas elecciones ha habido tres temas que me han llamado poderosamente la atención. El primero es que hayamos aceptado, como si se tratase de una plaga divina, el derrumbe sucedido en el empleo a causa del confinamiento. En el Estado, además de casi un millón de empleos perdidos, hemos tenido que enviar al cobijo de los ERTE a nada menos que 3,8 millones de personas. En el País Vasco a 200.000. Y, mientras tanto, todos los empleados públicos han seguido en sus puestos sin sufrir la menor pérdida de salario ni de ocupación. ¿Han trabajado? Algunos muchísimo y en condiciones ciertamente penosas, mientras que otros… Pero, sea como sea, la enorme diferencia es que ninguno de ellos se han tenido que preocupar por el futuro de su empleo, mientras que los primeros, los del sector privado, viven en la angustia permanente de si volverá la actividad, con su demanda, y podrán recuperar su trabajo, o si el ERTE será solo el paso intermedio hacia el despido definitivo. Una gran diferencia que no ha sido debidamente tratada en la campaña.

Segundo tema. La caída de la actividad va a inducir una enorme pérdida de ingresos fiscales, mientras que las necesidades sanitarias y laborales van a incrementar los gastos sociales hasta más allá de nuestras posibilidades. El agujero en las cuentas va a ser de una profundidad nunca vista. ¿Ha oído hablar de la reestructuración de la administración en aras de una mayor eficacia y una eliminación de las duplicidades? Conste que no le hablo de recortes, todavía no, le hablo de productividad y de evitar despilfarros. Pues no, nadie se ha metido en ese frondoso jardín. A lo más que han llegado los dirigentes es a pedir «justicia fiscal» o a repetir el mantra de que paguen más quienes más tengan, como si ahora pagasen menos.

La tercera es más ‘espiritual’. Aquí se nos llena la boca hablando de lo especiales que somos y de lo bien que nos arreglamos solos, sin llegar a ser conscientes de la realidad de las cosas. Vean algunas cifras. En Alemania empiezan a hablar de cifras astronómicas -del orden del medio billón de euros- en ayudas públicas para sostener a sus empresas de bandera. En España, el Gobierno ha habilitado 10.000 millones -una pequeña diferencia-, para poder entrar en el capital de empresas en dificultades. ¿Con qué se comparan estos millones, con los 20 del programa Bideratu-Covid 19? ¿O con los 100 millones del famoso fondo del arraigo que permitió la entrada en el capital de CAF y de Kaiku? Seguro que, en la campaña, ha oído hablar del nuevo Estatuto y de la ansiada autodeterminación. Pero, ¿estamos seguros de lo que hablamos?