EL CORREO 24/12/14
· Consideran que la propuesta del Ejecutivo no desautoriza su trabajo e insisten en que la banda está poniendo fuera de juego «cantidades serias» de armamento
La Comisión Internacional de Verificación (CIV) trasladará a ETA la propuesta para un desarme «rápido» y «efectivo» presentada el domingo por el Gobierno vasco. El plan diseñado por el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, con el aval del lehendakari, Iñigo Urkullu, apuesta porque la banda terrorista comunique la localización de sus arsenales al Ejecutivo autónomo a través de un «comité» creado expresamente para la ocasión. Luego, el Gobierno actuaría según «legalmente proceda», aunque en la nota hecha pública hace 72 horas no explicaba cómo.
Dicho texto fue la respuesta de Fernández a otro comunicado emitido unos minutos antes por la CIV. Los verificadores señalaban que habían recibido informes de ETA en los que la banda les aseguraba que continuaba con «el proceso de sellado y puesta fuera de uso operativo de sus armas, munición y explosivos» iniciado en febrero.
Aunque la organización se comprometía a realizar un inventario de las armas destruidas, la nota de los verificadores no aportaba más pruebas. Una declaración que el presidente del Sinn Fein, Gerry Adams, consideró ayer, a través de un comunicado de Sortu, como una muestra «del compromiso de ETA con la desmilitarización del conflicto vasco».
A pesar de ello, la incertidumbre sobre la veracidad de estos informes desencadenó el malestar del Gobierno vasco, al considerar que la banda está ralentizando demasiado un proceso de desarme que, en su opinión, debería ser más ágil. Las críticas de Urkullu y Fernández no iban dirigidas a los miembros de la CIV, sino a la organización armada.
Una relación estrecha
Fuentes cercanas a los miembros de la comisión sostienen que los verificadores no se sienten desautorizados por la nota remitida por el Gobierno vasco sólo unos minutos después de hacerse pública la suya. El organismo encabezado por Ram Manikkalingam apostaría por mantener una relación estrecha con el Ejecutivo de Urkullu para intentar lograr que ETA dé más pasos en el abandono final de las armas.
Una de las razones por las que los verificadores no se han sentido dolidos por la propuesta de Jonan Fernández es que, al parecer, estarían al tanto al menos de sus líneas maestras. De hecho, el Ejecutivo llevaba varios meses trabajando en el diseño de su iniciativa que, en principio, tenía pensado hacer pública a principios del año que viene. Sólo la falta de concreción por parte de ETA ha precipitado los acontecimientos.
A pesar de las dudas, los verificadores siguen creyendo que la banda terrorista está poniendo fuera de juego «cantidades serias» de armas, pero, aun así, trasladarán a la banda la propuesta del lehendakari.
Básicamente, el plan de Urkullu aboga por una ‘vía vasca’ para el desarme, cuyo eje principal sería la creación de un comité en el que habría representantes del Foro Social –el organismo impulsado por Lokarri–, «agentes internacionales» y miembros del propio Gobierno vasco. Según dicho plan, ETA se comprometería «a materializar el desarme ante la sociedad vasca y canalizarlo mediante los buenos oficios» de dicho comité.