Mas pierde el pulso

No es este el momento para crear una crisis territorial en el Estado, pero tampoco de eludirla si se plantea con la virulencia verbal y social que ha exhibido el nacionalismo catalán

EL encuentro entre Rajoy y Mas en La Moncloa se resolvió conforme a las posiciones predeterminadas de uno y otro sobre la petición de los nacionalistas de un pacto fiscal que concediera a Cataluña plena soberanía sobre los impuestos que se pagan en su territorio. No fue, sin embargo, irrelevante esta cita, a pesar de que era previsible su resultado, porque ha permitido a Rajoy zanjar la polémica sobre el pacto fiscal; y a Artur Mas, dar salida a la presión soberanista sobre su Ejecutivo con una más que probable convocatoria anticipada de elecciones autonómicas. La pérdida de control sobre los acontecimientos impulsados por la manifestación independentista de la pasada semana está obligando a Mas a improvisar un cambio de acción política en su Gobierno. Pero, junto con el perjuicio de generar inestabilidad con esta falta de rumbo, también está logrando enterrar el debate sobre la crisis financiera de la Generalitat y la quiebra de sus servicios públicos. En estas condiciones, unas elecciones anticipadas serían para CiU un oportuno plebiscito soberanista, más que una rendición de cuentas por su gestión de la crisis económica de Cataluña.

CiU no tiene más opción, desde una lógica democrática, que promover un adelanto electoral para proponer a los catalanes un programa político de autodeterminación e independencia.

Si Mas cree, como dijo ayer, que una «ruptura total» con España no tendría sentido en Europa, su obligación es no seguir legitimando y animando el movimiento separatista catalán. Y si persevera en su radicalización soberanista —«tal vez la quimera sea encajar a Cataluña en la actual España», dijo Mas—, tiene que buscar la legitimación de los electores a un plan concreto de secesión.

Es evidente que una victoria electoral de las propuestas soberanistas no supondría la puesta en marcha de un proceso de autodeterminación. Solo una reforma esencial de la Constitución de 1978, o, más aún, solo un nuevo proceso constituyente lo permitiría, y por esta razón el PSOE debe decantarse por una posición conjunta con el Gobierno en la defensa del orden constitucional, como fue su santo y seña hasta la política de pactos con los nacionalistas a partir de 2003. La llamada de Rajoy a Rubalcaba al término del encuentro con Mas ha de ser más que un gesto protocolario y tener continuidad con un consenso serio frente al secesionismo. Fuera o dentro de la actual Constitución no hay posibilidad para la secesión, y quien se la tome por su cuenta debe asumir el riesgo que ayer planteó el ministro de Justicia, quien dijo que «si se aparca la Constitución, se aparca la autonomía». Si se empieza a hablar con esta claridad a los nacionalistas es probable que haya más expectativas de acuerdo que si se mantiene el discurso ambiguo del apaciguamiento con más cotas de autogobierno político o fiscal. Esta fórmula, después de treinta años, ha quedado vacía de contenido por el carácter insaciable del nacionalismo.

El Gobierno de Rajoy ha reducido la tensión sobre sí mismo con un sencillo «no» al chantaje nacionalista del pacto fiscal.

Además, tiene otros instrumentos para responder a nuevas provocaciones. Por ejemplo, cualquier normativa autonómica que impulse medidas contrarias a la Constitución está sometida a la suspensión inmediata tras la presentación del correspondiente conflicto de competencias o recurso de inconstitucionalidad ante el TC. Y las decisiones judiciales se cumplen o se comete un delito de desobediencia. Tampoco parece razonable que el PP mantenga el apoyo a CiU en el Parlamento de Cataluña tras esta escalada soberanista de Mas. Los populares deben valorar hasta qué punto sería comprensible para su electorado la coexistencia de un escenario de abierta confrontación por las aspiraciones soberanistas de CiU con una política de apoyos parlamentarios al Gobierno catalán. En este momento, el papel del PP, como declaró ayer Sánchez-Camacho, es garantizar que «Cataluña no será independiente».

No es este el momento adecuado para crear una crisis territorial en el Estado, pero tampoco de eludirla si se plantea con la virulencia verbal y social que ha exhibido el nacionalismo catalán. La situación económica es excepcionalmente negativa, y hace falta un ejercicio efectivo de solidaridad y apoyo entre todos los españoles y las administraciones públicas para remontar el vuelo. El nacionalismo catalán ha aprovechado la crisis económica para lanzar una ofensiva contra el Estado. Cuestión distinta es que haya medido sus fuerzas con objetividad y que haya calibrado las consecuencias legales y políticas con realismo. Todo hace pensar que no lo ha hecho, por el grado de voluntarismo —por no decir irracionalidad— con el que el Gobierno catalán habla de proyectos nacionales y estructuras de Estado para Cataluña.