EL MUNDO – 04/09/15
· Pese a que la preocupación se ha instalado en ERC tras el registro policial en la sede de Convergència para recabar pruebas del caso 3%, Artur Mas parece encantado con la lista conjunta soberanista para las autonómicas del 27-S.
· Tanto, que ayer aseguró que quiere repetir la fórmula de Junts pel Sí en las elecciones generales. Según él, esos comicios serán un «segundo plebiscito» sobre la independencia de Cataluña.
El líder de Convergència venció finalmente las reticencias de Oriol Junqueras, el presidente de Esquerra, con respecto a una candidatura conjunta cuando le amenazó con no convocar las elecciones del 27-S si rechazaba la idea. Pero, ahora, Mas quiere que el proyecto de Junts pel Sí se consolide en las generales, siempre que la experiencia de las autonómicas sea positiva.
Sin embargo, el propio president reconoció que no va a ser fácil. «Sería bueno ir en esta línea, pero cuando lo planteé se pidió aparcar esta cuestión hasta después del 27-S», dijo. ERC sostenía hasta hace dos meses que era más productivo para el independentismo presentarse en listas separadas, y muchos dirigentes aún lo siguen pensando.
En el partido republicano también se temía que, como ha ocurrido, pudiera estallar algún caso de corrupción relacionado con sus ahora compañeros de filas, y que les acabara salpicando.
Y Junqueras volvió ayer a dar largas a la propuesta del presidente de la Generalitat. «No debemos distraernos, tenemos que concentrarnos en el 27-S», dijo cuando le preguntaron si estaba dispuesto a repetir el experimento de Junts pel Sí en las elecciones generales.
En cualquier caso, y para tratar de apartarse dentro de lo posible de las sospechas, Junqueras propuso que los delitos de corrupción política «no prescriban nunca», y que además tengan «consecuencias sobre el patrimonio personal de los corruptos».
En una entrevista en Rac1, el presidente catalán se refirió de nuevo a los registros policiales de la semana pasada. Como ya hizo el miércoles en el Parlament, atribuyó las pesquisas a «poderes que no darán la cara, que intentarán seguramente organizar montajes para desestabilizar e influir en Cataluña». Añadió que se «amplificaron las actuaciones» para crear un «espectáculo»; él mismo reconoció hace dos días que un periodista alertó a Convergència un día antes de que la Guardia Civil entrara en su sede y en la de su fundación, CatDem, en busca de documentos que probaran el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas.
Pese a que aseguró que él personalmente está «limpio de corrupción», no fue tan categórico con respecto al conjunto de Convergència. «El partido no lo llevo yo económicamente», afirmó Mas, rescatando un argumento que también había usado en el Parlament. Sin embargo, afirmó que se «fía plenamente» de las personas que han dirigido las finanzas de CDC, incluido el ex tesorero Daniel Osàcar. «Conociendo a estas personas, estoy seguro de que no han actuado irregularmente», insistió.
La polémica sobre el catalán en Aragón ha resurgido con fuerza
El PP acusó ayer al presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, de «crear problemas donde no los hay», con el anuncio de la derogación de la actual Ley de Lenguas por otra que reconozca el catalán y el aragonés como «lenguas propias». Los populares han cuantificado el coste de la medida en 40 millones de euros.
La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón, María José Ferrando, calificó como «otro desatino» de Lambán la derogación de la ley del Ejecutivo del PP-PAR, aprobada en 2013, y el rescate la legislación de un «Aragón trilingüe» de 2009.
Añadió que el PP rechaza «absoluta y contundentemente la pretensión de hacer cooficiales la fabla, que no el aragonés, y el catalán, que además supone eliminar nuestro rico patrimonio lingüístico».
El portavoz socialista, Javier Sada, manifestó ayer que la derogación de la Ley de Lenguas era un compromiso electoral y que no plantea la cooficialidad. Subrayó que la intención del PSOE es «volver a hacer una ley de derechos, no de prohibiciones ni de obligaciones. Ni se quiere prohibir que los que quieran hablar catalán en una zona donde se habla, lo hagan, ni se quiere obligar a que donde no se habla se hable».
Según Ferrando, «la lengua no es un problema ni una inquietud, ni siquiera para los nacionalistas». Precisó que el presidente aragonés «intenta agradar a los grupos parlamentarios que le dieron el poder». «En este caso, le toca satisfacer a CHA, derogando una ley de modalidades lingüísticas que preocupa muy poco a la población», indicó.
La portavoz del PP recordó que derogar la actual ley y volver a la de 2009, «para la cooficialidad velada, pero cooficiliadad», supondría «la friolera» de casi 40 millones, entre los traductores para instituciones y centros públicos, el gasto en centros educativos, los cambios en topónimos, en el Boletín Oficial de Aragón y en carteles de carreteras y calles.
Ferrando añadió que, según los datos aportados por expertos de la Universidad de Zaragoza, de los 1,3 millones de habitantes de Aragón, el 95% «tienen como lengua materna el castellano», y unos 45.000 utilizan las variedades dialectales de la zona oriental. Precisó que de esos 45.000 aragoneses, el 75% «rechaza» la cooficialidad del catalán.
EL MUNDO – 04/09/15