Vaya por delante que nada tengo, en lo personal –otra cosa es en lo político–, contra Carmen Calvo. Digo esto para que nadie se sorprenda de la frecuencia con que su nombre aparece en mis artículos del jueves. La explicación es de lo más sencilla: la vicepresidenta primera del Gobierno abarca mucho. Y, encima, a la hora de apretar no se corta un pelo. De ahí que, puestos en la tesitura de comentar la actualidad política, a menudo no quede más remedio que cruzarse con su figura.

El Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, por ejemplo. Cae de lleno, denominación incluida, en su Ministerio. Pero, al margen de esa dependencia orgánica, están las formas de la vicepresidenta, no muy alejadas de las que emplearía un elefante en una cacharrería. El pasado 28 de octubre Calvo declaraba que el Gobierno “no va a parar hasta ver una (nueva) Ley de Memoria Democrática en el BOE”. El 15 de septiembre anterior el Consejo de Ministros había aprobado el anteproyecto de ley que hace al caso, pero, con las prisas que conlleva el no parar, al legislador se le había olvidado –tal y como reveló el diario ABC– un requisito previo obligatorio, la Memoria de Análisis de Impacto Normativo. No importó. Se redactó el documento en cuestión y se añadió al expediente dos meses más tarde. Sobra precisar que una menudencia de ese tipo para nada iba a frenar los propósitos de un Ejecutivo acostumbrado a tensar el marco legal hasta quebrarlo, si es preciso.

Parte de la convicción de que sólo hubo demócratas, y nada más que demócratas, en uno de los bandos enfrentados durante la Guerra Civil

Ahora esa Ley de Memoria Democrática está a punto de iniciar su andadura en las Cortes, ya como proyecto de ley. Es muy probable que su tramitación acabe siendo un calco de la que tuvo la llamada ley Celaá. En otras palabras: que lo peor, rodillo incluido, esté por llegar. Aun así, un simple vistazo a la “exposición de motivos” del anteproyecto permite hacerse ya a la idea de lo que, por desgracia, nos espera. Esa ley no será una ley de memoria, ni será democrática. No será de memoria, porque omite a conciencia la que afecta a una proporción considerable de familias españolas y porque falsea, edulcorándola, la de otras muchas. Y no será democrática, porque parte –al igual que hacía, por cierto, su antecesora, la conocida como ley de Memoria Histórica, promulgada en 2007 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero– de la convicción de que sólo hubo demócratas, y nada más que demócratas, en uno de los bandos enfrentados durante la Guerra Civil.

El texto merecería un sinfín de acotaciones. Casi no existe frase en que la ideología del actual Gobierno social-comunista no enseñe la patita, por acción u omisión. Sólo se salvan, y a duras penas, aquellos fragmentos relativos a nuestra Transición política. Hasta tal punto es así, que alguien que ignorara lo que realmente ocurrió durante la Guerra Civil, leyendo dicha “exposición de motivos” llegaría fácilmente a la conclusión de que todas las víctimas fueron de un color y todos los victimarios del otro. También colegiría del texto que las únicas fuerzas extranjeras que intervinieron en la contienda fueron las aportadas por Alemania e Italia. Y, en fin, saldría de la experiencia con el absoluto convencimiento de que la Segunda República española no fue sino un dechado de virtudes fatalmente interrumpidas por un golpe de Estado fascista.

Invitación a la guerra civil

Ni una palabra, pues, de la represión en zona republicana contra decenas de miles de ciudadanos por su condición social, su fe o sus ideas. Ni mención de la violencia que, en esta misma zona, los comunistas ejercieron sobre trotskistas, anarquistas y republicanos. Ni tampoco de la decisiva intervención de la Unión Soviética en la guerra, por no hablar de esas Brigadas Internacionales donde se alistaron muchos antifascistas de buena fe, bastantes escritores afines al Komintern y no pocos rufianes metidos en política. Ninguna apreciación, en fin, sobre los claroscuros de un régimen, el de la Segunda República, que, al decir de quien fue su primer presidente, Niceto Alcalá-Zamora, nunca se configuró como “una sociedad abierta a la adhesión de todos los españoles”, ni sobre las imperfecciones de una Constitución que, a su juicio también, “invita a la guerra civil, desde lo dogmático”. Y son palabras escritas cuando faltaban pocos meses para el estallido de la guerra.

Con todo, acaso lo más obsceno de esta “exposición de motivos”, mucho más incluso que las mentiras, las lagunas –¿por qué no incluir en ella y en el resto de la ley, por ejemplo, a las víctimas del terrorismo de ETA?– y las medias verdades que contiene, sea esta frase: “(…) la principal responsabilidad del Estado en el desarrollo de políticas de memoria democrática es fomentar su vertiente reparadora, inclusiva y plural”. Justo lo que no es esta ley: reparadora, inclusiva y plural.

Ya lo decía José Luis Rodríguez Zapatero en vísperas de las elecciones generales de 2008 y a micrófono presuntamente cerrado: “Nos conviene que haya tensión”. La había entonces, la hubo luego y, a buen seguro, la habrá ahora. Recuerden que les conviene. Y, sobre todo, átense los machos.