Más que razones jurídicas

Fue la «alarma social» la causa que alegó el Gobierno español , en 2004, para pedir a los tribunales que pusieran fin a lo que se ha dado en llamar la «tarifa plana» entre todos los presos, porque, hasta entonces, todos tenían el mismo trato punitivo, independientemente de que hubieran matado a una o a veinticinco personas. El fin no era otro que evitar que los reclusos (de ETA pero también GRAPO, violadores y delincuentes en general) pudieran acogerse a los mismos beneficios, independientemente de la gravedad de sus delitos. El mismo rasero para el autor de un sólo delito que al asesino en serie. Y, desde que el tribunal supremo fijó criterio en 2006, se acalló la indignación de tantos ciudadanos, entonces, que protestaban por considerar que en este país «salía gratis» matar «a partir de la segunda víctima».

El Tribunal de Estrasburgo estudia hoy el recurso del Gobierno español, sometido a una gran presión expresada, sobre todo, en el despliegue propagandístico de la izquierda abertzale. Desde el lado de los presos y sus abogados saben que, de la puesta en libertad o no de Inés del Río, depende el futuro de otros 53 etarras, penados por 264 asesinatos. Por eso no fue casual que sus colectivos dijeran que si Estrasburgo adoptaba una decisión negativa a la excarcelación de la exmiembro del ‘comando Madrid’, «ahora sería muy peligrosa». Una advertencia que suena a amenaza sobre el futuro de la banda, que ni se ha disuelto ni ha entregado las armas. Un peso añadido sobre un organismo que tiene dos precedentes, los casos Kafkaris y Hogben, sobre los que dio la razón a los Estados para no ingerir en la aplicación de la justicia por parte de los tribunales domésticos.

Hay que reconocer que, desde que ETA ha dejado de matar, la alarma social ha ido disminuyendo porque la ciudadanía ha dado por amortizada la inactividad terrorista y ha preferido instalarse en la comodidad de dejar de ser exigentes con quienes hicieron tanto daño. Los ciudadanos que no están dispuestos a que ETA deje de saldar sus cuentas con la justicia, han ido disminuyendo en número. Se encuentran representados tan sólo por dos partidos: PP y UPyD. Y por los colectivos de víctimas del terrorismo. En España, en general.

En Euskadi, esa indignación tiene todavía menor repercusión. La mayoría de partidos políticos vascos se inclinan por que se deje de aplicar la ‘doctrina Parot’, «cuando han desaparecido las urgencias que la originaron». Pero que se dé un trato específico por cada crimen cometido no parece estar relacionado con la urgencia política sino con la justicia.