Enhorabuena, ya tenemos propuesta para el nuevo impuesto sobre las grandes fortunas. Pero, ¿no teníamos ya un impuesto que gravaba a los patrimonios? Sí, correcto, pero es que ser progresista es algo muy abnegado y dos impuestos siempre han sido más que uno. Me dirá que este impuesto es inusual en Europa, en donde no se utiliza casi en ningún país y me recordará que su capacidad de incordiar es elevada y su potencia recaudatoria es escasa. ¿Y? Aquí no hablamos de nada de eso. Aquí hablamos de un impuesto ideológico que proporciona una gruesa pátina de progresía y que ha sido desmontado por las comunidades regidas por el PP. Algo que, sobre todo por culpa de Madrid y su diabólica presidenta, Ayuso, no se podía consentir. Para arreglar el desaguisado, el Gobierno central podría haber negociado con ella para conseguir un acuerdo, ya sabe, con un sano ejercicio de eso tan bonito que es el diálogo, pero la pereza era tan grande y las posibilidades de acuerdo tan pequeñas que ha sido más sencillo imponer que pactar.

Lo malo es que las prisas han sido tan malas consejeras y las urgencias tan inconvenientes que el resultado ha sido un fracaso bastante sonoro. La recaudación efectiva no ha llegado ni a la mitad de la estimada inicialmente y la inmensa mayoría de las declaraciones han sido recurridas ante el Constitucional. Un desbarajuste. Menos mal que ahí le tenemos a Conde Pumpido que es un águila en esto de interpretar la ley de acuerdo con las conveniencias del Gobierno y a quien nunca le ha importado mancharse la toga con el polvo del camino.

El tema en Euskadi no era relevante. Por un lado disponemos del Concierto, que obliga a pactar la implementación de cada nuevo impuesto. Por otro, aquí no bonificamos el impuesto y por eso se ha aplicado, sin importar si tal práctica incentivaba el desplazamiento de contribuyentes. Pero el PSE, es decir el PSOE, no podía permitir que fueran justo los vascos -acusados permanentemente de trato fiscal preferencial-, quienes quedasen exonerados de tal impuesto. Así que han pactado, con total naturalidad, la anomalía y también la tropelía que supone gravar lo mismo por dos vías diferentes. Cada uno de los afectados deberá hacer cuentas, pero en principio parece que el nuevo gravamen no supondrá un encarecimiento brutal de la factura fiscal. Es decir, no proporcionará grandes incrementos de recaudación. ¿Entonces, por qué se impone? Usted sabrá. A mí me parece que las conveniencias políticas, de todos los partidos involucrados, priman más que los intereses de los contribuyentes. Ahora, probablemente pagarán solo un poco más, pero se les complicará bastante más el cumplimiento de sus cuantiosas obligaciones. ¿Es todo esto un buen negocio? Depende de para quién.