EL MUNDO – 20/06/15
· Madrid se convertirá en la primera región que regulará la actividad de los lobbies y su relación con la Asamblea. El acuerdo firmado ayer entre el PP y Ciudadanos para hacer presidenta a Cristina Cifuentes incluye esta medida junto a otros 75 puntos pactados entre ambos partidos.
La RAE define al lobby como «un grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de determinados intereses». Pero tras 35 años de democracia, los parlamentos españoles siguen sin regular su actividad y su relación con los cargos políticos. La necesidad de las organizaciones privadas de informar a los representantes públicos es tan real como la que tienen por que se vean favorecidos sus legítimos intereses.
La Asamblea de Madrid va a ser la primera institución española que va a sistematizar su actividad. La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad, Cristina Cifuentes, y el portavoz regional de Ciudadanos, Ignacio Aguado, han acordado «crear el primer Registro Público de Grupos de Interés en la Asamblea de Madrid».
Se trata de uno de los 76 puntos que han recogido en un acuerdo de investidura por el que los de Albert Rivera darán a la ex delegada del Gobierno en Madrid las riendas de la Comunidad. El texto recoge 20 medidas de regeneración, 26 relacionadas con la economía y 30 con cuestiones sociales, educativas y sanitarias.
En países como EEUU hay una gran tradición lobbista y están perfectamente delimitadas sus actividades, al igual que en la Unión Europea. Y eso es lo que quería trasladar Ciudadanos a la Asamblea, regular la actividad. «En el Parlamento Europeo está perfectamente regulado. Queremos que en el registro público se inscriban todas las asociaciones y entidades privadas que quieran hablar con algún grupo político o un diputado», precisa Aguado.
Concretamente, asegura que en esta categoría estarán incluidas desde asociaciones de vecinos, culturales, deportivas… hasta representantes de entidades privadas como pueden ser eléctricas, gasísticas, electrónicas… precisa el portavoz regional de Ciudadanos. En otras palabras, para poder acceder al Parlamento autonómico a informar sobre el modo en el que trabajan o sobre sus intereses, deberán estar registrados, incide Aguado.
«Bien es cierto que nada impide que esa empresa o asociación se pueda encontrar con ese diputado o grupo parlamentario en privado, fuera de la Cámara, pero eso ya es cosa suya. Eso formaría parte de su ámbito privado. Lo que queremos es que la relación con los representantes públicos sea transparente, que no haya resquicios para cuestiones ocultas», sentencia.
En relación con este asunto, a finales del pasado abril, la polémica saltó a los medios cuando se supo que el embajador español en Londres, Federico Trillo-Figueroa, y el diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte cobraron del Grupo Collosa, una constructora especializada en hacer obra pública, mientras mantenían su escaño en el Congreso. Percibieron 354.000 y 75.000 euros, respectivamente, y lo hicieron, según precisaron, de forma legal y cumpliendo con sus obligaciones tributarias. El asunto levantó una gran polvareda y la oposición les acusó de lobbistas.
Entre las medidas de regeneración y anticorrupción consensuadas entre Cifuentes y Ciudadanos destaca la realización de una auditoria externa de los últimos ocho años de Gobierno en la Comunidad, encabezados por Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Las partes se han comprometido a que la Asamblea de Madrid publique la agenda de cada diputado y que cada seis meses se dé a conocer, a través de la página web institucional, su actividad política. Es decir, las iniciativas, preguntas e intervenciones parlamentarias que ha realizado cada uno de los representantes. Para ello, será necesario modificar el Reglamento de la Cámara. «Los ciudadanos tienen derecho a saber qué es lo que hacen sus representantes públicos, que para eso los ha elegido», subraya Aguado.
Además, pondrán sobre la mesa la modificación del Estatuto de Autonomía, que deberá ser ratificado por el resto de grupos para eliminar el aforamiento de los cargos públicos. Y los imputados por corrupción deberán dejar su puesto, al igual que los que falseen su currículum. Los naranja consiguen que los partidos políticos tengan la obligación de elegir a su cabeza de cartel electoral por primarias.
Tanto PP como C’s se han comprometido a remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley para que los partidos políticos respondan con su patrimonio por los casos de corrupción de sus cargos públicos. También se pedirá a la Cámara Baja que obligue a las formaciones políticas a crear un órgano interno anticorrupción.
Por primera vez, se limitarán los mandatos del presidente regional y sus consejeros a dos legislaturas e impedirán que un alcalde o concejal también sea diputado. Eliminan el Consejo Consultivo de la Comunidad que ha servido de refugio a políticos y ex cargos regionales como Joaquín Leguina (PSOE) o Alberto Ruiz-Gallardón (PP).
Los grupos parlamentarios deberán rendir cuentas públicas; se pondrá en marcha un portal de transparencia donde se darán a conocer los procedimientos de adjudicación y las empresas contratadas por la Administración regional. Finalmente, redactarán y aprobarán la primera Ley de Publicidad Institucional.
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