Ignacio Marco-Gardoqui-El Correo
Primero, las medidas de ayer. Fue todo un aluvión de actuaciones dirigidas a crear lo que Pablo Iglesias denominó como un «escudo social». Habrá subsidios para los trabajadores temporales y los del hogar; una moratoria de hipotecas y préstamos a inquilinos; prohibición de desahucios; prohibición de cortes de suministro eléctrico; otra moratoria para los autónomos y para los créditos al consumo; la posibilidad de utilizar los planes de pensiones, etc. ¿Qué me parecen estas medidas? Me parecen bien. Bastante tienen los afectados por el coronavirus como para añadirles un mayor dolor con las angustias que se pretenden eliminar. Este ejercicio de solidaridad social me parece correcto y oportuno. Habría sido de agradecer que alguien hubiese cuantificado el gasto que supone todo esto. No por dejar de hacerlo, solo por ir contabilizando el tamaño de la deuda en que vamos a incurrir. Y, luego, le agradecería al señor vicepresidente que además de anunciar tales medidas de gasto (eso ya sé que le encanta), hubiese tenido alguna palabra de ánimo para quienes desde el mundo de la empresa y el de los autónomos proveen el dinero necesario para cubrir el gasto. Pero no, tuvimos que esperar al turno de la vicepresidenta tercera para oír una mención en ese sentido. Los sanitarios que se encuentran en la primera línea de batalla se merecen todo, en especial que se les provea de medios de protección, pero alguien tendrá que ocuparse de pagar su esfuerzo. Esa responsabilidad le compete a la sociedad en su conjunto. Ya veremos cómo reacciona.
Segundo: el cierre de empresas. El fin de semana se hicieron tan mal las cosas, se creó tal caos, que el Gobierno ha tenido que ir precisando; es decir, desdiciéndose poco a poco. Hasta ayer, cuando las nuevas precisiones realizadas dejan la idea inicial en poco más que una quimera. Máxime cuando la delegada del Gobierno en Asturias se tiró a la piscina ayer por la mañana y, valiente ella, sacó un decreto permitiendo la actividad de (prácticamente) todas las empresas de su comunidad autónoma. Ahora podrán trabajar no solo los autónomos y las empresas esenciales, sino también las empresas no esenciales que fabriquen productos esenciales para las empresas esenciales. Y así sucesivamente. También las electrointensivas y, ya para descafeinarlo todo, las empresas exportadoras que deban cumplir con pedidos esenciales o que corran el peligro de ser sustituidas por otras empresas competidoras. Entonces, ¿quién se queda fuera? Ni idea. ¿Se aprovechará el permiso? Pues vaya usted a saber, igual sucede que las que cerraron el lunes de manera atropellada no pueden o quieren volver a atropellarse con una apertura igualmente precipitada.
Tercero, la situación general. Como es natural, primero priorizamos los aspectos sanitarios que, por fin, parecen apuntar si no a una desaparición de la pandemia, sí a un cierto control de la misma. Después nos hemos ocupado de las personas, afectadas directa o indirectamente por ella. De todo ello se habla con profusión en las páginas anteriores de este periódico. Aquí y ahora tenemos que reclamar que las ayudas alcancen también a las empresas y a los autónomos afectados. Que los créditos previstos desde el inicio, los famosos 200.000 millones, lleguen a su destino, que los trámites se agilicen y los criterios de aplicación compaginen el debido control con la necesaria eficacia.
Tardaremos muchos años en cerrar las heridas físicas y mentales de la pandemia que, por ejemplo, en los Estados Unidos se ha cobrado ya más muertos que el atentado a las Torres Gemelas. Por eso debemos evitar que el cuerpo económico se gangrene con las suyas.