EL CORREO 23/04/15
· El president condiciona los comicios a que ERC siga apoyándole en el Parlamento, pero avisa que no lo está haciendo «al cien por cien»
Artur Mas lanzó ayer un aviso a Oriol Junqueras. Por primera vez, el presidente de la Generalitat catalana abrió la puerta a posponer las elecciones previstas para el próximo 27 de septiembre, que todavía no han sido convocadas y que CDC y ERC quieren convertir en el referéndum de verdad sobre la independencia que no pudieron llevar a cabo en la consulta celebrada el 9 de noviembre del pasado año.
En una entrevista al canal El PuntAvui TV, el president dio un toque de atención al líder de Esquerra, justo en vísperas del día de Sant Jordi, que las fuerzas nacionalistas suelen aprovechar para elevar el tono identitario. Mas le pidió mayor colaboración y le reclamó «estabilidad parlamentaria», después de que en las últimas semanas CiU haya perdido varias votaciones en el Parlamento catalán por no contar con el apoyo de ERC en asuntos como la creación de un consorcio sanitario en Lleida, en el que la oposición ve una privatización encubierta, o la revisión de una tasa turística.
A medida que se acerca el ciclo electoral, Esquerra toma distancias con Convergència y Artur Mas teme quedarse solo. Por esta razón condicionó ayer la celebración del 27-S a que tenga el apoyo parlamentario de Esquerra. «De aquí a septiembre pueden pasar muchas cosas», expresó el jefe del Ejecutivo catalán. Nunca antes el líder convergente había sembrado dudas sobre la convocatoria de los comicios, extremo que hasta la fecha era intocable para el Gobierno catalán a pesar de que ya había sido cuestionado sobre este asunto, entre otros, por Oriol Junqueras o la popular Alicia SánchezCamacho.
Mas señaló que la cita con las urnas forma parte del acuerdo suscrito el pasado enero con ERC y, «si no cambia nada, yo mantendré lo que se dijo en ese momento». No obstante, recordó que dicho pacto «también habla de estabilidad parlamentaria hasta convocar las elecciones, y yo alguna queja tengo, porque se pierden algunas votaciones en el Parlament que van en detrimento de este acuerdo, que no se cumple al cien por cien». El presidente catalán rehusó calificar de desleal la actitud de los republicanos y sostuvo que «no hay razón en este momento para plantear una cosa diferente de la que se acordó», pero no garantizó que acabe siendo así. Sólo «previsiblemente», las elecciones serán en septiembre.
Cuestionado sobre las declaraciones de Artur Mas, Oriol Junqueras dijo estar seguro de que el jefe del Ejecutivo autonómico «cumplirá» su parte del acuerdo. «Sólo faltaría», dijo. El presidente de ERC replicó, ante los reproches por la actitud de los republicanos en el Parlament, que su partido «es y seguirá siendo el socio más leal del Govern», pero no por ello modificará su criterio «en temas como la lucha contra la corrupción o en favor de la justicia social y la igualdad de oportunidades». «Estoy convencido de que todo irá como estaba previsto y pactado», remató.
Reactivada la causa del 9-N
Mientras las fricciones parecen resurgir en el frente político, en el judicial la Fiscalía de Cataluña ha reactivado la causa para determinar si Mas cometió algún delito con la celebración de la consulta alternativa del 9-N. En un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Ministerio Público le pide que reclame al Gobierno catalán información exhaustiva sobre la organización del proceso participativo que fue prohibido por el Tribunal Constitucional.
La Fiscalía presentó una querella el pasado 21 de noviembre contra Mas, Joana Ortega e Irene Rigau al entender que el presidente catalán y sus dos consejeras cometieron un delito de desobediencia por ignorar la suspensión judicial de la consulta. En el auto de admisión a trámite de la denuncia, los magistrados apreciaron indicios de desobediencia porque los tres políticos «continuaron los actos preparatorios» del sucedáneo de referéndum pese al veto del Constitucional.
El Ministerio Público quiere documentar su tesis y pide una quincena de diligencias para conocer al detalle los trámites que llevó a cabo la Generalitat para celebrar la consulta rebajada sobre la independencia; datos sobre el gasto total, la contratación de la web, la papelería y la elaboración de urnas, el transporte del material o la cesión de locales para la votación. El juez debe decidir ahora si solicita esta información o rechaza la solicitud de la Fiscalía.