Los verificadores temen que la presión de la Audiencia dificulte su mediación con ETA

EL CORREO 24/02/14

Ram Manikkalingam, Ronnie Kasrils y Chris Maccabe desconocían ayer a lo que se enfrentarían en su comparecencia ante el juez Ismael Moreno. Entraron en la Audiencia Nacional inquietos tras una citación judicial inesperada. Testificaron. Y salieron horas después con un nuevo temor en mente: la posibilidad de que su paso por el tribunal obstaculice y dilate el proceso de desarme a consecuencia de las cautelas que la banda terrorista pueda establecer a partir de ahora con una comisión a la que da, a buen seguro, por sometida a un estricto marcaje policial y judicial.

La convocatoria del juez Moreno, a instancias de la asociación de víctimas Covite, ha dado un giro insospechado a la hoja de ruta de los verificadores. El equipo, que completan Fleur Ravensberger, Aracelly Santana y el teniente general retirado Satish Nambiar, presentó este fin de semana en Bilbao el primer gesto de desarme de ETA –muy exiguo y del que ahora se sabe que la banda terminó llevándose las pocas armas que ‘entregó’ en una caja precintada tras enseñarlas en un vídeo– y se preparaba para impulsar un nuevo paso, que en ningún caso se producirá antes de las elecciones europeas del 25 de mayo.

De hecho, la Comisión Internacional de Verificación (CIV) aguarda una larga campaña de desarme. A la lentitud de la propia ETA –el primer movimiento ha requerido un año de contactos–, se une su experiencia en procesos como el irlandés, donde el IRA empezó a inutilizar su arsenal en 2001 y no acabó hasta 2005. Y eso, en unas condiciones mejores que las del caso vasco, con un acuerdo previo entre los gobiernos de Reino Unido e Irlanda y una legislación especial que amparaba los movimientos de los participantes en la entrega de arsenales. Aquí, la CIV confiaba en que, a falta de esa inmunidad legal, sí hubiera cierta voluntad de «dejarles hacer», pero el espejismo se ha roto con la llamada del juez.

Con su comparecencia ante la Audiencia Nacional, Manikkalingam y sus colegas creen que el panorama se ensombrece sustancialmente y que ETA tendrá mucho cuidado en sus próximos movimientos. La organización siempre ha vivido obsesionada por su seguridad. Por el miedo al arresto. Antes de su reunión con Manikkalingam y Kasrils en el piso de Toulouse donde grabaron el vídeo del ‘desarme’, adoptaron numerosas precauciones, según confesión de los propios supervisores. Y es muy posible que ahora las redoble, convencida de que aumentan las posibilidades de que detrás de cada verificador haya un policía, o muchos, siguiéndole. También la CIV ha caído en la cuenta de que sus movimientos se encuentran en el radar de los tribunales. Y que no hay márgenes legales.

El mecanismo judicial
La misma sensación de desazón y de que las cosas se complican cunde en el espectro político vasco, pero sin llegar a los extremos de la izquierda abertzale. Ésta, a través de EH Bildu, acusó ayer al Gobierno central de «torpedear» el proceso de paz al «hostigar judicialmente» a los expertos. La teoría no ha encontrado eco alguno. Ni los mediadores ni el resto de partidos consideran que la actuación de la Audiencia Nacional ocultase razones distintas al normal mecanismo judicial posterior a la presentación de una denuncia.

Los verificadores pasaron la noche del sábado al domingo sumidos en la zozobra. Estuvieron alojados en un hotel madrileño, a la espera de presentarse por la mañana ante el juez Moreno. Faltaban Aracelly Santana –que el viernes salió de viaje desde Bilbao–, Satish Nambiar –no había acompañado al resto de la comisión por enfermedad– y Fleur Ravensberger, que el sábado decidió no recoger su citación y volar fuera de España.

Fuentes próximas a la CIV explicaron que las órdenes judiciales, entregadas por la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza antes de que nadie abandonara el país, sorprendieron sobremanera a Manikkalingam y su equipo. Aunque en las imágenes captadas en el aeropuerto de Barajas, a su llegada a Madrid, y ayer, con el lehendakari Urkullu, aparecen sonrientes, la preocupación iba por dentro. Curtidos en conflictos internacionales, ésta ha sido, al parecer, la primera ocasión en que han debido declarar ante un juez por su labor, aun en calidad de testigos. Y eso, a pesar de que eran conscientes de esa eventualidad tras su reunión con dos terroristas y anunciar que el armamento inutilizado estaba a buen recaudo y ellos serían «los primeros» en enterarse si ETA lo recuperaba. Que alguien presentase una denuncia y que un juez les preguntara por el lugar donde se guardan las armas era sólo cuestión de tiempo.

Actores en varios países en conflicto, la principal preocupación de Manikkalingam, Maccabe y Kasrils residía ayer en que el juez Moreno les retirase el pasaporte. De ahí, que apenas lograsen conciliar el sueño la noche anterior. Una decisión de este tipo les hubiera imposibilitado desarrollar su labor internacional, retribuida por otra parte de modo nada desdeñable.

El miércoles está previsto que Jonathan Powell –exasesor de Tony Blair durante su ejercicio como primer ministro británico– viaje a San Sebastián para participar en una reunión que avalará el reciente gesto de desarme de ETA. La diferencia con

la CIV de Manikkalingam es que mientras Powell –quien se encontrará con el presidente del Sinn Féin, Gerry Adams, y el exprimer ministro de Irlanda Bertie Ahern– desarrolla un papel político, los verificadores intervienen en las labores físicas. Manikkalingam ya advirtió el sábado, en declaraciones a este periódico, que sería imposible que él y Kasrils pudieran repetir el procedimiento seguido en esta primera ‘entrega’ debido a sus complicaciones para contactar con los terroristas y adelantó que, sin la colaboración del Gobierno central, el desarme completo durará años.

Las oportunidades de que se produzca esa colaboración, si ya han permanecido en el lado oscuro desde que Rajoy llegó a La Moncloa, parecen ahora menos posibles que nunca. Juega en su contra lo escaso del arsenal entregado y la posición de entredicho en que han quedado los verificadores al reconocer ante el juez lo que habían evitado decir en público: que los etarras volvieron a llevarse las armas y que no saben dónde están.