El doble sismo que ha sacudido Venezuela este miércoles 24 de junio no ha sido sólo un desastre natural.
Ha sido la confirmación brutal de que un país gobernado durante más de un cuarto de siglo por un régimen autoritario, corrupto y bolivariano carece de la capacidad mínima para proteger a sus ciudadanos ante una emergencia previsible.
Los edificios que se derrumbaron en La Guaira y Caracas no sucumbieron únicamente a la fuerza de la tierra. Lo hicieron también por décadas de abandono, construcciones irregulares y un sistema que antepuso la ideología y el clientelismo a la competencia técnica y al mantenimiento básico.
Las cifras hablan por sí solas. Al menos 920 muertos en el momento de escribirse este editorial, casi 3.360 heridos y 50.000 personas afectadas o desaparecidas, según los balances oficiales.
La Guaira, la zona más castigada, ha sido militarizada por decisión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Esa medida, presentada como respuesta a los saqueos, revela el instinto primario de un poder que recurre al Ejército para controlar el territorio antes que para organizar una respuesta civil eficiente y transparente. Es el mismo patrón que ha caracterizado al chavismo desde sus orígenes: ante la crisis, más control político; ante la escasez, más clientelismo.
España ha respondido con la rapidez y la profesionalidad que exige la gravedad del momento. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha activado de inmediato los teléfonos de emergencia consular y puesto en marcha el censo de los españoles residentes en Venezuela. Cuatro de ellos han perdido la vida y alrededor de cien permanecen desaparecidos o sin localizar; algunos, atrapados bajo los escombros.
Al mismo tiempo, un avión del Ejército del Aire ha transportado a 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, ocho perros de rescate y personal de la AECID, que ya operan en la zona cero.
La Comunidad de Madrid, a través del ERICAM, ha enviado bomberos especializados y sanitarios.
Esta respuesta no es sólo humanitaria: es la demostración práctica de lo que puede hacer un Estado con instituciones profesionales, capacidad logística y voluntad de proteger a sus ciudadanos dondequiera que estén.
El contraste con la situación venezolana es doloroso. Durante años, el régimen desvió recursos petroleros hacia proyectos ideológicos y redes de favores mientras la infraestructura se deterioraba. Los índices internacionales de corrupción sitúan a Venezuela entre los países peor valorados del mundo.
Esa corrupción no es un detalle secundario: es la causa directa de que muchos edificios carecieran de los estándares antisísmicos mínimos y de que el mantenimiento preventivo fuera inexistente.
Cuando la naturaleza golpea, paga el precio el ciudadano común, no la élite socialista que durante décadas ha gestionado el país como un botín.
La ayuda internacional que está llegando (de España, Estados Unidos, República Dominicana y otros países) es necesaria y debe continuar mientras se requiera. Pero sería un error que se convirtiera en un nuevo instrumento de supervivencia del régimen sin contrapartidas.
La historia reciente de Venezuela muestra que la ayuda humanitaria puede ser capturada por las redes clientelares si no existe transparencia y rendición de cuentas.
Condicionar la reconstrucción a reformas institucionales reales no es injerencia: es sentido común. Un país que no puede garantizar edificios seguros ni una respuesta civil ordenada difícilmente podrá reconstruir su economía y su tejido social.
El terremoto ha vuelto a poner de manifiesto una verdad incómoda para quienes durante años relativizaron la deriva autoritaria venezolana: los regímenes que concentran el poder, destruyen la propiedad privada y ahogan la iniciativa individual generan sociedades frágiles.
La resiliencia ante desastres no se improvisa en el momento de la tragedia. Se construye con instituciones independientes, Estado de derecho y una economía que premie la competencia y no la lealtad política. Venezuela carece de todo eso desde hace demasiado tiempo.
Los españoles fallecidos y desaparecidos merecen que el Gobierno exija claridad sobre las circunstancias de su muerte o paradero. Pero merecen también que esta tragedia sirva para algo más que para una nueva ronda de condolencias.
La ayuda inmediata es un deber moral. La exigencia de un cambio político profundo en Venezuela es una cuestión de realismo y de interés bien entendido. Un régimen que ha demostrado ser incapaz de mantener en pie los edificios de sus ciudadanos es, por definición, incapaz de ofrecerles un futuro digno.