LA RAZÓN, 5/5/12
Se limitan a transmitir la exigencia de la banda de una negociación con el Gobierno
MADRID-La llamada «Comisión Internacional de Verificación» (CIV) del alto el fuego de ETA ha fracasado en uno de los principales objetivos que se marcó el pasado mes de enero, cuando visitó el País Vasco, para dar cuenta, como ahora, de sus gestiones. Se propusieron lograr que los miembros de ETA que permanecen en la clandestinidad dejaran de portar armas para «evitar situaciones potencialmente peligrosas».
El silencio que al respecto han mantenido en la nota que hicieron pública ayer, demuestra, según expertos antiterroristas, consultados por LA RAZÓN, que no han logrado convencer a los pistoleros. Por el contrario, se han convertido en meros transmisores de la exigencia de ETA de que el Gobierno negocie con la banda (los presos, el «desarme» y la «desmilitarización», que supone la salida de las Fuerzas de Seguridad del País Vasco y de Navarra). Asimismo, han hecho ver que el plan puesto en marcha por el Ministerio del Interior para la reinserción de los presos «es un primer paso» al que deben seguir otros.
La CIV reconoce que ha mantenido «contactos directos con ETA» en las últimas semanas, de cuyo contenido ha informado a representantes de diversos sectores de la sociedad vasca, incluido el Gobierno autonómico. Ni el Partido Popular, ni el Ejecutivo central se han reunido con los «verificadores», ya que la postura oficial es que cualquier verificación debe ser realizada por las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Según se deduce del comunicado hecho público ayer, el resultado de las gestiones de la CIV puede ser considerado como negativo, insisten los medios consultados, ya que la banda no ha contestado a los requerimientos sobre las armas y, por el contrario, ha venido a España con el mensaje de los terroristas de que están «preparados para dialogar sobre una serie de asuntos prácticos relevantes para consolidar el proceso». Es decir, la CIV se limita a transmitir la petición que ETA y su brazo político, Batasuna, que actúa en la alegalidad bajo el paraguas de la «izquierda abertzale», formulan constantemente para que los Gobierno de España y Francia se sienten en una mesa de negociaciones con la banda.
Los «verificadores» se limitan en esta ocasión, a diferencia de lo que dijeron el pasado mes de enero, a asegurar que «ETA continua respetando sus compromisos con el fin de la violencia». Entonces subrayaban que la banda continuaba con las falsificaciones, robos y mantenimiento de arsenales, hechos declarados como ilegales, pero en el comunicado de ayer no se hace ninguna referencia a que vayan a desaparecer. Ni, por supuesto, que la organización terrorista tenga intención de disolverse o pedir perdón a sus víctimas.
La presencia en el País Vasco de estos «verificadores» y los «mediadores» de Brian Currin durante la segunda quincena del pasado mes de abril hizo sospechar a los expertos antiterroristas de que eran portadores de algún mensaje de ETA en «términos categóricos» por el «parón» que, en opinión de los terroristas, sufre el «proceso», según publicó LA RAZÓN en su edición del pasado 25 de abril.
«Primer paso»
Con posterioridad, se conoció el plan del Gobierno que contempla, siempre que se cumplan algunas condiciones, que los reclusos sean trasladados a cárceles del País Vasco. En la nota que hizo pública ayer, la CIV dice que «ha sido informada del nuevo plan de reinserción de presos del Ministerio de Interior, al que ha indicado que “es un primer paso que esperamos tenga seguimiento en la misma dirección”». Se desconoce si los «verificadores» han contado con ETA para hacer esta afirmación y la forma en la que se lo han transmitido al citado Ministerio.
La CIV ha estado esta vez representada por Ronnie Kasrils, ex ministro de Inteligencia y viceministro de Defensa de Sudáfrica; Chris Maccabe, ex director político de la Oficina de Irlanda del Norte del Reino Unido y ex jefe de Regímenes Penitenciarios de Irlanda del Norte, y Ram Manikkalingam, director del Dialogue Advisory Group (DAG) y profesor en la Universidad de Amsterdam. Este último es el personaje más representativo y, según las citadas fuentes, el que ha mantenido los contactos con ETA en algún lugar de Europa, incluso en la propia Holanda.
Tal y como adelantó este periódico, los dirigentes de ETA, en especial los del «aparato político» se esconden en París o en poblaciones no demasiado alejadas de la capital francesa. Sin embargo, los responsables del «aparato logístico-militar» tienen una mayor movilidad, ya que deben ocuparse de mantener «engrasado» todo el entramado que, en un determinado momento, les permitiera cometer atentados para forzar al Gobierno a que negocie y active el «proceso».
Ares y Loza
Duran te los dos días que han estado en el País Vasco, los representantes de la CIV han celebrado reuniones bilaterales con representantes de partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales vascos. Entre ellos, con el consejero Ares y el comisionado para la Convivencia y la Memoria del Gobierno Vasco, Jesús Loza. La lista se completa con representantes de partidos, sindicatos, empresarios, etcétera.
La misma exigencia ya en 2009
Lo que ayer fue presentado por un medio informativo como el gran logro de la CIV, es algo que está en el documento, elaborado en 2009 por ETA, el PRODEM (Proceso Democrático), que ha servido de base para todo el «proceso» urdido por socialistas y nacionalistas con la banda y su entramado durante la anterior legislatura. Pedían los terroristas entonces, como ahora, una negociación con el Gobierno, para tratar del desarme, los presos y la salida de las Fuerzas de Seguridad. Nada nuevo, por lo tanto.
LA RAZÓN, 5/5/12