En este contexto hay que enmarcar las conclusiones que arroja el estudio realizado por el sindicato catalán de profesores AMES, que acredita la burda distorsión que aún hoy se sigue practicando en los libros de texto en Cataluña. Es cierto que esta nefasta práctica, fruto de la descentralización de competencias en materia de Educación, es extensible a otras comunidades autónomas. Pero es en el País Vasco y, sobre todo, Cataluña, donde la obsesión por impulsar un sentimiento nacionalista entre profesores, padres y estudiantes ha alcanzado cotas más escandalosas.
El informe de AMES, que analiza los manuales de Ciencias Sociales de 5º y 6º de Primaria empleados en Cataluña, concluye que en los textos que manejan los alumnos de entre 10 y 12 años persisten «planteamientos ideológicos partidistas» y «tendenciosos». Los contenidos de geografía e historia españolas se reducen a la mínima expresión, mientras se fabula sobre una inexistente «Corona catalanoaragonesa» –en lugar de la Corona de Aragón– y se da a entender que Cataluña es otro país de la UE. Por ejemplo, el manual de 5º de Primaria de la editorial Cruïlla presenta la organización de Cataluña con sus características identitarias sin ninguna referencia a España ni a la lengua española; el libro de texto del mismo curso de la editorial Edebé se pregunta cuál es la lengua oficial de Cataluña, omitiendo que esta autonomía dispone de dos lenguas cooficiales; y el manual de 6º de Primaria de Conocimiento del medio la editorial de La Galera se dice que la ley principal de Cataluña es el Estatuto, sin mención alguna a la Constitución.
La Lomce fija un currículum común con contenidos que deben impartirse en todas las comunidades autónomas. Sin embargo, es evidente que la Generalitat hace tiempo que decidió vulnerar esta normativa. La propia Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto ha denunciado «presiones políticas» por parte de varias comunidades «de todo tipo» a la hora de sesgar los contenidos en la parte autonómica de los currículos.
La tergiversación de los libros de texto –especialmente en materias troncales como la Historia– resulta grave y reprobable, por lo que cabe exigir una respuesta inmediata del Gobierno. Es verdad, tal como ayer adujo el ministro de Educación –en contestación a una pregunta parlamentaria de Ciudadanos–, que el Ejecutivo sólo puede actuar «si hay denuncia», dado que las competencias están transferidas a las CCAA. Sin embargo, sí está en su mano reforzar las inspecciones para asegurar una mayor homogeneidad y rigor en los manuales. El PP se ha comprometido a ello y lo deseable es que el resto de fuerzas políticas de ámbito nacional se sumen a este propósito, en aras de ampliar las competencias de los inspectores del Estado.
Intervenir en el proceso educativo con criterios políticos o partidistas es inadmisible. Y no sólo porque erosiona la vertebración nacional –se enfatizan las diferencias y no lo que une a los españoles–, sino por una elemental exigencia de rigor académico.
El nacionalismo catalán, desde las leyes educativas y de política lingüística de Pujol, está acostumbrado a manosear la Educación para saciar sus fines políticos. El Gobierno no puede resignarse ante esta intolerable práctica, que lesiona gravemente el rigor pedagógico y que perpetúa la apología del secesionismo.