Memoria para la convivencia

La iniciativa de crear un Instituto de la Memoria y la Convivencia en el Parlamento vasco, impulsada por PSE y PNV, no ha recibido el respaldo de los demás grupos políticos, como ya ocurrió con la Ponencia de Paz. Ante este nuevo proyecto, mientras EH Bildu o UPyD, por tacticismo político, todavía no se han pronunciado, el PP ya se ha precipitado a declarar que le parece «inaceptable». Pero si habiendo aprobado, como lo hizo en la anterior legislatura y luego en esta también, la ponencia de paz, luego no se incorpora a la misma, o ahora, con el Instituto de la Memoria, se adelanta a decir que no, se está cerrando las puertas para acceder a la centralidad en la que ya están cómodamente instalados PNV y PSE. Y un PP vasco que quiera alcanzar esa centralidad política no debería temer que ello le cueste votos por su derecha: en dar ese paso podría consistir precisamente ese «querer arriesgar» que anuncia Arantza Quiroga como flamante presidenta de los populares vascos.
Porque por encima y por debajo de debates historiográficos sobre la memoria histórica, que deberían quedar siempre, tanto por el bien de la política, que es gestión de lo público, como por el bien de la historia, que es ciencia social en libertad, al margen de la actividad del Parlamento vasco, de lo que se va a tratar en el Instituto de la Memoria y la Convivencia, al fin y al cabo, es de continuar una política de resarcimiento ya conocida, no solo aquí sino en el resto de España también. Desde el año 1990 los Gobiernos españoles vienen intentando compensar económicamente a las víctimas del bando republicano en la Guerra Civil y a las de la dictadura franquista. Entonces se empezaron a tramitar hasta 103.000 solicitudes, que han obligado a los interesados, en su mayor parte gentes de edad, como se puede suponer, a peregrinar por los archivos en busca de la documentación acreditativa de su condición de funcionarios de la II República, presos políticos, trabajadores forzosos y demás. De esas solicitudes se aceptaron un 60%. Las comunidades autónomas, incluidas también las gobernadas por el PP, como Castilla y León, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana o Comunidad de Madrid, se han preocupado igualmente, desde el año 2000 en adelante, de iniciar compensaciones del mismo tipo. En el País Vasco se puso en marcha una iniciativa similar en 2002, durante el mandato del consejero Madrazo, que, según quienes conocieron el tema en primera persona, fue el desastre de gestión más importante de todos los gobiernos autonómicos vascos desde 1980: de las 8.680 solicitudes de un principio solo se aceptaron un 29% y fueron necesarios trámites engorrosos, recursos de alzada, incluso una sentencia del Constitucional para que ese porcentaje de aceptados subiera hasta un cicatero 47%.
Por lo tanto, una de las principales tareas del proyectado Instituto de la Memoria y la Convivencia será que esas personas mayores, víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, no compensadas hasta ahora o maltratadas por la Administración, puedan sentir de nuevo la solidaridad que hasta ahora no se les ha dispensado. Y en esa tarea el PP debe estar presente sin ninguna duda. Otra cosa muy distinta será la filosofía con la que se quiera vestir esta política de la memoria. Y ahí ya estamos ante lo que no debe ser: mezclar ideología e historia, o dicho de otro modo, convicciones políticas y memoria del dolor. Algo a lo que estamos acostumbrados ya durante los últimos años en España respecto de la Guerra Civil y el franquismo y que aquí, en el País Vasco, se solapa con todo el trauma todavía caliente del terrorismo de ETA.
Ni cabe confundir la política de la memoria española en general con la vasca en particular, ni cabe confundir resarcimiento del dolor con verdad histórica, por muchas razones, de las que podríamos entresacar ahora solo algunas. Empezando porque los partidos políticos no se deben considerar en ningún caso, ni las ideologías que los sustentan menos, como especie de entidades intemporales a las que sus militantes estarían adscritos como meros cromos en un álbum. Nos olvidaríamos entonces de que los individuos, incluidos los políticos, pertenecen a su propio tiempo histórico, y que no es lo mismo ser de la CEDA o de Renovación Española en la II República que del PP de Rajoy, ni del PSOE de Largo Caballero o Prieto que del de Rubalcaba y Patxi López, ni del PNV de Aguirre e Irujo que del de Urkullu y Ortuzar. Segundo, porque ETA, entendida como respuesta al franquismo, quería hacernos creer que lo suyo era contra una España que solo existiría del Ebro para abajo, como si la reacción autoritaria de las derechas en España no hubiera sido interna al País Vasco también, dividiéndolo en dos, con una Álava secundando casi sin fisuras al general Camilo Alonso Vega, por no hablar de Navarra con el general Mola. Tercero, porque ETA mató también a muchos antifranquistas, como de todos es sabido: recordemos, entre tantos otros, a José Luis López de la Calle, que pasó por las manos de Melitón Manzanas; o a Joseba Pagazaurtundua, que contribuyó con sus investigaciones a detener ultraderechistas, como al encontrado muerto hace poco, Iturbide Alcain; o a todos los socialistas vascos históricos asesinados, o que se escaparon de milagro como José Ramón Recalde, y para qué seguir.
Por lo tanto, participar en el Instituto de la Memoria y la Convivencia sí, ya que es positivo por lo que respecta a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo que queden vivas y que contribuirá a reconfortarlas a ellas y a sus más próximos, algo que siempre, como deseamos la mayoría, más que dividir, cohesiona, que es de lo que se trata. ¿Mezclar esta cuestión con la que hemos vivido en los últimos cuarenta años con ETA y que se sustancia en los tribunales y en las cárceles? Esto seguro que no.