ABC 12/03/16
EDITORIAL
· Ha llegado el momento de que las intenciones se transformen en decisiones concretas de la Fiscalía o de la Abogacía General del Estado para llevar a los secesionistas a los tribunales
ES necesario perseverar en el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la creación del «Ministerio de Asuntos Exteriores» de la Generalitat catalana. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría confirmó ayer que el Gobierno presentará alegaciones para mantener la suspensión de la Consejería que dirige Raül Romeva, impugnada ante el Alto Tribunal. Tranquiliza también que el Ejecutivo haga pública su voluntad de confrontarse con el gabinete nacionalista que preside Carles Puigdemont, porque era necesario despejar dudas después de que su vicepresidente, Oriol Junqueras, pidiera en persona a Luis de Guindos ayuda estatal para pagar nóminas de los empleados públicos de la Generalitat. Del Gobierno catalán no se puede esperar ninguna rectificación voluntaria. Su único objetivo es continuar el proceso de «desconexión» con España, que también es una forma de enmascarar la quiebra de la economía pública catalana. Por eso es conveniente que el Gobierno administre con inteligencia los gestos o decisiones de apoyo financiero a la Generalitat, ajustándolos a los plazos previstos y sin propiciar riesgos de agravio con otras comunidades autónomas.
Además, el Estado no debe entregar un solo euro que vaya destinado a financiar los costes del proceso independentista. La Consejería de Exteriores que dirige Romeva es un ejemplo evidente de que el nacionalismo catalán no teme incurrir en contradicciones –como la de querer irse del Estado al que pide ayuda– ni en ilegalidades flagrantes, y quiere que unas y otras se las pague Madrid. Esto no solo concierne a los Ministerios de Economía y de Hacienda, sino a las instituciones centrales del Estado, porque la dialéctica Gobierno-Generalitat sigue instalada en el juego del gato y el ratón. Ya no basta con ir por detrás de los acontecimientos, sembrando el TC de recursos contra cada ocurrencia. Romeva ha querido trampear al TC cambiando de nombre a su consejería, pero manteniendo exactamente las mismas competencias y, sobre todo, el mismo significado político a su cargo: el de encarnar la diplomacia separatista catalana para internacionalizar –por enésima vez– la ruptura con España. El Gobierno dispone de informes sobre lo que la Generalitat se propone con su artefacto ilegal. El consejero catalán está desobedeciendo la orden del TC de suspender el acuerdo de creación de su consejería. Lo está haciendo a conciencia, con publicidad y premeditación. Parece que ha llegado el momento de que las declaraciones de intenciones sobre la voluntad de aplicar la ley en Cataluña se transformen en decisiones concretas de la Fiscalía o de la Abogacía General del Estado para presentar a estos cargos públicos del proceso separatista ante los tribunales penales.