EL MUNDO 06/04/13
· González no quiere que se permita más gasto a Cataluña a costa de otras CCAA.
Madrid ha dicho basta. El Gobierno de Ignacio González no está dispuesto a que Mariano Rajoy incremente los ingresos de la Generalitat catalana a costa de una reducción de fondos de su región o de un aumento de impuestos de los madrileños. Su decisión se la ha comunicado ya al presidente del Gobierno y al propio Artur Mas. Un paso que sitúa la negociación de la futura financiación autonómica en una difícil situación.
El plan que ha despertado las alarmas en Madrid empezó a plasmarse bastante antes de la reunión secreta entre Rajoy y Mas a finales de marzo. El primer paso, de hecho, se incluyó ya en el programa electoral con el que el PP catalán acudió a las elecciones regionales del pasado 25 de noviembre. Se trataba de la promesa -trasladada ya como propuesta formal ante el Parlament- de incrementar la cesión de impuestos a esta región, reducir su aportación al sistema de solidaridad, conseguir capacidad recaudatoria propia y definir su marco legal como un régimen de financiación «singular» frente al del resto de comunidades incluidas en el régimen general. En definitiva, crear una especie de concierto vasco a la catalana sorteando aquellos puntos que exigirían una reforma constitucional. O, dicho de otra manera, apurar al máximo la capacidad del Estado para destinar más fondos a Cataluña a costa del resto de españoles con el objetivo de conseguir un hipotético reblandecimiento del desafío secesionista. Pero ese plan tiene un condicionante: de dónde sacar los fondos. O, teniendo en cuenta que España está en déficit, a quién quitarle los recursos para dárselos al Govern.
Y es ahí donde ha surgido el resto de piezas del puzle. La primera se materializó en marzo y consistió en la limitación de las posibilidades de financiación por su cuenta de las autonomías más rigurosas en el control del gasto (Extremadura, Madrid, Galicia, Castilla y León, La Rioja y Aragón). ¿Cómo se ha conseguido? Prohibiendo que estas autonomías, las más saneadas fiscalmente, puedan emitir deuda propia cuando su tipo supere en 100 puntos básicos el de las colocaciones del Tesoro. La medida supone aparentemente un sinsentido: castigar a aquellos territorios que han cumplido con las exigencias de control del déficit. Pero esconde un evidente sentido político. Al obstaculizar su financiación autónoma, les resultará enormemente difícil no recurrir al fondo de rescate autonómico (FLA), momento a partir del cual su política fiscal, según recoge la ley, dependería del Ministerio de Hacienda. Es decir, que se acabaría su capacidad de bloquear las decisiones de Moncloa de destinar más fondos a Cataluña procedentes del resto de territorios.
La segunda pieza es derivada de la primera. Porque, en caso de que estos territorios caigan en el FLA, el Gobierno podrá imponer la aplicación de un Impuesto sobre el Patrimonio, lo que le permitiría avanzar en el objetivo de ganar ingresos.
La tercera pieza también se ha anunciado ya. Con el fin de recaudar más fondos, Hacienda implantará el famoso impuesto a los depósitos bancarios. Pero, pese a que la justificación hecha pública es la de compensar a los territorios que tuvieron hace tiempo un impuesto similar pero autonómico (Extremadura, Canarias y Andalucía), lo cierto es que el nuevo impuesto será nacional, algo que permitirá incrementar la recaudación y destinar a lo que el Gobierno desee los ingresos sobrantes.
El colofón a este plan pasa por el anunciado déficit individualizado. Es decir, que el Gobierno decida a qué territorio le permite gastar más y a cuál menos. El objetivo: permitir más gasto a la Generalitat a costa de que otros territorios se aprieten más el cinturón. Y el margen no sería pequeño. Hay voces en el Ejecutivo que plantean ya el uso con este fin de un tercio del relajamiento que nos podría conceder Bruselas en el cumplimiento del déficit exigido en la zona euro. Algo que permitiría hasta unos 5.000 millones de margen.
Ésa es la hoja de ruta. Y ése es el plan que ha chocado frontalmente con Madrid, un Ejecutivo que respalda la reforma de la financiación autonómica para acabar con un modelo -el de Zapatero- pensado en exclusiva para ayudar a Cataluña y Andalucía. Pero que no parece dispuesto a permitir que su cambio suponga, de nuevo, una ayuda a la Generalitat a costa del resto.
EL MUNDO 06/04/13