ABC – 22/04/17
· Fuerte malestar en la Fiscalía por las maniobras de su jefe y del fiscal general.
· Procedimiento Los dos fiscales afectados se opondrán a la medida, lo que obliga a ser escuchado el Consejo Fiscal.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció ayer que los dos fiscales Anticorrupción que llevan el caso del 3 por ciento, José Grinda y Fernando Bermejo, serían relevados por dos compañeros suyos de Cataluña. Formalmente, la razón es que «los asuntos de Cataluña los deben llevar los que trabajan allí». El problema de fondo es que casi nadie en Anticorrupción –ni fuera de esa Fiscalía– dan la menor verosimilitud a semejante argumento, que se considera «ridículo». Y si se entra en los aspectos más formales también hay otro elemento sorprendente, ya que los implicados en esta decisión no parece que hubieran recibido la preceptiva comunicación escrita antes de hacerse público el comunicado de la Fiscalía General, dado que estaban de viaje en Tarragona precisamente para asistir a unas declaraciones que forman parte del sumario en cuestión.
Los dos fiscales que asumirán el caso son Teresa Duarto y Fernando Maldonado, que aún no tienen lo que se conoce como extensión de jurisdicción, ya que están destinados en Barcelona y no pueden ejercer en Tarragona, donde está el juzgado que instruye el sumario del 3 por ciento.
Llueve sobre mojado
La decisión se produce solo unas horas después de que ABC desvelara que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, intentara devaluar la operación Lezo e impedir que un registro en el Canal de Isabel II alcanzara a todos los aspectos que pedían los dos fiscales del caso. Éstos tuvieron que recurrir al artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal para que fuera oída la Junta de Fiscales, que prácticamente de forma unánime –solo hubo una abstención y un voto a favor del jefe– respaldó a sus compañeros. A la vista de la situación, Moix tuvo que recular, pero el malestar en Anticorrupción ya era imparable.
El relevo de dos fiscales de un caso prácticamente no tiene precedentes en Anticorrupción, ni en la Fiscalía General, ya que habría que retrotraerse al caso Banca Catalana. Es cierto que el fiscal jefe, mediante resolución motivada, puede sustituir a un fiscal por otro o avocárselo para sí. Pero de la misma manera el afectado –en este caso los afectados– puede acogerse al artículo 23 del Estatuto del Ministerio Fiscal para discrepar con la medida. Todo apunta a que en este caso será así.
Si eso se produce, debe ser el superior común de ellos, el fiscal general del Estado, quien tenga la última palabra, pero previamente el Consejo Fiscal debe expresar su parecer, que no es vinculante. En este caso ese órgano ni siquiera ha sido convocado, como admitió el propio Maza por la tarde, por lo que Grinda y Bermejo siguen, de momento, en el caso. Parece que hubo un intento de tratar el asunto en el consejo permanente de ese Consejo Fiscal, que no prosperó al no ser competente para ello.
Paralizar la investigación
El despropósito es aún mayor incluso atendiendo a la razón formal aludida por el fiscal general del Estado en su comunicado de la mañana de ayer. Y ello porque el caso del 3 por ciento se gestó cuando uno de los dos fiscales que que van a ser relevados, Fernando Bermejo, era delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Barcelona, aunque ahora esté destinado en Madrid.
Pero además, si el criterio se aplicase a todos los asuntos, los fiscales Anticorrupción que trabajan en Madrid –es el núcleo más importante de los de toda España, pues superan la veintena– se quedarían sin apenas trabajo.
El relevo de los fiscales del caso 3 por ciento provocará una paralización de meses de las investigaciones, porque los sustitutos deberán estudiarse un sumario absolutamente nuevo para ellos. De la misma forma, quedarán en suspenso líneas de investigación abiertas, algunas muy prometedoras, ya que se trata de pesquisas basadas en la confianza que inspiran Grinda y Bermejo a sus interlocutores, y que ahora deberá ser ganada por Duarto y Maldonado, si ello es posible.
La perplejidad y el malestar comienzan a ser muy evidentes entre los fiscales Anticorrupción, que consideran que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y su jefe directo, Manuel Moix, quieren desactivar las investigaciones de esa Fiscalía. De hecho, todo su trabajo es una enmienda a la totalidad a la etapa de Antonio Salinas y los sucesivos fiscales generales, ya fuera Cándido Conde-Pumpido, Eduardo Torres Dulce o Consuelo Madrigal. Las asociaciones de fiscales están asimismo muy molestas con todo lo sucedido.
ABC – 22/04/17