ABC 01/03/17
· El «expresident», en el Supremo: «Durante mucho tiempo nadie vio un gran delito»
Artur Mas volvió ayer a escudarse en los voluntarios que colaboraron para organizar la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, suspendida por el Tribunal Constitucional (TC); pero admitió que la Generalitat aportó la logística necesaria para celebrar la jornada. Así se expresó el expresidente de la Generalitat en el juicio en el Tribunal Supremo a su consejero de Presidencia Francesc Homs, que hoy queda visto para sentencia.
«Promover la logística fue cosa de la Generalitat», señaló Mas, que explicó que el Gobierno catalán se lanzó a mantener la consulta ilegal por la «fuerza» que le dieron los 40.000 voluntarios que se apuntaron. El expresidente de la Generalitat declaró ayer como testigo, pero tuvo permiso para callar ante las preguntas que pudieran perjudicarle, al haber sido juzgado por los mismos hechos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), cuyos jueces resolverán si Mas delinquió.
En su declaración –que se movió otra vez en el débil equilibrio entre el orgullo nacionalista por el 9-N y el intento de evitar una condena–, Mas también ironizó sobre la falta de advertencias de los poderes del Estado durante aquel otoño de que la convocatoria podía ser «un gran delito». «Nadie nos requirió nada y nadie actuó: ni fiscales, ni fiscales de guardia, ni jueces de guardia, ningún tribunal, ni el TC», más allá de la providencia del TC del 4 de noviembre que suspendió la consulta, afirmó ayer el antiguo presidente de la Generalitat. La Fiscalía considera que Mas, Homs y las también antiguas consejeras Irene Rigau y Joana Ortega delinquieron porque potenciaron la consulta, a sabiendas de que estaba suspendida por el TC.
«Hubo mucho tiempo para que alguien se acordara de que eso podía ser un gran delito», reflexionó Mas, que acotó ese plazo desde el 14 de octubre, cuando compareció para anunciar que celebraría un «proceso de participación ciudadana» y el 9 de noviembre, cuando tuvo lugar, o el 25 de noviembre, cuando se clausuró. El TC suspendió ambas convocatorias: la primera a través de una providencia del 29 de septiembre, y la segunda a través de una providencia del 4 de noviembre, que es la que está sobre la mesa en las causas por las que son acusados.
Mas reconoció ayer que la Generalitat ignoró esta segunda providencia y puso el foco en que nadie les advirtió de las consecuencias penales de seguir adelante, una acción que justificó por un supuesto compromiso con el Parlamento catalán. Este argumento, repetido por los políticos secesionistas, busca evitar la condena gracias a un fingido desconocimiento del delito. También trató de convencer al tribunal de que la forma de ambas convocatorias era totalmente diferente y que la única similitud era que ninguna tenía efectos legales vinculantes, más allá de consecuencias políticas.
Los demás testigos que comparecieron ayer –responsables de las empresas contratadas por el departamento de Homs para los trabajos preparatorios de la consulta– dejaron claro que nadie les ordenó frenar sus actos.