EL MUNDO 27/03/16 – EDITORIAL
· Arropado por 400 alcaldes y 2.500 manifestantes, en una exhibición impudorosa de presión a la Justicia, Artur Mas se declaró el pasado octubre, ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que instruye la causa del 9-N, como «único promotor político» de la pseudoconsulta celebrada ese día. Sin embargo, alegó que su ejecución quedó en manos de voluntarios sin que ninguna autoridad del Estado lo impidiera. En la misma línea se posicionaron en sus declaraciones judiciales la ex vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y la ex consellera de Educación, Irene Rigau. Los tres están acusados de delitos de desobediencia, usurpación de funciones, prevaricación y malversación de caudales públicos por desoír el fallo del Tribunal Constitucional que suspendía la consulta del 9-N y por emplear recursos públicos para llevarla a cabo, entre otros, el pago de urnas, papeletas y cartelería.
La información que revelamos hoy destapa las falsedades de Mas y sus colaboradores. Porque fue la propia Generalitat, a través del Departament de Governació, la que solicitó a la compañía aseguradora AXA «un suplemento de la póliza de seguro de accidentes» contratada por la Consejería de Economía para el personal laboral de la Administración catalana. Tal como consta en un escrito presentado por la Fiscalía a Joan Manel Abril, el magistrado instructor del procedimiento, la petición del Govern tenía un único fin: asegurar a los voluntarios del 9-N, en concreto, a 1.317 personas que trabajarían el 9 y 10 de noviembre y más de 25.000 voluntarios el 9 de noviembre, fecha de la mascarada participativa.
De hecho, el suplemento asegurador a los voluntarios fue expedido el 4 de noviembre de 2014, el mismo día que el TC emitió una orden de suspensión del llamado por el soberanismo «proceso participativo». El informe de los fiscales también detalla que la factura por repartir una carta «con el membrete oficial de la Generalitat en que se exhortaba a los ciudadanos a participar en la consulta» rozó los 250.000 euros, hecho que también refuta la declaración de Mas ante el juez.
El ex presidente de la Generalitat no puede seguir negando su responsabilidad en la organización y ejecución del 9-N, ni tampoco el apoyo logístico que la Generalitat prestó a los promotores de la votación. Cabe recordar que, según las declaraciones de al menos dos directores de centros escolares que constan en el sumario, altos cargos de la Consejería de Educación les instaron a ceder las llaves para poder celebrar la consulta. Además, la Generalitat abonó y les proporcionó ordenadores, urnas y papeletas para poder consumar la votación que el TC había prohibido.
Las actuaciones realizadas por el Ejecutivo catalán respecto a la consulta, presuntamente, podrían ser susceptibles de los delitos de desobediencia, prevaricación o malversación de fondos públicos. Y sólo la gravedad de estas acusaciones debería haber disuadido a Mas de seguir parapetado bajo el paraguas del voluntariado que acudió en apoyo del bloque soberanista. En lugar de ello, el ex president continúa manteniendo la estrambótica tesis de que la querella contra él fue una «imposición» de la Fiscalía General del Estado.
La realidad es que, ante el desafío constitucional que supuso el pretendido referéndum, el Gobierno se mantuvo en una prudente posición de respeto a la legalidad y las instituciones democráticas. Por su parte, el fiscal general del Estado blandió una sólida argumentación para sostener la pertinencia de investigar a Mas por su torticera utilización del Derecho y su burla –a todas luces ilegal– de la decisión vinculante del Constitucional de suspender la consulta.
La votación del 9-N fue un simulacro plagado de irregularidades. No hubo un censo real, los certificados de voto se repartieron por doquier y las votaciones se sucedieron sin más garantías que las ofrecidas por los promotores de la pantomima de referéndum. El Govern escenificó ese día una falsa ficción democrática. El escrutinio posterior arrojó un balance paupérrimo para Mas y los suyos, teniendo en cuenta que sólo un 35% de los catalanes convocados fue a votar.
Pero, más allá del resultado e incluso del reproche penal de Mas, Ortega y Rigau, lo que ya es insostenible a estas alturas es que la Generalitat no estuvo involucrada de coz y hoz en el paripé del 9-N. El Consejo General del Poder Judicial rechazó recientemente sancionar al juez por la lentitud en la investigación. Ciertamente, lo apremiante ahora es concluir la fase de instrucción, habida cuenta que ha pasado más de un año desde que la querella contra la consulta soberanista fuera admitida a trámite.
EL MUNDO 27/03/16 – EDITORIAL