EL CORREO 10/11/13
· El juez vizcaíno partía como favorito para vocal del CGPJ, pero sus últimas decisiones sobre la liberación de reos de ETA suscitan dudas en el PP.
«En el PP no ha gustado lo de ayer, ahora habrá que ver si tiene consecuencias». Quien habla conoce bien el ambiente judicial de Madrid. Con «lo de ayer» alude a la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de dejar en libertad a nueve presos de ETA afectados por la ‘doctrina Parot’ sin esperar a que el próximo martes se pronuncie el Tribunal Supremo. Y con lo de «consecuencias» se refiere al futuro profesional de Fernando Grande Marlaska, el magistrado bilbaíno que preside esa Sala y que, con su voto, deshizo el empate a ocho entre quienes estaban a favor de excarcelar a esos reclusos –entre los que figuraban Domingo Troitiño, autor de la masacre de Hipercor, e Isidro Garalde, ‘Mamarru’– y quienes defendían que era mejor esperar unos días hasta conocer la posición del Supremo.
Marlaska está entre el medio centenar de jueces y fiscales que aspira a formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Por primera vez se ha permitido que juristas en activo puedan presentar ellos mismos su candidatura para ocupar un puesto de vocal en esa institución. Los partidos, a través del Congreso y del Senado, seleccionarán de entre ese grupo que ha conseguido los suficientes avales a una parte de los integrantes del CGPJ. Hasta este año, eran los grupos políticos los que escogían de forma directa, sin que nadie se postulara al puesto.
En esa carrera, el magistrado bilbaíno ocupaba una de las primeras posiciones, según diferentes fuentes. Tanto que en los ambientes judiciales y políticos de la capital de España se daba «casi por seguro» que Marlaska sería uno de los designados con el apoyo del Partido Popular, formación que ya le había aupado a la presidencia de la Sala de lo Penal. Al menos, dicen, así era hasta el viernes. La decisión de respaldar a los magistrados que defendían dejar en libertad a los nueve presos de ETA ha generado cierto malestar en la formación de Mariano Rajoy que, insisten desde Madrid, podría complicar su designación para el CGPJ.
Una situación que se habría agravado tras las críticas que han vertido desde el viernes los colectivos de víctimas. Tanto la AVT como Covite cargaron contra los magistrados que respaldaron las excarcelaciones y, en especial, contra Marlaska. Consuelo Ordóñez, al frente de la asociación vasca de damnificados, calificó la medida de «injustificable e irresponsable» y reconoció que días antes se había puesto en contacto con este magistrado para «suplicarle» que no facilitara más salidas de prisión y aguardara a que el Supremo se pronunciara.
Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT y con hilo directo con el Ejecutivo, tildó de «vergüenza» la decisión tomada por la Audiencia Nacional. En una nota de prensa, esta asociación apuntaba la teoría de que «las prisas» de los jueces para sacar de prisión a los internos de ETA obedecían a la necesidad de «hacer méritos para ascender al Consejo General del Poder Judicial», una alusión, sin citarle, a Marlaska.
Comportamiento «variable»
Diferentes fuentes apuntan que el magistrado vasco ha tenido un comportamiento «variable» en las últimas semanas. Primero, firmó con el resto de la Sala el auto para que Inés del Río quedara en libertad y argumentó que todos los presos en la misma situación deberían ir saliendo de la cárcel, tras revisarse uno a uno sus expedientes, pero con la máxima celeridad. El pasado lunes, sin embargo, envió una carta a sus compañeros de lo Penal advirtiéndoles de que quizá fuera mejor esperar a que el Supremo se pronunciara y, por lo tanto, retrasar las excarcelaciones previstas para esta semana. Todo con el objetivo de «guardar la necesaria unidad jurisdiccional». Apenas cuatro días después, el viernes, votaba a favor de presos como Troitiño y ‘Mamarru’.
La misiva del lunes, de hecho, se ha llegado a interpretar en determinados ámbitos como un guiño de Marlaska al Gobierno y al PP para no entorpecer su nombramiento como vocal del CGPJ. El Ejecutivo y el PSOE esperan poder anunciar mañana las candidaturas que abanderan para esta institución, considerada el órgano de gobierno de los jueces. Una lista en la que aparecerá el abogado bilbaíno Enrique Lucas a propuesta del PNV. Los grupos parlamentarios quieren acelerar los trámites de renovación del Poder Judicial ante la inminente operación quirúrgica a la que se someterá el Rey en su maltrecha cadera el próximo día 21. El nombramiento de los vocales debe ser ratificado por Don Juan Carlos, aunque antes han de pasar una serie de controles en el Congreso y el Senado. Si esos trámites no se resuelven antes del día 21, la renovación del Consejo General debería aguardar hasta el mes de febrero, una vez su peradas las vacaciones de Navidad y el periodo inhábil de enero.
«Este tipo de nombramientos se deciden siempre en el último momento. Lo que hoy parece que está hecho mañana puede cambiar», advierten fuentes conocedoras del procedimiento. Recuerdan, en este sentido, que también suena con fuerza para el Poder Judicial el nombre de otro integrante de la Audiencia Nacional: el fiscal jefe, Javier Zaragoza. Una candidatura que respaldaría el PSOE. Y parece complicado que si los grandes partidos consensúan la elección de Zaragoza, vaya a salir adelante la propuesta de Marlaska.
«No sería muy lógico sacar de la Audiencia a dos juristas de tanto nivel y dejarla un tanto coja», explican las mismas fuentes. Una incógnita que deberá resolverse en breve. Todo apunta a que mañana mismo.
EL CORREO 10/11/13