EL MUNDO – 16/07/15
· Pacta con ERC reducir a la mitad los plazos para ‘desconectarse de España’ El ‘president’ fichaa un líder de la nueva izquierda para encabezar su lista única y desactivar a Podemos en Cataluña.
ERC y Junqueras sucumbieron a las exigencias de aceptar una lista unitaria con Mas para el 27-S a cambio de acortar los plazos hacia la independencia. Si en un inicio la hoja de ruta soberanista planteaba la ruptura con España en 18 meses, ahora quieren hacerlo en un plazo máximo de ocho. El nuevo plan pasa por ganar con mayoría absoluta el 27-S. Tras el escollo de las urnas, el nuevo Gobierno, formado en un 60% por Convergència y en un 40% por Esquerra, aprobaría una declaración simbólica a favor de la independencia. Luego se abriría un periodo de entre seis y ocho meses que el Ejecutivo catalán aprovecharía para impulsar un paquete de medidas legales y crear las estructuras de Estado con el fin de proclamar la independencia en la primavera de 2016. Una «desconexión» que topará con el rechazo del Tribunal Constitucional y del Gobierno español.
Acelerar el llamado «proceso de desconexión» y acortar el plazo para el posterior «punto de ruptura» de Cataluña con España ha sido la llave que ha usado Esquerra para aceptar unirse a la lista unitaria de Mas de cara al 27-S. La nueva hoja de ruta comenzaría después de las elecciones, cuando el nuevo Parlament aprobaría un paquete de medidas legales, entre ellas una ley de transitoriedad jurídica, destinado a suplir el marco legal español y a evitar vacíos de poder de cara a proclamar una inmediata independencia.
Un nuevo órdago que debe servir para presionar al Gobierno en vísperas de unas elecciones generales y para cautivar al electorado independentista catalán en los comicios de septiembre.
Con este propósito, la nueva Ley impulsada por el Parlament mantendría vigente el ordenamiento jurídico español en todos los ámbitos en los que no haya normas catalanas propias, que prevalecerían sobre las estatales y las sustituirían.
Paralelamente, el nuevo Ejecutivo catalán –presidido por Mas y con Junqueras de número dos–seguiría con su plan de crear las estructuras de Estado fundamentales para una hipotética Cataluña independiente como la Hacienda propia, a partir de la Agencia Tributaria de Cataluña, o la Seguridad Social.
CDC y ERC ya cuentan con que este paquete de medidas para la «desconexión» obtendrá el rechazo frontal del Gobierno español y del Tribunal Constitucional, pero esperan poder crear «fundamentos de derecho» suficientes y haber dado los pasos necesarios como para disponer de una situación irreversible a partir de la cual aprobar el «punto de ruptura», según fuentes de ambas formaciones recogidas por Efe.
Sin embargo, y pese a los movimientos del Ejecutivo de CDC y ERC, las nuevas leyes catalanas destinadas a blindar la independencia chocarán de frente con la legalidad vigente y con los recursos de inconstitucionalidad que presente el Gobierno. Una situación que ya ocurrió con la consulta del pasado 9-N, que el Tribunal Constitucional suspendió de forma unánime. De hecho, la Fiscalía ordenó al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ampliar la investigación sobre la organización y celebración del proceso participativo del pasado 9 de noviembre. Además, la Fiscalía General del Estado también se querelló contra el president, la entonces vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por presunta desobediencia.
Este nuevo plan de Mas y Junqueras es muy parecido a la hoja de ruta firmada por Convergència y Esquerra el pasado 31 de marzo, que contemplaba llevar a cabo el proceso en 18 meses y que ahora lo acota a un máximo de ocho meses. Sin embargo, Esquerra ha querido acelerar el camino hacia la ruptura a cambio de suscribir la lista con políticos que quería Mas para ganar las elecciones. El president, por su parte, se asegura la reelección después de los comicios pese a ir de número cuatro en la candidatura y certifica aún más su compromiso con la secesión tras separarse de Unió hace unas semanas.
La nueva hoja de ruta también sigue las directrices del llamado Consejo Asesor para la Transición Nacional –recurrido por el Gobierno– que recoge que la declaración unilateral de independencia «debería formularse de tal forma que ofreciera una oportunidad de negociación al Estado para que este proceso se pudiera llevar de una forma más ordenada y con los menores riesgos y problemas para todas las partes».
Otro de los escollos para el nuevo Ejecutivo catalán será encontrar avales dentro de la comunidad internacional para impulsar medidas como la creación de un Banco Central propio o buscar aliados para negociar las condiciones de la incorporación del nuevo Estado a la UE y a los organismos internacionales.
De momento, lo que Mas y Junqueras tienen claro es la lista para concurrir juntos de cara a las elecciones del 27-S. Frente a la posibilidad de que la candidatura que surja de la coalición entre ICV y Podemos les coma terreno, CDC y ERC han fichado al ex ecosocialista Raül Romeva para que ocupe el lugar número uno. Los otros dos puestos son para las impulsoras del proceso soberanista, la ex presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, que ocupara el número dos, y la actual responsable de la plataforma Òmnium Cultural, Muriel Casals, que irá de tres.
La candidatura y el pacto de Gobierno posterior han provocado las primeras críticas de los partidos de la oposición. La líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, apeló a la unidad de los partidos constitucionalistas «para frenar el engaño de Artur Mas». De hecho, la popular fue más allá en su idea yreivindicó «una coalición de concordia», en alusión indirecta a PSC y Ciudadanos, para hacer frente a la lista única de Mas y Junqueras.