EL MUNDO 23/05/2013
· El Parlament tramitará, con el apoyo del PSC, la ley de consultas de Cataluña.
Paso a paso, con mayor o menor dificultad pero a un ritmo constante, se van cumpliendo todos los capítulos del guión escrito por Artur Mas para acercar a Cataluña a las puertas de la independencia. Ayer, el Parlament brindó un episodio más al desafío, después de dar luz verde –con los votos convencidos de CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP y la colaboración del PSC– a la tramitación de la nueva ley de consultas populares, amparada en el Estatut y que el president y quienes le acompañan quieren usar para un objetivo claro: preguntar a los catalanes si están dispuestos a la independencia.
El trámite que la normativa superó ayer –tras rechazarse sendas enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos del PP y Ciutadans (C’s)– deja a una sola votación la aprobación definitiva de un instrumento que permitiría, entre otros aspectos, dos cosas: 1) que participaran en la futura votación no vinculante sobre la independencia los mayores de 16 años y 2) dejar la convocatoria de la misma en manos del presidente de la Generalitat.
Su aprobación, además, representará todo un punto de inflexión en la hoja de ruta hacia el soberanismo que firmaron CiU y ERC en su pacto de estabilidad tras las elecciones. Ambas formaciones fueron las que ayer, tras esforzarse en elogiar la «enorme carga democrática» de la futura ley, no ocultaron en ningún momento que su objetivo final es que sea utilizada como una suerte de caballo de Troya para ejercer el derecho a a la autodeterminación.
Así lo plasmó el secretario de organización de CiU, Josep Rull, quien aseguró que la norma «permitiría que el pueblo decida libremente, democráticamente, pacíficamente su futuro colectivo como nación». Una postura que también compartió ERC al señalar que la ley «pretende dar cabida a una consulta por la independencia, si el resto de vías no prosperan». Una lectura compartida por la CUP, pero que en ICV-EUiA dejó posos de duda por su uso «para una sola causa».
El PSC, por su parte, ayer se mantuvo una vez más entre dos aguas, frenando con sus votos las enmiendas a la totalidad de PP y C’s y, a su vez, tratando de demostrar que su apoyo a la ley no debe ser interpretado como un aval a la apuesta independentista de Mas. Para ello, los socialistas advirtieron de que considerar la futura ley de consultas «como un plan b» para la autodeterminación podría hacer que la norma «naciera muerta» por los previsibles recursos y obstáculos que impondrá el Gobierno esgrimiendo la Constitución.
El diputado Ferran Pedret fue quien puso voz a la compleja apuesta socialista, aplaudiendo por un lado la ley por «profundizar en los instrumentos democráticos» y, por otro, advirtiendo de que «si la quieren forzar para hacer aquello que manifiestamente no puede hacer, acabará impugnada». Pedret también trató de responder a las críticas de PP y C’s por su papel de cómplice soberanista, señalando que «algunos nos llaman tontos útiles por defender poder hacer una buena ley y otros, con más moderación, nos tildan de ingenuos. Ni una cosa ni otra», zanjó.
Los socialistas fueron, como era esperado, objetivo prioritario de los discursos del frente constitucionalista, cuyos portavoces trataron de convencerles de que abandonen su postura actual y «no sean útiles» a la causa independentista. Tras recordar que «CiU y ERC quieren hacer un referéndum sobre la independencia», el diputado del PP Santi Rodríguez hizo un llamamiento al PSC para que «no contribuyan a poner la cerilla en manos del pirómano». Albert Rivera, líder de C’s, advirtió a la bancada socialista, asimismo, que la ley de consultas «es una estafa» que «no va de democracia».
Los dos partidos, conscientes de que sus enmiendas se presentaban para ser derrotadas, utilizaron sus últimos cartuchos para desacreditar la nueva norma. Así, el PP argumentó que aunque el Parlament sí puede aprobar una ley de consultas propia, ésta no puede entrar «en temas que se escapan de su competencia», como es, precisamente, el encaje en España. Un argumento que había anticipado el propio Rivera, quien tras tachar los planes soberanistas de «ataque a la convivencia», insistió en que «vienen a romper un país» con una visión del mismo como «un conjunto de coronas, territorios y tribus que se ponen de acuerdo o cuando quieren se van».
EL MUNDO 23/05/2013