EL MUNDO – 09/05/15
· La Generalitat no cambiará el sistema de inmersión y aplicará la sentencia sólo a quien lo reclame.
«Esta actuación no es justa, ni honesta ni útil». Con estas palabras el presidente de la Generalitat, Artur Mas, lamentó ayer la decisión del Gobierno de llevar ante los tribunales las resoluciones respecto a la política de inmersión lingüística de la administración catalana. Por eso, el president enmarcó las resoluciones del Tribunal Supremo de apoyar el 25% de clases en castellano que decidió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como una forma de «forzar al derecho» que tiene el Estado para «alterar el amplio consenso social» de los catalanes respecto a que el catalán sea la lengua vehicular en las aulas.
En un acto de la Comisión Jurídica Asesora del Govern, y que contaba con la presencia del presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, Mas se cuestionó si el Gobierno actúa bajo el principio de que las normas sean «justas, honestas y útiles», ya que ha llevado «a una pelea jurídica y judicial» tanto las políticas lingüísticas en la educación como la consulta soberanista del 9-N. El president indicó que estas dos cuestiones tienen un amplio apoyo en la sociedad catalana. «No han permitido lo que una amplia mayoría de Cataluña reclama: el derecho a expresar una opinión, independientemente de su resultado», indicó Mas.
Por su parte, la consejera de Educación, Irene Rigau, afirmó que al Supremo «no le corresponde modificar ni instar un cambio del modelo educativo catalán aprobado por el Parlament, ya que no tiene competencias», y entiende que el 25% en castellano ordenado por el TSJC «no tiene impacto sobre todo el sistema», ya que es sólo para los casos en que las familias lo pidan. Por eso, recordó que las resoluciones judiciales hacen referencia a un único alumno, porque el otro «ya no cursa» ESO.
Rigau destacó que el TSJC había ordenado un 25% y las familias instaron a que se les concediesen un 50%, por lo que el Supremo avala el porcentaje inicial. «Históricamente ha habido demandas minoritarias que pedían más presencia de castellano», destacó la consejera sobre las peticiones de las familias. Incluso dijo que el Supremo reconoció que corresponde al Govern determinar «la proporción razonable» de castellano en las aulas y que las resoluciones sólo afectan a la clase del alumno recurrente. La plataforma Somescola, integrada por entidades y sindicatos, pidió al Govern que «no retroceda ni un paso» para defender la inmersión y el autogobierno.
Convivencia Cívica Catalana lamentó que el Govern vulnere leyes y sentencias, ya que con su actitud «burla los derechos de los ciudadanos reconocidos legalmente». Por su parte, la Asamblea por la Escuela Bilingüe de Cataluña destacó el «importante avance a favor del bilingüismo en la escuela» que suponen las sentencias y atacó «las tergiversaciones, las mentiras y las trampas» de la Generalitat. Por eso, pidieron a la administración catalana que cese con «la politización» que impulsó en las aulas y acate las sentencias.