Dentro de nuestra vigente Constitución de 1978 -esa que ahora muchos, incluso desde el propio Gobierno, quieren defenestrar, tanto en su espíritu como en su literalidad-, hubo una novedad que iba mucho más allá de lo que fue la construcción de una monarquía parlamentaria homologable con cualesquiera de las de nuestro entorno. Me refiero, claro es, a su Título VIII, relativo a la organización territorial, que dio lugar al Estado de las Autonomías actual y con el que los padres constitucionales quisieron expresamente amortiguar, por la vía de la generalización, el empuje centrífugo e insolidario de Cataluña y el País Vasco.

Dicho Estado de las Autonomías, a pesar de ataques compulsivos y delirantes desde diversos ángulos, es hoy una realidad sin alternativa viable. Todos reconocen, desde Cantabria hasta Murcia, pasando por Aragón o Castilla-La Mancha, que la autonomía es un bien en sí mismo, que empodera a los ciudadanos y les acerca a su Administración, sin menoscabo de su apego al Estado como entidad superior. Por no referirnos a la propia dinámica funcionarial y de élites que ven en lo autonómico su desenvolvimiento natural e insustituible.

Dentro de ese panorama autonómico felizmente generalizado, la mayor novedad, sin duda, fue ver convertida la provincia de Madrid, por primera vez en su historia, en comunidad autónoma. Y es que ninguna otra autonomía como la de Madrid iba a tener efectos tan contundentes sobre el conjunto, al convertirse en una alternativa competidora de igual a igual, tanto en el terreno político como económico, respecto de las comunidades históricas de País Vasco y Cataluña.

Madrid, con solo 8.000 kilómetros cuadrados, unos 800 más que Euskadi, es, en cambio, la tercera comunidad más poblada de España, tras Andalucía y Cataluña, con más de seis millones y medio de habitantes -o sea, tres veces más que el País Vasco-, y su PIB es de casi el 20% del nacional, el más alto de España, superior ya al de Cataluña y muy por encima del 6% vasco. Ahora que este Gobierno ha sacado por fin unos Presupuestos, con el apoyo de una coalición de independentistas liderada por el vicepresidente Pablo Iglesias, han surgido voces que claman, desde el Ejecutivo y sus aliados, por una armonización fiscal entre comunidades autónomas con el único propósito, también indisimulado, de acabar con la política fiscal de la Comunidad de Madrid, que consideran competidora desleal al ofrecer a las empresas y grandes fortunas más ventajas con menos impuestos.

La Comunidad de Madrid lleva gobernada sin interrupción por la derecha desde 1995, lo que ha convertido la sede de Puerta del Sol en una suerte de alternativa autonómica inexpugnable, que ha visto pasar por La Moncloa, sin que le afectara, primero dos mayorías socialistas con Rodríguez Zapatero y ahora otra con Pedro Sánchez en coalición con Unidas Podemos. Pero, sobre todo, constituye un competidor directo y exitoso frente a las autonomías históricas de Cataluña y País Vasco, que cuando se refieren a Madrid tienen ya que distinguir su condición de capital -de un Estado siempre opresor para los nacionalistas- y de comunidad autónoma, que compite con ellos en su propio terreno. Porque lo más significativo es que, a ese nivel autonómico, y frente a los casos de Cataluña y País Vasco, donde la derecha nacional es anecdótica, en Madrid es justamente esa derecha la que gobierna la autonomía, y con éxito económico además, hasta el punto de que tanto nacionalistas vascos como catalanes reclaman que el Parlamento de la nación ponga coto a su autonomía financiera para evitar que las grandes empresas encuentren allí las bondades fiscales que no encuentran en Cataluña o Euskadi.

Hablar de deslealtad institucional de Madrid, sobre todo debida al uso ventajista de su condición de capital del Estado, y que ese reproche proceda de unos partidos nacionalistas cuya razón de ser constitutiva es la deslealtad respecto del Estado en el que actúan, nos coloca en un terreno argumentativo sorprendente, por no decir increíble. Por lo que al caso vasco se refiere, recordemos que aquí aplicamos justo la fiscalidad que queremos, sobre ciertos márgenes, eso sí; pero, en fin, que sin autonomía impositiva ya me dirán para qué querríamos el régimen del Concierto.

Vamos, que nadie nos obliga a tener, por ejemplo, un impuesto sobre patrimonio más elevado que el de Madrid. Y qué decir del efecto de capitalidad que el nacionalismo vasco no sepa. Precisamente Vitoria-Gasteiz es capital vasca desde 1979 como única fórmula para que esa ideología prosperara en Álava y no quedara reducida a sus dos territorios hermanos que miran al mar. Mientras que Madrid lleva siendo capital permanente de las Españas desde 1561, con Felipe II, quien, por lo que se sabe hasta ahora, no era del PP.