Existe, además, la constatación histórica de que las relaciones con Marruecos se han complicado extraordinariamente en las etapas en que España se ha encontrado en una situación de debilidad interna, momento que siempre aprovecha el régimen marroquí para aventar sus reivindicaciones territoriales, o cualquier otra bandera patriótica, y resolver sus propios, y severos, problemas internos. En este momento, la confluencia que se presenta se parece a la tormenta perfecta, aunque esté pasando casi desapercibida, con la opinión pública ocupada en otras controversias, unas trágicas, como la pandemia, y otras grotescas, como muchas de las contiendas que retroalimentan el interés político nacional.

Todo esto sucede, además, en un aniversario que se ha olvidado en España, pero que resume bien la estrategia de Marruecos en los momentos más delicados de ambos países. Hace 45 años, el reino de Marruecos aprovechó la agonía del dictador Francisco Franco para lanzar una ofensiva civil y militar sobre el Sáhara; aquellas provincias españolas de las que se apropió Hasán II con la Marcha Verde de noviembre de 1975. Desde entonces, desde el abandono de España del Sáhara, se han repetido múltiples exigencias de las Naciones Unidas para que el pueblo saharaui pueda votar su independencia, ignoradas todas ellas, como otras tantas de la ONU. El pasado sábado, el secretario general del Frente Polisario acusó a Marruecos de haber violado el alto el fuego que estaba vigente desde 1991 y le declaró la guerra.

¿Qué opina el Gobierno español de este conflicto? De forma general, la izquierda española siempre ha sido partidaria de la celebración del referéndum en el Sáhara, pero el PSOE, que ha sido el partido gobernante, se ha cuidado mucho de otorgar a su posición un carácter oficial y, mucho menos, de incluirla en sus reivindicaciones ante Marruecos. Siempre ha sabido navegar entre dos aguas, con la habilidad política que ha caracterizado a los socialistas. Pero ahora el Gobierno de España no lo representa solo el PSOE, sino que también se incluye Podemos, cuyo secretario general, Pablo Iglesias, ya se ha pronunciado a favor de los saharauis en este conflicto bélico con Marruecos. En sus mensajes de Twitter —Pablo Iglesias ha recuperado en las últimas semanas su activismo en redes sociales—, ha hecho suyas las peticiones de Naciones Unidas para reclamar “sin más demora, un referéndum libre, limpio e imparcial para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”.

Ya veremos qué ocurre, pero Marruecos suele contestar siempre, con hechos, a los pronunciamientos que se producen al respecto por parte de autoridades españolas. Todavía recordarán algunos la polémica diplomática que se desató, hace 20 años, cuando en el Parlamento andaluz se ‘autorizó’ un referéndum testimonial sobre la independencia del Sáhara. Ahora es un vicepresidente del Gobierno de España quien lo reclama… En todo caso, lo que, de momento, no se puede perder de vista es que este conflicto ocurre al mismo tiempo que se produce un aumento exponencial de las pateras de inmigrantes hacia Canarias, con un incremento del 1.000%; en un mes, han llegado tantos inmigrantes como en un año. Y tampoco en este caso la respuesta del Gobierno español habrá pasado desapercibida en el régimen marroquí, entre otras cosas, porque no existe precedente: ante la falta de respuesta al problema de colapso, el delegado del Gobierno en Canarias ha autorizado abrir las puertas del centro en el que se encontraban más de 200 inmigrantes y los han dejado en libertad, vagando por las calles, sin más amparo, sin más ayuda, sin más exigencias legales que las que ellos mismos puedan conseguir.

La insólita medida se produce porque tampoco el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos tiene un solo criterio sobre qué hacer con la inmigración ilegal que llega a España, y quizás esa pueda ser una de las razones ocultas por las que no se han habilitado instalaciones, civiles o militares, para acoger a los miles de inmigrantes que están llegando a Canarias. El PSOE, por ejemplo, es partidario de construir nuevos centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE), mientras que Podemos aboga por todo lo contrario, pide el cierre de todos los que existen en la actualidad y se opone, obviamente, a crear más. Las imágenes de los 200 inmigrantes a los que se deja en libertad en Canarias por falta de alternativas se convierten, inevitablemente, en la estampa de un Gobierno desbordado, preso de sus contradicciones, que acaba lavándose las manos y desentendiéndose del problema que tiene delante. Por eso, en las últimas horas, se acumulan las peticiones de dimisión del ministro Marlaska; hasta la líder de Podemos en Canarias, Laura Fuentes, ha pedido su cabeza por “dejación de sus funciones, abandonando a estas personas y trasladando su responsabilidad” a la sociedad y a las instituciones canarias.

Los días dorados del ‘Aquarius’ quedan ya demasiado lejos. Aquella fue la primera decisión que tomó Pedro Sánchez en 2018 como presidente del Gobierno, recién aterrizado en la Moncloa, recibir con toda la parafernalia propagandística a los inmigrantes que viajaban en aquel buque que la extrema derecha italiana rechazó de sus costas. Luego, Pedro Sánchez lo escribió en un libro, con la trascendencia de los grandes hitos: “A mí, personalmente, el haber salvado la vida a 630 personas hace que piense que vale la pena dedicarse a la política”. Pues ahora no tiene a centenares, sino a miles de inmigrantes agolpados solo en las Islas Canarias. Y enfrente, una guerra en el Sáhara que fue español. Para colmo, en otro tiempo, como decía Alfredo Pérez Rubalcaba, en situaciones parecidas de grandes problemas con Marruecos, los gobiernos socialistas solicitaban la mediación de don Juan Carlos, “que descolgaba el teléfono, llamaba a su primo de Marruecos y se solventaba el problema”. Ahora, ya ven, ni siquiera eso. Así que lo dicho, todo esto tiene los perfiles de una tormenta perfecta.