EL MUNDO 16/04/15
· Artur Mas ya ha puesto en marcha la maquinaria para celebrar las elecciones «plebiscitarias» del 27 de septiembre. El Govern adjudicó el 10 de abril el contrato para gestionar la publicidad institucional con la que el Ejecutivo catalán difundirá entre la ciudadanía el objetivo de su adelanto electoral. El departamento de Presidencia desembolsará 1,49 millones de euros (IVA incluido) para incluir su campaña institucional en los principales medios de comunicación catalanes y estatales.
Según el expediente de la adjudicación, que ha ganado la empresa Focus Media, «el objetivo formal de la campaña institucional es informar del motivo de la convocatoria electoral», después de que el pasado 14 de enero el presidente de la Generalitat anunciara que anticiparía las elecciones al 27 de septiembre para dar salida al proceso soberanista, una vez que el Tribunal Constitucional (TC) impidió la celebración de la consulta de autodeterminación del pasado 9 de noviembre en su formato original.
Al margen de la cuantía que saldrá de las arcas públicas de la Generalitat para financiar la propaganda del Govern, la adjudicación de esta primera gran partida vinculada a las elecciones al Parlament indica que Mas tiene pensado cumplir con su palabra y convocar oficialmente los comicios.
Esta circunstancia no parecía tan evidente hace sólo un mes, cuando el líder de ERC albergaba dudas sobre si el president acabaría dando marcha atrás por miedo a sufrir un nuevo descalabro electoral en septiembre. El 18 de marzo, Oriol Junqueras declaraba, refiriéndose a la convocatoria electoral: «Ya lo veremos, porque es un elemento de incertidumbre. Primero hay que ver si efectivamente habrá elecciones el 27-S, que nosotros esperamos que sí que haya, pero aún no están convocadas oficialmente. Procuro dudar de todo lo que sea conveniente dudar».
El posterior pacto entre Convergència y ERC para realizar las «plebiscitarias» en la fecha señalada –y establecer un plazo de 10 meses desde el 27-S para redactar una constitución catalana y de un año y medio para proclamar formalmente la secesión– apuntaló el compromiso de Mas. La adjudicación de la campaña institucional de las elecciones es ahora el primer paso logístico y formal para garantizar la celebración de los comicios.
Mientras el Govern concreta el coste de la publicidad institucional del 27-S, oculta en cambio el del operativo desplegado durante el sucedáneo de consulta del 9-N. La vicepresidenta del Govern se niega a responder una batería de preguntas parlamentarias que el PP le remitió por escrito con el objetivo de conocer el dinero público que la Generalitat destinó a aspectos como la seguridad, el alquiler de mobiliario o las horas extra pagadas a personal de la Administración para realizar el escrutinio. Joana Ortega argumentó que no puede contestar por existir una causa abierta contra ella, Mas y la consejera de Educación, Irene Rigau, por amparar la votación.