EDITORIAL EL MUNDO – 17/05/14
Porsi no fuesen suficientes los argumentos jurídicos que esgrimió el Tribunal Constitucional en su reciente sentencia de 25 de marzo, en la que consideraba la declaración de soberanía por parte del Parlamento catalán como «incompatible con el artículo 2 de la Constitución», la asesoría jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores ha elaborado un clarificador informe en el que se insiste en la ilegalidad de una posible declaración unilateral de independencia al amparo del Derecho Internacional.
El documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, califica la iniciativa secesionista de la Generalitat de «desafío político de gran envergadura» por lo que considera necesario desmontar una por una las ficciones jurídicas e interpretaciones inapropiadas en las que pretenden apoyarse Artur Mas y quienes le acompañan en el envite. Así, argumenta cómo «sin validez jurídica interna del referéndum tampoco puede existir validez jurídica internacional del mismo», como ha ocurrido en el caso de Crimea, en el que la comunidad internacional se ha abstenido de reconocer el atentado contra la integridad territorial de Ucrania por parte de Rusia.
El informe explica asimismo por qué no pueden utilizarse como antecedentes los casos de Kosovo (de «carácter sui generis») o Palestina (admitida como Estado observador en Naciones Unidas) y por qué no es aplicable a Cataluña el derecho de autodeterminación de los pueblos que se recoge en los Pactos de Naciones Unidas de 1966, ya que tal derecho ha de interpretarse en el marco del proceso descolonizador y «en situaciones de pueblos anexionados por conquista, dominación extranjera u ocupación y pueblos oprimidos por violación masiva y flagrante de sus derechos, no concurriendo en Cataluña ninguna de esas circunstancias».
Por tanto, en el supuesto de un hipotético caso de secesión, Cataluña no sería reconocida como Estado, quedaría fuera de la UE y de la ONU y se situaría peligrosamente en un «limbo jurídico», como Osetia del Sur y Abjasia. Además, tendría que responder de la parte proporcional de su deuda y demás obligaciones financieras. Una situación no deseable ni para Cataluña, que quedaría marginada de la comunidad internacional, ni para España, que aunque permanecería en todas las instituciones y organizaciones donde ya se encuentra, tendría, como en el caso de la UE, que renegociar sus condiciones de permanencia.
El informe de Exteriores es incontestable, pero en política no basta con tener la razón jurídica, sino que es la relación de fuerzas la que marca los límites del desafío. Gobierno y Generalitat deben evitar que la situación se siga deteriorando y desemboque en un punto de no retorno. Se impone la negociación aun sabiendo que ésta no puede empezar mientras Artur Mas no retire la convocatoria del referéndum.