IGNACIO CAMACHO-ABC
La liberación de Puigdemont en Alemania revela un fallo grave en la defensa exterior de nuestra reputación democrática
EL PP sufre un (nuevo) problema en Madrid pero la nación entera tiene otro bastante más grave en Alemania. La liberación de Puigdemont es mucho más que un simple veredicto judicial: afecta a la construcción misma de Europa como espacio común de confianza. Introduce una duda esencial sobre las soberanías nacionales y rompe un acuerdo de fe mutua en las instituciones al someter el criterio de la justicia española a una revisión de suspicacia. Se trata de la peor noticia desde la declaración de independencia de octubre, una catástrofe que devuelve el conflicto catalán a una crítica fase de alarma. La decisión del tribunal de Schleswig-Holstein valida en la práctica el derecho a dar un golpe contra un Estado de la Unión y desprecia su ordenamiento jurídico en un desahogado ejercicio de arrogancia. «Lo más hiriente es que en buena medida copiamos la Ley Fundamental de Bonn para redactar nuestra Carta Magna», dice un diputado de las Cortes constituyentes con ironía amarga. «Según este fallo asombroso –añade un fiscal en franco abatimiento–, cualquier insurrección que no queme edificios del Gobierno podría tener carta blanca. Le han dado impunidad a la revolución con el único y estupefaciente requisito de dejarlo todo como estaba».
Sin embargo, en la valoración de los jueces germanos hay una cuestión más profunda que afecta a los estereotipos sobre España. Los magistrados han resultado permeables a un estado de opinión pública internacional que el separatismo ha creado mediante una amplia labor de propaganda. Frente a ese marco mental dominante, concienzudamente trabajado, nuestros Gobiernos –especialmente el actual– han ido siempre en desventaja. Se han centrado en las cancillerías extranjeras olvidándose de los ámbitos de influencia social e intelectual, de los medios de comunicación, de los lobbies que difunden paradigmas ideológicos de máxima eficacia. Esa tarea esencial de convicción, de venta de nuestros principios constitucionales, de desmontaje de prejuicios, convencionalismos y mitologías falsas, ha quedado al margen de la acción diplomática. Y el resultado es la extensión de un recelo malicioso sobre la calidad de nuestras libertades, un sentimiento de superioridad sobre una democracia de segundo orden que necesita ser tutelada. Para muchos europeos, incluidos los magistrados que han liberado a Puigdemont, aún somos un país de desarrollo político balbuciente, incompleto; una sociedad incapaz de desprenderse de su tradición autoritaria.