EL MUNDO 13/04/14
ENTREVISTA JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
Las fotografías que tiene en su despacho podrían ser un resumen de su intensa vida política: desde una imagen en Moncloa, con apenas 30 años, junto a Suárez en su toma de posesión como gobernador civil de Asturias a otra en el Vaticano con Rajoy y una más reciente en Alhucemas ya siendo ministro del Interior. Jorge Fernández Díaz atiende la petición del fotógrafo para que pose en el lugar donde pasa más horas que en su propia casa. Tiene una tarde tranquila, no hay tiempo tasado e incluso bromea cuando se le pregunta si la caja fuerte que se ve nada más entrar es la de los fondos reservados.
Pregunta.–¿El debate sobre Cataluña en el Congreso ha servido de algo, con un Artur Mas que dio plantón e insiste en su deriva independentista?
Respuesta.–El debate fue en sí mismo muy bueno porque, por primera vez, se ha debatido y, además, donde debía hacerse. El sentimiento absolutamente mayoritario era que Mas tenía que haber estado dando la cara, defendiendo esa iniciativa como hizo Ibarretxe. Pese a que después ha dicho que va a seguir adelante con su proyecto, quedó claro que es el Congreso de los Diputados donde tiene que debatirse lo que afecta a la soberanía nacional como es la unidad de España. Cataluña es una cuestión capital y uno de los principales problemas que tiene en estos momentos España y el debate no fue un punto final, pero sí un claro punto de inflexión. Ninguno de los que intervinieron, incluidos los tres comisionados del Parlamento catalán, hizo la más mínima mención a lo de España nos roba, y no hablaron de la España subsidiada. Eso no es un avance pequeño, si tenemos en cuenta que el expolio fiscal y España nos roba está muy presente en el origen de este problema.
P.–Mas ahora dice a Rajoy que fije día y hora. ¿Es creíble que la Generalitat esté dispuesta a negociar?
R.–La consulta no se va a celebrar y eso está fuera de toda duda porque es inconstitucional.
P.–¿Y cómo se impide si finalmente hacen un referéndum, aunque sea con urnas de cartón?
R.–Aplicando la ley. El presidente del Gobierno ha dicho que está abierto al diálogo, pero que no se le puede pedir diálogo o negociación sobre algo que no le pertenece a él o que está en su capacidad de decisión determinar. Ni Rajoy ni nadie tiene autoridad para negociar o hablar sobre la soberanía nacional.
P.–La vicepresidenta le ha reclamado suspender el referéndum si quiere dialogar.
R.–Me parece un planteamiento muy razonable. Decidir unilateralmente un referéndum y después decir que se quiere negociar y que, además, ese referéndum es innegociable, no es una posición asumible para nadie. Si esa voluntad de diálogo es sincera, para que tenga un mínimo de credibilidad Mas debe retirar inmediatamente esa iniciativa.
P.–¿Cómo se va a escribir el final de esto?
R.–España no se entiende sin Cataluña, ni Cataluña sin España. Unidos somos más fuertes y separados perdemos todos. La fractura social que se ha producido en Cataluña y la división que hay es consecuencia de las decisiones de algunos dirigentes irresponsables, que han utilizado el agravio como medio de actuación política. Eso les tiene que pasar factura en las urnas, porque los responsables de la Generalitat están fomentando un pueblo dividido y fragmentado en el propio seno de la sociedad catalana, y eso es una gravísima irresponsabilidad histórica.
P.–Ayer en Toledo se presentó finalmente la candidatura de Arias Cañete. ¡Menudo secreto a voces! ¿Para este viaje hacían falta alforjas?
R.–Miguel Arias Cañete es un candidato espléndido, cuyo conocimiento del Parlamento europeo está acreditado por sus 14 años de presencia allí, lo cual es una garantía de éxito. Es sin duda una apuesta ganadora. En cuanto a si es el tiempo y la hora oportuna para anunciar la candidatura, no tengo ninguna duda.
P.–La espera ha desquiciado a algunos, y en el PSOE ya han empezado la traca contra su candidato.
R.–Si alguna candidata se ha puesto nerviosa, es la señal de que el PP no se equivoca. Tener enfrente como rival a Miguel Arias Cañete no va a ser fácil para Elena Valenciano, y de ahí la tensión que demuestra.
P.–¿En el Consejo de Ministros hay tensión por si dentro de unos meses se produce una crisis de gobierno?
R.–Yo no percibo ninguna tensión ni temor. Desde el día del nombramiento nuestro cargo está a disposición total del presidente, que en el momento que lo estime oportuno puede proceder a nuestro relevo. En política hay que estar siempre con la maleta preparada.
P.–¿Ha tenido la tentación de tirar la toalla?
R.–Jamás. En absoluto. Tengo muy claro quién me nombró, y también que el presidente tiene derecho de elegir el momento en que, sin tenerme que dar ninguna explicación, me puede cesar.
P.–¿Qué le quita el sueño al ministro del Interior?
R.–Una de las cosas que más me preocupa es la inmigración irregular, sobre todo a raíz de los trágicos acontecimientos en Ceuta cuando 15 personas que querían entrar ilegalmente a España perecieron ahogadas en aguas marroquíes. Ese drama humano me afectó profundamente.
P.–¿Esos 15 muertos no eran motivo suficiente para cesar al director de la Guardia Civil?
R.–El tiempo transcurrido, la investigación realizada, el ejercicio de transparencia llevado a cabo e incluso las autopsias que se han hecho a los cadáveres recuperados en zona española han puesto de manifiesto que todos los fallecimientos se produjeron por sumersión y en ningún caso había tenido nada que ver con el lanzamiento de pelotas de goma que con carácter disuasorio había lanzado la Guardia Civil.
P.–Usted mismo ha dado orden de que ese tipo de material antidisturbios no se use más. ¿Por qué, si no hubo errores?
R.–Yo di la orden de que nunca más se utilizaran las pelotas de goma en el mar una vez que la Guardia Civil llegó a la conclusión de que el efecto disuasorio no se había producido. A posteriori la experiencia aconseja no utilizarlas.
P.–¿Qué hay de cierto en que usted ha dado orden de bajar la guardia en Ceuta y Melilla, y eso está produciendo un efecto llamada?
R.–Lo niego rotundamente. En este momento hay tres grupos de intervención policial desplazados a Melilla, que son 150 policías, y 10 módulos de intervención rápida, que son 200 guardias civiles, de refuerzo de control fronterizo en Melilla. En cuanto a Ceuta, se han desplazado grupos de intervención policial y se han reforzado los módulos de intervención rápida de la Guardia Civil. Tenemos el derecho y el deber de controlar nuestras fronteras, en el marco de la ley y con pleno respeto a la dignidad de las personas, y no se ha producido ni delación ni efecto llamada.
P.–¿Tiene algo que decirle a la Defensora del Pueblo, cuando critica las devoluciones en caliente y dice que la valla está en territorio español?
R.–Niego el concepto de devolución en caliente, porque no se han producido. Para que se produzca devolución tiene que haber entrada en España, y no ha habido tal entrada. Cuando se entra en territorio nacional se aplica la Ley de Extranjería.
P.–¿Y cómo podemos pedir a Europa que no mire hacia otro lado si el PP y el PSOE son incapaces de ponerse de acuerdo en este asunto?
R.–Efectivamente, tiene poco sentido. El presidente del Gobierno y yo mismo hemos pedido un pacto de Estado, al margen de eventuales vaivenes en responsabilidades de Gobierno y en disputas partidistas. Con el tema de la inmigración debe de haber altura de miras, y un compromiso serio y perdurable entre PP y PSOE, sin excluir a ninguna otra fuerza política.
P.–También se le acusa de que hubo errores de estrategia por parte de la Policía el 22-M. ¿Los hubo?
R.–No le corresponde al ministro del Interior entrar en cuestiones operativas, pero a la vista de los hechos se ha abierto una información reservada en la Policía. El director general comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los resultados de esa información reservada y de las conclusiones que se deriven de la misma.
P.–¿No le parece humillante que nos envíen observadores internacionales?
R.–Esas misiones se realizan también en otros estados democráticos como Reino Unido, Alemania o Italia. Lo que habría que plantearse es si tienen sentido misiones de observadores de esas características en Estados de la UE. Dicho esto, una vez que han venido, al menos habrán podido comprobar que el derecho de manifestación se ejerce en España con absoluta normalidad, y también comprobarían la eficacia de nuestra Policía y la extremada peligrosidad de determinados grupos radicales.
P.–¿Qué le parece la idea de Ana Botella de hacer un manifestódromo en Madrid?
R.–Yo nunca he hablado de manifestódromos y creo que no es una buena idea, pero sí digo que hay que hacer compatibles los derechos de todos, porque ningún derecho es absoluto, los derechos de los que se quieren manifestar y de los que no se quieren manifestar.
P.–Visto lo visto, ¿Bolinaga tiene que volver a prisión?
R.–Eso lo tienen que determinar los jueces.
P.–¿Está habiendo una política encubierta de acercamiento y excarcelación de presos?
R.–Es absolutamente falso. Mientras ETA no se disuelva o la persona que cumple condena no se desvincule públicamente de la banda, se seguirá aplicando la dispersión. Está en manos de la banda o del preso que no se le aplique esa política.
P.–¿Que la reforma de la justicia universal permita que peligrosos narcotraficantes estén en libertad no merece una rectificación?
R.–España no tiene por qué ser el gendarme universal en la lucha contra el tráfico de drogas en el mar. Es razonable que deba existir algún punto de conexión que justifique nuestra actuación, bien sea que el pabellón del barco sea español, que el puerto de origen o destino sea español, que haya españoles entre los implicados, o que el barco esté en aguas españolas. Si no se da ninguno de esos requisitos, nuestra intervención sólo debe estar motivada sobre la base de los convenios internacionales y a petición de la parte legítimamente afectada.
P.–Hablemos de la ley mordaza…
R.–No sé lo que es eso.
P.–Pues la Ley de Seguridad Ciudadana que, según el CGPJ, tiene varios puntos inconstitucionales.
R.–Ese anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana ha sido sometido a consulta de la Agencia Española de Protección de Datos, del Consejo Fiscal, del CGPJ y del Consejo de Estado. Cuando pedimos a tantas instituciones informes es para que el proyecto que finalmente remita el Gobierno al Congreso tenga todas las garantías de legalidad y constitucionalidad.
P.–¿Qué le parece que Pilar Urbano diga que el Rey podría haber sido el elefante blanco del 23-F y la posibilidad de que se desclasifiquen los documentos del CNI al respecto?
R.–Eso es falso. Yo fui nombrado gobernador civil de Asturias en julio del 80 por Adolfo Suárez. Si algo tengo claro es la absoluta e inquebrantable lealtad de Suárez hacia el Rey. Viví en Asturias el 23-F y tengo que decir que poner en cuestión la actuación del Rey aquel día es faltar a la verdad y cometer una injusticia y una irresponsabilidad históricas. Y poner en tela de juicio la lealtad de Adolfo Suárez hacia el Rey también.