EL MUNDO – 31/03/15
· CDC, ERC, la ANC y Òmnium Cultural acuerdan aprobar una constitución en 16 meses y un referéndum en dos años.
· Las elecciones del 27-S serán consideradas plebiscitarias, no habrá listas conjuntas y Unió se queda fuera del acuerdo.
· Los firmantes se comprometen a ignorar la legislación vigente y las posibles impugnaciones ante el Tribunal Constitucional.
Convergència y Esquerra alcanzaron ayer un pacto para considerar «plebiscitarias» las elecciones autonómicas del 27 de septiembre y actuar en consecuencia si los partidos independentistas obtienen la mayoría. Las dos formaciones, que no han logrado de momento convencer a ninguna otra fuerza política, establecen un plazo de 10 meses desde el 27-S para redactar una constitución, y de un año y medio para proclamar formalmente la secesión de Cataluña.
Según el acuerdo, y teniendo en cuenta los numerosos condicionantes que establece el documento suscrito ayer, Artur Mas y Oriol Junqueras están dispuestos a declarar la independencia antes de abril de 2017.
El texto, titulado Hoja de ruta unitaria del proceso soberanista catalán, empieza anunciando un «proceso de transición democrática» para que Cataluña «se convierta en un Estado independiente si así lo quiere la mayoría de la ciudadanía». Fuentes consultadas en Convergència y en ERC no precisaron si les bastaría con la mayoría absoluta de los diputados electos el 27-S o si requerirían también la mitad más uno de los votos emitidos.
Esos partidos se comprometen a incluir «como punto primero y destacado» en sus programas electorales que votarlos supone «un pronunciamiento favorable a la independencia de Cataluña». Es decir: pierde fuerza la idea de una lista conjunta soberanista –pese a que Convergència y su entorno mediático siguen reivindicándola– y la gana la de que cada formación se presente por su cuenta.
Otras concesiones a Esquerra son la inclusión de frases como que «el eje nacional y el social son inseparables» y que por eso «hay que hacer una apuesta decidida por la recuperación del Estado social», o que «es imprescindible expresar una voluntad inequívoca de regeneración democrática y lucha contra la corrupción». Los republicanos temen verse salpicados por los casos judiciales relacionados con CiU.
Pero al margen de estas victorias menores, ERC ha transigido con el grueso del proyecto que Mas expresó en una conferencia el pasado mes de noviembre, después de la consulta del 9-N. Empezando por los plazos: en vez de una proclamación inmediata de la independencia, los partidos se dan 18 meses para preparar el terreno a partir de las elecciones.
Justo después del 27-S se elaboraría «un proyecto de texto constitucional» en un plazo aproximado de 10 meses. En paralelo, se crearían y se pondrían en marcha las estructuras necesarias para la creación de un nuevo Estado. Se citan la Hacienda propia, la seguridad social, la «transitoriedad legal», la acción exterior, la transición de infraestructuras estratégicas, los servicios sociales y de salud, el abastecimiento energético y la seguridad ciudadana.
También en ese momento tendría lugar una «declaración soberanista inicial». El texto aclara, para blindarse ante decisiones judiciales como la reciente anulación de la votación del 9-N por parte del Tribunal Constitucional: «El proceso de transición democrática no quedaría en ningún caso supeditado a la vigencia jurídica o a eventuales impugnaciones de esta declaración».
En el capítulo relativo a las «relaciones institucionales», el documento suscrito ayer establece que, siempre en el caso de victoria soberanista el 27-S, se abrirían «negociaciones» con el Gobierno español para discernir asuntos como el reparto de activos y pasivos –el independentismo cree que tiene un elemento de presión con la abultada deuda pública– o las «relaciones entre los nuevos Estados»: Cataluña y el resto de España.
Al mismo tiempo, se establecerían negociaciones en el ámbito internacional para «el reconocimiento y la admisión del nuevo Estado». Sin embargo, el texto compromete a los partidos firmantes, como también quería Convergència, a «mantener una actitud expectante» con respecto «a la alternativa de un referéndum vinculante por parte del Estado español sobre la independencia de Cataluña». Es decir: se dejará la puerta abierta hasta el último momento a la llegada de una oferta del Gobierno para llevar a cabo una consulta como la que no pudo celebrarse el 9-N por imperativo legal.
El último punto del texto, el referido a la «culminación del proceso», relata cómo se imaginan los soberanistas la situación política catalana en 2017: «Al final, se celebrará un referéndum vinculante sobre el texto constitucional que culminará el ejercicio del mandato democrático a favor de la constitución del nuevo Estado catalán. El resultado positivo de este referéndum permitirá la proclamación de la independencia».
A partir de ahí, se elegiría un nuevo Parlament «ya en el nuevo marco constitucional» y después se negociarían «las nuevas formas de relación con el Estado español y con la Unión Europea», a pesar de que varios portavoces comunitarios han alertado de que Cataluña quedaría fuera de la UE en caso de independencia.
Junto a Convergència y ERC, firman también el texto sus acólitos habituales entre las entidades privadas soberanistas: la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia. Sin embargo, son más significativas las ausencias: no están dentro del acuerdo ni Unió –que consultará a su militancia el 14 de junio si secunda el plan de Mas y Junqueras–, ni ICV, ni EUiA, que sí suscribió la hoja de ruta de mínimos que se pactó hace dos semanas.
Tampoco han firmado la CUP ni MES, el partido que agrupa a los ex socialistas soberanista escindidos del PSC, pero en este caso parece cuestión de tiempo.
En cuanto a la CUP, cuyo concurso según todas las encuestas sería imprescindible para que los soberanistas alcanzaran la mayoría –al menos la parlamentaria– el 27-S, el documento que ayer suscribieron Convergència y ERC se les queda corto. Al menos si se tiene en cuenta la hoja de ruta propia que presentó hace 10 días, que exigía una «declaración unilateral de independencia» justo después de las elecciones.
La formación, que en estos momentos cuenta con tres diputados en el Parlament, establecía otras premisas que también la alejan del texto pactado por Mas y Junqueras, como la recuperación del concepto de los Països Catalans –el acuerdo de ayer no hace referencia ni a las Baleares ni a la Comunidad Valenciana– o la voluntad de dejar la UE motu proprio.
En vista de la situación, cobra más importancia si cabe el papel de Unió Democràtica. Convergència lleva tiempo intentando que alguien más proclive al independentismo releve a Josep Antoni Duran Lleida en la dirección del partido. Sin embargo, Duran no se ha dejado amilanar hasta ahora. Con el argumento de que antes hay que afrontar las elecciones municipales del 24 de mayo –a las que la federación concurrirá unida, como desde hace 35 años– y de que la militancia votará en junio, la cúpula democristiana ha conseguido esquivar de momento el debate soberanista. Pero la hoja de ruta suscrita ayer la obligará a mover ficha.
Fuentes de la dirección del partido no quisieron ayer ir más allá de manifestar «respeto» por la iniciativa de Convergència y ERC. Todo pasa en un momento en que el entorno de Duran ha impulsado la creación de una nueva plataforma política, Construïm, que no es partidaria de la secesión y que podría convertirse en el refugio electoral de los afines al líder de Unió si se produce la ruptura de CiU.
Y, aunque los ex socialistas de MES sí parecen dispuestos a sumarse al plan de Mas y Junqueras –ya han alcanzado acuerdos con sus respectivas formaciones en varias localidades de Cataluña de cara a las municipales–, ayer se consumó el alejamiento definitivo del otro partido que suscribió el pacto de mínimos de hace dos semanas: Esquerra Unida i Alternativa. La filial catalana de IU se desmarcó del acuerdo de Convergència y ERC con unas duras declaraciones: «No participaremos en una hoja de ruta diseñada por los intereses electorales de CiU y ERC. Hoy puede decirse que el proceso ha muerto: lo han matado Convergència y Esquerra».