La instrumentalización por parte del independentismo del supuesto caso de espionaje masivo se está cobrando nuevas víctimas. No contentos con atribuir al Estado, sin pruebas, la investigación ilegal en el caso Pegasus, los nacionalistas pretenden ahora extender la sombra de la sospecha sobre la ministra de Defensa, Margarita Robles.

No extraña que los socios independentistas de Pedro Sánchez estén concentrando su campaña de desprestigio sobre la ministra responsable del CNI, aunque no exista ningún motivo para ello. Pero mucho más grosero resulta el posicionamiento de Unidas Podemos, que también se suma al señalamiento de Robles como promotora de la supuesta trama de espionaje al entorno nacionalista.

Es evidente que desde la formación morada, que actúa más veces como oposición al Gobierno que como parte de él, se está instigando una cacería contra la ministra de Defensa. Los morados acumulan un dilatado historial de desavenencias con Robles, y han decidido sacar tajada de la crisis desatada por el caso Pegasus para descabalgar a la titular de Defensa del Gobierno. No hay indicios de que vaya a ocurrir, pero sería un grave error que Sánchez transigiera y le entregase en bandeja la cabeza de Robles a Podemos y los nacionalistas para apaciguar la indignación de sus apoyos parlamentarios.

A buen seguro que el presidente del Gobierno tiene presente que Robles es la ministra mejor valorada de su equipo. Un perfil muy respetado que siempre ha dado la cara por la honorabilidad de las Fuerzas Armadas y que ha defendido con contundencia la legalidad frente al desafío separatista.

La ministra de Defensa también se ha destacado por encarnar la parte más responsable del Gobierno, ejerciendo como contrapeso a los excesos de sus socios populistas. Robles tuvo recientemente un encontronazo con la líder de los morados, Ione Belarra, con motivo del criticismo que estaban dirigiendo a su propio Gobierno por enviar armas a Ucrania. Y estas son las cuentas pendientes que Podemos busca ahora ajustar con Robles.

Servicio público

Inmersa en un cruce entre fuego amigo y fuego enemigo, la titular de Defensa no se ha amilanado ante quienes la responsabilizan de un espionaje no autorizado.

En la sesión de control de ayer, Robles dijo lo que algunos compañeros de filas, poniéndose de perfil, no se atreven a decir. Que la amenaza para el orden constitucional que representa y las investigadas conexiones con el Kremlin justifican una monitorización del independentismo por los servicios de inteligencia. Eso sí, con escrupuloso arreglo a la legalidad. Tesis que parece confirmarse por la información, desvelada por este periódico, según la cual el CNI nunca ha solicitado autorización judicial para llevar a cabo interceptaciones masivas como las que se habrían realizado mediante el software Pegasus.

Que la credibilidad y la reputación de Robles están fuera de toda duda parece atestiguarlo el prestigio que se ha labrado su trayectoria política y judicial también entre sus opositores. Por eso es de agradecer que, en este caso, PP y Ciudadanos se hayan desmarcado de la ofensiva contra la magistrada.

El grave señalamiento de ERC a Robles resulta particularmente absurdo con las credenciales de servicio público en favor de las libertades democráticas que la ministra atesora. El adanismo de populistas y nacionalistas no debería pasar por alto que fue Robles una de las personas que más hizo, precisamente, por perseguir a los responsables de la guerra sucia, impulsando en su día la ardua y valiente investigación sobre los GAL.