EL MUNDO 1/05/13
Entrega un argumentario independentista a gobiernos occidentales, incluido EEUU
La Generalitat cuenta con un total de 42 embajadas, seis de ellas como delegaciones (Londres, Bruselas, Berlín, París y Nueva York) y el resto abiertas bajo el título de «oficinas comerciales». El Gobierno autonómico que preside Artur Mas ha puesto toda su estructura exterior a funcionar para convencer al mundo de la necesidad de convocar un referéndum independentista y, en última instancia, de separarse del resto de España.
El Ejecutivo controlado por CiU y sustentado por ERC ha proyectado su diseño secesionista en una doble dirección: interior, para intentar seducir con su hoja de ruta no sólo a los catalanes, sino al Gobierno de España, y exterior. Este último proyecto centrifugador pasa por aprovechar fundamentalmente las delegaciones en el exterior, las popularmente conocidas como embajadas, que dependen de la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea del Gobierno de Cataluña.
Pero también se están empleando las 37 oficinas comerciales con que cuenta el Gobierno autonómico a lo largo y ancho del planeta. El plan de venta secesionista en el mundo ha puesto su primera piedra con la distribución en varias cancillerías occidentales, incluida la de EEUU, de un documento de seis folios presidido por un argumentario que explica por qué Cataluña tiene que separarse del resto de España.
En este documento plagado de inexactitudes y falsedades históricas, lo primero que hace la Generalitat es culpar a las comunidades autónomas con menor renta per cápita de todas sus desdichas. «El problema es que Cataluña», explica, «paga tanto a las regiones más pobres de España que su propia educación y el sistema de bienestar, así como sus carreteras y ferrocarriles, son significativamente peores que el de aquellas regiones que está ayudando».
«Tenemos sanidad y carreteras y trenes peores que las CCAA a las que ayudamos»
Eso sí, deja claro, en una clara contradicción in terminis, que «nadie en Cataluña cuestiona la necesidad de ser solidarios dentro de España y dentro de Europa».
«¿Por qué los catalanes quieren convocar un referéndum para decidir su futuro?», se pregunta el argumentario pagado, editado y distribuido con fondos públicos del Estado –conviene no olvidar que la Generalitat forma parte de la estructura del Estado–. Ellos se hacen la pregunta y ellos la responden: «Como siempre, una simple lista de agravios no podrá acabar con el espíritu de tolerancia, optimismo y modernización que constituye el corazón del movimiento hacia la independencia».
La propaganda de Diplocat, un organismo que depende de la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Generalitat, también señala en otro epígrafe que «España ha decidido no ser una sociedad multicultural».
Esta autoafirmación también va seguida de la correspondiente autocontestación: «Muchos políticos españoles consideran que las diferencias entre Cataluña y el resto de España no son parte de una rica herencia cultural, sino una amenaza a la unidad nacional».
La siguiente frase es una andanada en toda regla «al ministro de Cultura», al que, sin citarlo por su nombre, acusa de «haber creado una enorme alarma al hablar en el Parlamento español de la necesidad de españolizar a los alumnos catalanes». De la parte, José Ignacio Wert, al todo: «Los comentarios incendiarios sobre Cataluña se han convertido un lugar común de la política española».
Asimismo, este argumentario destaca que la Constitución Española de 1978 fue diseñada para «permitir flexibilidad y espacio para un compromiso político». «Pero esta interpretación ha sido echada por tierra por los dos principales partidos políticos españoles», añade el documento, que atribuye a ambas formaciones una «visión restrictiva de la devolución –de los derechos del pueblo catalán– y del multiculturalismo».
Por ello, precisa que «muchos catalanes se cuestionan ahora la legitimidad de una constitución que está controlada exclusivamente por otra gente y que es habitualmente utilizada en su contra».
Por último, resalta que «el movimiento de autodeterminación es pacífico y social» y «no depende de partidos políticos». En esta línea, apunta que ha habido «dos gigantescas protestas en Barcelona». «La primera, en 2010, reunió a alrededor de un millón de personas. La segunda, a 1,5 millones, convirtiéndose en una de las más importantes de cuantas han tenido lugar en Europa».