Juan Carlos Girauta-ABC
- Si algo ha quedado claro, después de un año largo, es que nadie ha empezado siquiera a esbozar una normativa adecuada a las pandemias
El estado de alarma nunca fue para Sánchez un instrumento jurídico contra la pandemia. O no lo fue de forma principal. Fue una oportunidad que el buscavidas cazó al vuelo para gobernar sin controles, acallar a la prensa crítica, chantajear emocionalmente al país, paralizar a la oposición, amordazar al Parlamento y emitir vacuos sermones a lo Chávez en ‘prime time’ hasta que se cansó de sí mismo. Con el paso de los meses y el avance de la crisis, agarraría del pescuezo a poderosos ejecutivos con el anzuelo de los dinerillos europeos.
Si algo ha quedado claro después de un año largo es que, pese a las vehementes proclamas del Gobierno, y en concreto de la vicepresidenta Calvo, a quien
se suponía al frente de no sé qué, nadie en la poblada tropa de funcionarios y técnicos ha empezado siquiera a esbozar una normativa adecuada a las pandemias. Una reforma de las leyes sanitarias que al menos satisficiera a quienes consideraban excesivo, aunque ineludible, el estado de alarma. Nada ha hecho el Gobierno de los sin ley. Ahora dicen que basta con las normas autonómicas.
Será comprensible, poniéndonos generosos y con muchos matices, la actuación primera del Ejecutivo dada la ausencia de previsiones normativas específicas. Será admisible (que no, pero tira) la necesidad de usar los instrumentos más extremos que existían, invadiendo derechos fundamentales. Menos tragaderas mostraremos, por comprensivos que nos pongamos, con la manera escogida para gestionar lo anterior en el día a día. Ahí quedan, para avergonzar a dos generaciones, el millón de multas irregulares, la interrupción de eucaristías al aire libre o la prohibición sin más del fundamental derecho de manifestación. Más recientemente, la Policía derribando puertas sin orden judicial y, de resultas de tanta confusión sobre el origen de nuestros derechos y libertades, la otra policía, la de los espontáneos de las ventanas, que nos trasladaron por sorpresa al realismo italiano. Qué mal rollo.
Que el Gobierno se tumbara a la bartola sobre un estado de excepcionalidad durante seis meses con la complicidad de varios partidos, entre ellos uno supuestamente liberal, podía tomarse como un anuncio. Sí, quien tan laxo se muestra en la aplicación de leyes que afectan a los derechos fundamentales; quien tan poco respeta la Constitución; quien ignora el sentido tuitivo de los 15 días de duración establecidos para el estado de alarma en la Norma Suprema, no es probable que se tome luego la molestia de trabajar en la fina orfebrería de la reforma legislativa. Al menos para que esta pandemia sea manejable sin la artillería del 116 de la Constitución. Y para que las próximas pandemias nos cojan preparados. De las verdaderas intenciones que Sánchez abrigaba hace un año, y de esta omisión inconcebible, viene todo. Tras trece meses, la crisis ya no es solo sanitaria: es integral. Por eso conviene esparcir la culpa.