Una reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que lleva vigente más de cincuenta años, no parece el proyecto más urgente que merezca ser tramitado en el último Consejo de Ministros de antes del verano, junto a una serie de medidas energéticas de carácter extraordinario. Suspicacia al canto: el catálogo de prioridades del Ejecutivo sanchista siempre lleva algún gato encerrado. Y en este caso, habida cuenta de que la iniciativa se presenta días después de una reunión de la famosa Mesa de diálogo con el independentismo catalán, asoman los bigotes del ‘affaire Pegasus’ y de alguna factura política pendiente de pago. La más visible a simple vista es la de quitarle el control de la información reservada a Margarita Robles en beneficio de Félix Bolaños, el fontanero plenipotenciario. Pero más al fondo subyace una reclamación persistente de los aliados: la desclasificación de documentos de la Transición para proceder a una revisión deslegitimadora del pasado inmediato.

Lo primero que habría que aclarar ante una materia de esta clase es qué idea de secreto de Estado tiene Sánchez, tan capaz de ampararse en este concepto para ocultar datos sobre sus viajes –o sobre los invitados particulares a sus vacaciones en residencias oficiales– como de precipitarse a desvelar a sus socios investigaciones de los servicios de espionaje. Lo segundo, la razón de que al presidente no se le haya pasado por la cabeza negociar el asunto con la oposición, que en tanto alternativa de poder tendrá algo que decir al respecto si se trata de que la futura ley tenga cierto alcance en el tiempo. Y como también ha dejado al margen al PNV, que alguna vez ha mostrado interés en ello, cabe colegir que se trata de satisfacer un acuerdo con sus tres partidos de referencia, es decir, Bildu, Esquerra y Podemos, por orden aritmético inverso. La línea de conducta habitual de este Gobierno, acostumbrado a pactar las cuestiones clave con este selecto grupo de adversarios del modelo sistémico. Y que de momento se hacen los estrechos para luego apuntarse como un éxito las modificaciones y enmiendas que irán introduciendo.

El objetivo de la tríada, ya expreso en el debate de la llamada Memoria Democrática, consiste en sacar a la luz papeles del 23-F y de la lucha contra ETA para cuestionar el relato de la Transición a base de poner en duda su limpieza. Apuntan contra el período constitucional, la Monarquía y el felipismo de la primera hora, al que también sitúan bajo sospecha porque lo consideran una prolongación del franquismo o un beneficiario de su herencia. Y si de paso debilitan al CNI bajo el pretexto de la transparencia, miel sobre hojuelas. No encontrarán otra circunstancia mejor para ese ajuste retroactivo de cuentas que la de un sanchismo agobiado por su desplome en las encuestas y dispuesto a prender cualquier humareda que sirva para esconder su incompetencia.