Más de 5.000 inmigrantes irregulares, todos ellos marroquíes, llegaron a Ceuta a nado el lunes pulverizando el récord establecido el último fin de semana de abril, cuando fueron unos 130 los que alcanzaron la costa ceutí. Nunca pusieron pie en España tantos inmigrantes en un solo día. A ojos de algunos ceutíes, fue como una nueva Marcha Verde, similar a la que en 1975 organizó el rey Hassan II de Marruecos para adueñarse pacíficamente del Sáhara Occidental. Ante la incapacidad de acogerlos a todos, cientos de marroquíes deambulaban sin rumbo al caer la noche por esa ciudad de 85.000 habitantes.

Esta llegada masiva parece indicar que Marruecos ha cortado la cooperación policial y migratoria con España en represalia por la hospitalización en Logroño, el 18 de abril, de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, enfermo de covid-19.

“Marruecos suspende la cooperación policial y de inteligencia con España y Alemania”, anunció el lunes por la tarde el diario ‘Rue-20’, considerado el portavoz oficioso de los servicios secretos marroquíes. El periódico interpreta así la entrevista que, el domingo por la noche, concedió Mohamed Dkhissi, máximo responsable de la policía judicial, a la televisión pública 2M.

Dkhissi no nombró a ningún país, pero sí afirmó que “la decisión soberana del Estado marroquí la vamos a asumir en tanto que institución de seguridad nacional”. “Por lo tanto, la congelación de las relaciones diplomáticas afecta y se refleja en la cooperación policial”, añadió. El diario sostiene que confirmó así la suspensión de la cooperación con España y Alemania en materia de seguridad.

Después de que concluyese esta entrevista, empezó a propagarse por las redes sociales la noticia de que las fuerzas de seguridad marroquíes iban a relajar su control de la costa norte. A continuación, cientos de marroquíes comenzaron a nadar rumbo a Ceuta, incluidas algunas familias, mientras las fuerzas auxiliares (un cuerpo paramilitar) desplegadas en la zona no trataron de impedir que se echaran al agua ni tampoco los auxiliaron cuando algunos se ahogaban. Lo hicieron Salvamento Marítimo y la Guardia Civil. Al menos un marroquí, de avanzada edad, murió ahogado por la tarde en la playa del Tarajal pese a los intentos de los agentes por reanimarlo.

Más de un tercio de los que pusieron pie en Ceuta eran, según declararon, menores de edad. Los primeros en alcanzar la costa ceutí eran vecinos de localidades cercanas a la ciudad autónoma, pero a medida que transcurrían las horas empezaron a llegar migrantes de lugares más alejados —de Tánger, Larache y Chaouen, por ejemplo— que se habían enterado de la permisividad de las fuerzas auxiliares.

Unos hermanos de Chaouen relataron a la Policía española que el lunes por la mañana se les ofreció subir a un autobús, en el que viajaron con más jóvenes, que les acercaría hasta la frontera española distante 105 kilómetros. Este testimonio hace sospechar a la Policía que las autoridades marroquíes pudieron fletar con discreción algunos vehículos para trasladar hasta las puertas de Ceuta a los aspirantes a emigrar. Aberrahim, un padre de tres hijos adolescentes, residente en Tetuán, contó a su vecino español que encerró a su prole en casa para evitar que cayeran en la tentación de emigrar. “No saben ni nadar”, comentó preocupado. 

Chouf-TV, una televisión por internet considerada afín a los servicios secretos, retransmitió el lunes por la tarde imágenes en directo de la cola de marroquíes que, a las puertas de Ceuta, esperaban echarse al mar para nadar hasta la ciudad española. Ese directo, que duró horas, tuvo un indudable efecto llamada en el conjunto de Marruecos.

‘Rue-20’ anunció también, en un artículo posterior, que “cientos de subsaharianos viajaban a pie” hasta la provincia de Tetuán con la intención de intentar entrar en Ceuta. “Formaban caravanas humanas a lo largo de la autopista que une Rabat con Tánger”, añadía. “Son al menos unos 1.500 los subsaharianos que van camino de Ceuta”, indicó una fuente policial española que se desplazó hasta la zona. La Policía teme que se produzca un inminente asalto a la valla que rodea la ciudad. En lo que va de año, la presión migratoria en el estrecho de Gibraltar ha sido más bien escasa, pero en Canarias sí está en fuerte aumento (un 134% más) con relación al mismo periodo de 2020.

Elena Garzón Otamendi, directora de Relaciones Internacionales en el Ministerio del Interior, intentó en vano a lo largo del día comunicarse con Ahmed Zerouali, su homólogo marroquí, pero este no le cogió el teléfono. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tuvo que intentarlo media docena de veces hasta lograr mantener una breve conversación con Abdelouafi Laftit, su contraparte marroquí. Aun así, los subordinados de Grande-Marlaska no tenían constancia formalmente de que Rabat hubiese cortado la cooperación con España.

Interior publicó a última hora de la tarde un comunicado en el que no formula el menor reproche a Marruecos por su permisividad. Anuncia el envío a Ceuta de 150 agentes de las Unidades de Intervención Policial y de 50 efectivos de la Guardia Civil. Formula un velado deseo de poder repatriar a los marroquíes que alcanzaron Ceuta como lo fueron, en parte, los que llegaron a la ciudad el último fin de semana de abril. Rabat aceptó el mismo lunes la devolución de un centenar de inmigrantes a través del puesto fronterizo del Tarajal, pero probablemente se negará a readmitir a los menores.

Los 200 agentes que Interior desplazará a Ceuta son a todas luces insuficientes con relación al desafío planteado por Marruecos. En 2005, ante los múltiples asaltos de subsaharianos a las verjas de las dos ciudades autónomas, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mandó el Ejército para reforzar las fuerzas de seguridad y las unidades militares de Ceuta y Melilla.

Las autoridades marroquíes ya suspendieron la cooperación migratoria y de seguridad con España en agosto de 2014, pero en esa ocasión se lo comunicaron al entonces titular de Interior, Jorge Fernández Díaz. La restablecieron cuando el ministro pidió disculpas por la interceptación (por error) por la Guardia Civil de Ceuta de la lancha en la que viajaba Mohamed VI y destituyó al jefe de la comandancia en la ciudad autónoma. 

Ahora el motivo es la acogida de Ghali en España desde hace un mes, por “razones estrictamente humanitarias”, según la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. “No nos consta”, fue la respuesta que dio el lunes la ministra a una pregunta sobre la posible relación entre la hospitalización del líder saharaui y la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta.

Después de que los servicios secretos de Marruecos filtrasen a la prensa, el 21 de abril, la presencia de Ghali en Logroño, Rabat convocó al embajador de España, Ricardo Díez-Hochleitner, y publicó dos comunicados muy críticos con la decisión del Gobierno español, de la que no fue informado. Altos funcionarios anónimos recordaban en la prensa marroquí el papel clave de Marruecos en lo concerniente a la lucha contra la inmigración clandestina y antiterrorista. Esas frases fueron interpretadas como una velada amenaza. 

Las autoridades marroquíes esperaban entonces un gesto del Gobierno español, pero este no se produjo. España “no tiene nada que añadir a lo que ha dicho hasta ahora”, afirmó la ministra González Laya el 8 de mayo. Sus palabras sentaron mal en Rabat, que empezó a estudiar qué pasos daría a continuación.

En el Gobierno español, se recuerda bajo cuerda que no es la primera vez que España acoge a dirigentes del Polisario gravemente enfermos —en anteriores ocasiones, Rabat no protestó— y que Marruecos tampoco informó del cierre de la aduana comercial de Melilla en 2018 ni de la modificación de sus aguas territoriales y de su zona económica exclusiva en 2020, pese a que esta interfiere con la solicitada a la ONU para Canarias.

El caso Ghali ha brindado a Marruecos un pretexto para presionar a España para que modifique abiertamente su postura sobre el Sáhara Occidental después de que el 10 de diciembre el entonces presidente de EEUU, Donald Trump, reconociese la soberanía marroquí sobre el territorio disputado. Hasta ahora, ha sido la única potencia occidental que ha dado ese paso. Fue ese mismo 10 de diciembre cuando, a petición de Rabat, se aplazó ‘sine die’ la cumbre entre los dos gobiernos prevista para el 17 de ese mes. 

Sin embargo, bajo cuerda, la diplomacia española respalda, con discreción, a Marruecos. Lo puso de nuevo de manifiesto cuando, a principios de marzo, los abogados del Estado español pleitearon, junto con los de asociaciones marroquíes, contra los del Frente Polisario ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En público, los sucesivos gobiernos españoles son más prudentes y se parapetan detrás de Naciones Unidas. 

Rabat no se conforma con ese doble lenguaje. Su diplomacia sabe que España, la antigua potencia colonial, no puede tomar una iniciativa similar a la de EEUU, pero trata de que al menos secunde el ejemplo de Francia, que apoya desde hace años el plan de autonomía limitada que ofrece Marruecos para el Sáhara Occidental desde 2007. El ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, lo dio claramente a entender el 15 de enero al término de una conferencia sobre ese conflicto.