EL CORREO 18/09/13
El Parlamento europeo ratifica que una Cataluña independiente quedaría fuera de la UE
En los dos o tres meses que quedan hasta final de año, la fecha tope que se han dado CiU y ERC para fijar la pregunta de la consulta, el Gobierno catalán tiene previsto intensificar la defensa del derecho a decidir en sede parlamentaria, tanto en la Cámara catalana como en las Cortes Generales de Madrid.
La Generalitat quiere explorar seriamente la oferta de diálogo de Mariano Rajoy, pero siendo consciente de que el entendimiento es muy complicado ya que si una parte, el Gobierno central, sólo quiere hablar de financiación y la otra, el Ejecutivo catalán, sólo del derecho a decidir, el diálogo puede ser de sordos. La pretensión de Artur Mas de negociar puede ser sincera, aunque la voluntad de sentarse a hablar también esconde una intención estratégica, la de cargarse de razones ante la comunidad internacional. De tal manera que si llegado el caso de que se viera obligado a optar por la vía unilateral porque le resultara imposible convocar una consulta con el acuerdo o la tolerancia del Ejecutivo central, y tuviera que optar por la confrontación, nadie en los foros internacionales le pueda decir que no lo intentó hasta el final.
Mas esperaba un no rotundo y explícito a su petición de poder celebrar un referéndum el año que viene. Pero ante la respuesta no tan tajante del presidente del Gobierno, CiU busca ahora la fórmula para forzar al Parlamento español a votar sobre esta cuestión, que recibiría un rechazo por parte de PP, PSOE y UPyD.
Calabazas
En paralelo, Mas pretende someter a votación en el Parlamento catalán –podría hacerlo al final de mes, con motivo del debate de política general– el manifiesto a favor de la consulta que ha elaborado el expresidente de la Cámara autonómica Joan Rigol.
Con el no del Parlamento español y el sí de la Cámara catalana, Mas se sentiría legitimado para acudir a los organismos internacionales y denunciar que el Estado español se niega a dejar votar al pueblo catalán. Un extremo que a día de hoy no podría hacer porque, tal y como reconoció el lunes pasado el presidente del consejo asesor sobre el derecho a decidir, Carles Viver i Pi-Sunyer, la carta enviada por Rajoy no acaba de cerrar todas las puertas.
La Generalitat ha confiado desde el inicio del proceso en el amparo europeo, pero por ahora de la Unión Europea sólo cosecha calabazas. Más que eso. En dos días, y de manera consecutiva, las instituciones europeas han enfriado el futuro estado catalán. El lunes fueron el comisario Joaquín Almunia y la portavoz de la Comisión, mientras que ayer quien recordó al Gobierno de Mas que la secesión de un territorio de un Estado miembro de la UE supone su salida «automática» de la Unión fue el portavoz del Parlamento europeo, el catalán Jaume Duch. Además, advirtió de que una vez fuera, para luego entrar, es necesario ser un Estado de la ONU, para lo que hace falta el apoyo de dos terceras partes de su consejo de seguridad, y posteriormente hace falta el acuerdo unánime de los 28 socios europeos, España incluida, y que por tanto no es lo mismo marcharse por el «balcón que por la puerta».