ABC 20/10/15
La Generalitat pagó 140.000 euros por el montaje de la carpa de la Fira de Montjuïc que acogió el centro de prensa y difusión de datos de la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014, la que fue suspendida cinco días antes por el Tribunal Constitucional (TC). E incluso dio indicaciones a la empresa encargada, Focus, sobre su instalación los días posteriores a que el TC suspendiera la consulta.
Así lo reveló ayer el administrador de Focus Daniel Fernández, uno de los cinco testigos que declararon ayer ante el TSJC, que instruye la querella por el 9-N contra el presidente Artur Mas, su consejera Irene Rigau, y su exvicepresidenta, Joana Ortega.
Para sortear las imputaciones de desobediencia, prevaricación y malversación, ante el juez, Mas, Rigau y Ortega se proclamaron «responsables políticos» de la consulta, pero precisaron que la Generalitat no dio instrucciones, ni tomó decisiones tras la suspensión de la consulta dictada por el TC el 4 de noviembre. A partir de ese día, fue «ejecutada por voluntarios». Sin embargo, algunos de los detalles aportados ayer al juez por los testigos apuntalan la versión de que la Generalitat siguió implicada en el 9-N hasta el último día.
Según fuentes judiciales, el administrador de Focus explicó que se le encargó ya en octubre el montaje y la instalación de la carpa en la que comparecieron la exvicepresidenta y Artur Mas tras la jornada del 9-N. Ese fue, pues, un gasto realizado tras la suspensión del TC. El testigo precisó que la partida de 140.000 euros formaba parte de un contrato que Focus tenía con la Generalitat para realizar diferentes montajes e instalaciones durante 2014. Aunque admitió que la Generalitat lo pudo haber rescindido.
También declararon ayer como testigos Elisabet Abad, la directora del CIRE, la empresa pública de la Generalitat que emplea a presos, ya que éstos hicieron las urnas y las papeletas. O el entonces asesor de Gobernación y director de la organización del 9-N, Joan Cañada (de UDC), arropado por Joana Ortega a la entrada al juzgado. Así como el director del Centro de Tecnologías y Telecomuniaciones de la Generalitat (CTTI), Jordi Escalé.
La directora del CIRE reafirmó la tesis de que la Generalitat siguió implicada en el 9-N tras la suspensión del TC. Así, Abad confirmó que las urnas y papeletas de la consulta fueron elaboradas y pagadas antes del 4 de noviembre, pero fue tras esta fecha cuando se transportaron a los centros de votación por empresas que antes de la suspensión firmaron convenios con la Generalitat. En esta línea, el director del CTTI admitió que el «software» que se utilizó para la votación se acabó de instalar el 4 de noviembre. Y que los ordenadores destinados a las escuelas para la gestión de la consulta fueron transportados por empresas tras esa fecha.