El Decreto-ley 14/2022 del 1 de agosto, por el que se imponen determinadas medidas de ahorro, eficiencia energética y reducción de la dependencia del gas natural, ha sido dictado ‘manu militari’, sin consulta a las comunidades autónomas, ni a las patronales, ni a las Cámaras de Comercio. 

En su Título V, Capítulo I, artículos 29 (plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización) y 30 (actuaciones por parte de las administraciones públicas), resulta inequívoco en relación con la temperatura del aire en los recintos calefactados —no superior a 19 °C—, en relación también con la temperatura en los recintos refrigerados —no será inferior a 27 °C— y no plantea duda alguna sobre la obligatoriedad general de estas medidas en todo el territorio nacional.

El alumbrado de escaparates “deberá mantenerse apagado desde las 22 horas”, disposición que se aplica también “al de edificios públicos que a esa hora se encuentren desocupados”. Se trata, en consecuencia, de un apagón casi completo a partir de las 22 horas que, efectivamente, alterará el ambiente, la seguridad, la movilidad social y el consumo en las grandes y pequeñas ciudades. 

Cuánto puedan afectar estas medidas a la economía de las urbes como Madrid, y tantas otras, es algo que el Gobierno no se ha planteado, lo que suscita una incógnita: ¿ahorraremos el 7% de consumo de gas, pero se deprimirá más aún la economía y el consumo en un país como España con cultura de socialización en el exterior en horas nocturnas? Para empezar, el Gobierno vasco ya ha anunciado que no aplicará el decreto-ley, que las medidas propias que articule serán recomendaciones y que no entrarán en vigor hasta septiembre y no el martes próximo, como se prevé en la disposición gubernamental (“Euskadi se desmarca del apagón de Sánchez”, titular ayer de ‘El Correo’). En general, hay malestar por el modo en que se conduce el Consejo de Ministros, que unas veces opta por el cogobierno con las autonomías (en la pandemia) y otras por la total unilateralidad.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dado una rápida respuesta a Sánchez: Madrid no se apaga, porque si lo hiciera afectaría a “su seguridad y espantaría al turismo y el consumo, provocaría oscuridad, pobreza, tristeza, mientras ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo [el Gobierno]?”. Las cuestiones que plantea Díaz Ayuso son pertinentes y quizás el tiempo le otorgue la razón sobre el efecto negativo que preanuncian. Pero esta disposición es una norma de obligado cumplimiento, se ha dictado por quien podía hacerlo —el Gobierno, mediante decreto ley—, debe ser sometida a la convalidación del Congreso y, en lo sustancial, es homologable con otras de distintos países de la UE, instancia que ha fijado la necesidad un ahorro de entre el 7% y 15% en el consumo de gas ahora disparado en la producción de electricidad. Este decreto-ley, sin embargo, va a tener muchos problemas para que el Congreso lo avale antes de 30 días. 

Pero Isabel Díaz Ayuso debe instar a que el decreto-ley se cumpla en tanto esté vigente. Solo si cree que el Gobierno se ha excedido en sus facultades, puede plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencias, requiriendo previamente al Ejecutivo que se abstenga de regular materias que corresponden a la Comunidad de Madrid si así lo dictaminasen los servicios jurídicos autonómicos.

Todo otro comportamiento sería rechazable, porque la ley debe cumplirse y llamar a resistirse a ella o a eludirla situaría a la dirigente madrileña a la altura de los desafiantes independentistas catalanes y nacionalistas vascos y se alinearía con conductas rebeldes —incluida la del Gobierno, que ha desafiado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con el aprendizaje allí del castellano en la escuela—, perdiendo autoridad moral para reprochar a otros lo que ella practica. 

La naturaleza de Isabel Díaz Ayuso es levantisca cuando se trata de defender —según sus baremos— la economía de la Comunidad de Madrid. Lo hizo durante la pandemia, pero acudió a los tribunales de Justicia, que en la mayoría de las ocasiones le dieron la razón. Ahora puede hacer lo mismo, pero hasta tanto se resuelve el conflicto competencial ante el TC, si se plantea, su obligación es llamar a cumplir con el decreto-ley gubernamental. No cabe ninguna otra opción; ningún subterfugio. Al contrario, Madrid, por sus características referenciales en tantos ámbitos, debe dar ejemplo de solidaridad y puntualidad en el cumplimiento de la ley.

Que otros no lo hagan, que incluso el propio Gobierno la infrinja con frecuencia —ahí están las resoluciones de la jurisdicción contenciosa y las sentencias del Constitucional—, no es argumento válido. La derecha debe demostrar que su sentido de Estado implica sobre todo un compromiso constante con la legalidad, aunque sea un compromiso crítico. 

Díaz Ayuso, además, ha de ser consciente de que sus decisiones son las de un Gobierno autonómico del Partido Popular que, además de a la ley, debe atenerse a las estrategias de su organización, que corresponden a su dirección nacional. Núñez Feijóo ha reclamado un plan de austeridad y ahorro energético y, a pesar de que quizás el que contiene el decreto-ley del pasado día 1 no sea el que él consideraría más adecuado, resulta inverosímil que pueda alinearse con las pulsiones incumplidoras de la presidenta madrileña. 

Madrid, por sus características referenciales en tantos ámbitos, debe dar ejemplo de solidaridad y puntualidad en el cumplimiento de la ley 

Parecía que, tras la caída de Pablo Casado, la presidencia de Núñez Feijóo, su acceso congresual al liderazgo del partido en la comunidad, el archivo por la Fiscalía Anticorrupción de las investigaciones sobre los contratos en los que medió su hermano y la aplastante victoria en Andalucía de Moreno Bonilla, Isabel Díaz Ayuso había dado por concluida su propia versión de verso suelto en el PP.

Este envite desafiante ni puede ni debe ganarlo frente al acatamiento legítimamente crítico de los dirigentes nacionales de su partido, que deben reducir con rapidez y contundencia este nuevo brote de personalismo de la lideresa madrileña, que es recibido con alborozo por el Gobierno y sus aliados, justo cuando las encuestas, ya unánimemente, apuestan por la victoria del PP en unas próximas generales. 

O, en otras palabras, este regreso de Ayuso a los hábitos resistentes frente al Gobierno, entendibles en un contexto diferente al actual, es rechazable, inoportuno e inconveniente y, de nuevo, obliga a que la fuerza tractora de la presidenta madrileña no condicione, para mal, al conjunto de la organización popular ni deteriore sus expectativas nacionales, ofreciendo munición a sus adversarios. El PP ha pasado la pantalla de Díaz Ayuso en versión pandemia y ha ceñido su expectativa a que la presidenta gane de forma aplastante las autonómicas madrileñas de mayo del próximo año. Objetivo posible cuando se conoce que el socialismo en Madrid carece de candidatos solventes y sigue sumido en el desconcierto.