Mas acelera una ley electoral que blinde el acto secesionista del 11-S

Convergència i Unió (CiU) quiere lograr en cuatro meses lo que no se ha podido hacer en 35 años: aprobar una ley electoral catalana. Las prisas de la federación liderada por Artur Mas es llegar a las elecciones autonómicas del 27 de septiembre con una junta electoral propia que no ponga trabas a la manifestación secesionista de la Diada organizada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Se da la circunstancia de que el 11 de septiembre coincide con el inicio de la campaña electoral. Ciudadanos asegura que impugnará esa movilización ante la Junta Electoral, ahora regulada por la ley electoral española.

Así, la mayoría de CiU y ERC en el Parlamento catalán ha permitido que los trabajos de la ponencia de la ley electoral catalana se tramiten de urgencia de forma que, ayer, el Pleno dio luz verde a esa norma, tras rechazar las enmiendas a la totalidad de PSC, PP, ICV-EUiA y Ciudadanos. La abstención de la CUP y el voto en contra a las enmiendas de CiU, ERC y la diputada no adscrita Marina Geli –excargo socialista– permitieron que la ley continúe su trámite parlamentario en comisión. Cataluña es la única autonomía española que carece de una ley electoral propia debido a la falta de acuerdo entre los dos partidos históricamente mayoritarios, CiU y PSC.

Hasta ayer, nunca se había llegado tan lejos en la tramitación de la proposición de ley –los socialistas han presentado hasta cuatro propuestas de ley–. Pero el texto votado ayer no está completo, pues no aclara qué sistema electoral se aplicaría, es decir, si se optaría por un modelo de proporcionalidad –una persona, un voto como siempre ha defendido el PSC– o de representatividad –como exigen los nacionalistas, con fuerza electoral en las comarcas del interior–. Sí prevé, entre otras novedades, la creación de una Sindicatura Electoral catalana que haga las funciones de junta electoral (formada por tres magistrados y tres académicos).

Ciudadanos y PP temen una maniobra de los partidos secesionistas para que la ley entre en vigor antes del 27S y evitar que sea una Junta Electoral española la que resuelva posibles controversias. Para la aprobación definitiva de la ley será necesario el apoyo de los dos tercios de la Cámara catalana (90 diputados). Fuentes parlamentarias aseguran que CiU y ERC se encomiendan a la CUP, ICV y al «transfuguismo», es decir, a los diputados díscolos del grupo socialista.